Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Evo Morales candidato al Premio Nobel de la Paz 2020

Adolfo Pérez Esquivel — 2020-03-03T19:23:05Z

Es un honor para mí comunicarles que he postulado al compañero Evo Morales Ayma al Premio Nobel de la Paz del año 2020.

Nuestra querida hermana Bolivia, la más empobrecida de América del Sur, en 2019 fue declarada por la ONU como país de Desarrollo Humano Alto por primera vez en su historia. No fue casualidad. Desde el año 2006 el primer Presidente indígena de la historia de América encabezó un proceso plurinacional, revolucionario y no violento, que marcó un antes y un después en la vida de los bolivianos y las bolivianas. El modelo de país con igualdad, justicia social y soberanía que lideró Evo debe ser reconocido internacionalmente.

En 1980 recibí el Premio Nobel por nuestra lucha contra las dictaduras latinoamericanas, articuladas entre sí por la Operación Cóndor que dirigía Estados Unidos. Al igual que en el caso de Lula, primer presidente obrero de América, a quién postulé al Nobel en el año 2019, Evo también es un símbolo de resistencia contra la nueva Operación Cóndor que hoy realiza golpes militares, mediáticos y judiciales, para proscribir partidos políticos y candidatos que logran alta intención de voto porque implementan políticas soberanas a favor del pueblo.

La democracia está en riesgo en nuestra región y no podemos estar en silencio. No podemos permitir la dictadura cívico-militar boliviana con su odio racial, ni la acción golpista de la OEA en manos de Luis Almagro. Queremos elecciones libres y transparentes en Bolivia, el fin del exilio forzado de Evo Morales, y el reconocimiento internacional a este pueblo plurinacional por su exitoso modelo social de Paz y no violencia.

#NobelParaEvo

#DemocraciaParaBolivia

Aquí les dejo la carta de postulación que presenté al Comité Nobel de Noruega (Esp. / Eng.):

Es para mí un honor presentar ante el Comité la candidatura al Premio Nobel de la Paz para Evo Morales Ayma, dirigente sindical, líder social, primer Presidente Indígena del América Latina que logró implementar programas exitosos de lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el cambio climático y, por ende, en favor de la Paz.

No es simple la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de estructura social impedía por más de 200 años que un indígena fuese Presidente de un país cuya población es mayoritariamente indígena?

Bolivia tiene a casi dos tercios de sus habitantes que se autoidentifican como parte de una identidad colectiva indígena, pero sus estructuras estaban definidas por el hecho de que la movilidad social dependía del color de piel, del idioma materno y del apellido del individuo. Así, se promovían antivalores sustentados en el racismo y en la discriminación en contra de la mayoría indígena.

En una sociedad como la boliviana, para las élites, el término “indio” era considerado como un insulto y los idiomas nativos eran en la práctica proscritos. La pobreza estaba íntimamente ligada a la condición étnica. En ese ambiente, se desarrolló la lucha política y sindical de Evo Morales Ayma. Siempre utilizando los medios pacíficos de las vías democráticas.

Hace 14 años, Bolivia era el país más pobre de Suramérica, el país más desigual, con una bajísima esperanza de vida y dependiente de la cooperación internacional hasta para pagar los salarios de los médicos y maestros.

Ahora, Bolivia crece al doble de sus vecinos. Su PIB superó el 5% anual y el promedio del resto de países es 2%.

En 2006, el PIB era de 9 mil millones de dólares y ahora es de 40 mil millones. El PIB percápita era de 1.000 dólares y subió a 3.500.

Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de la región.

Bolivia era el país que más golpes de Estado registraba en su historia, durante esos 14 años hubo estabilidad política.

Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo por la UNESCO.

Se creó un sistema de salud pública, estableciendo un sistema de acceso universal a la salud. Se realizaron más de 16 millones de consultas médicas, se redujo la desnutrición infantil a la mitad.

El subsidio universal prenatal atendió a más de 2 millones de madres, niñas y niños.

Con el bono Juancito Pinto, diseñado para la erradicación del trabajo infantil y de la deserción escolar, más de 900 mil estudiantes de casi 14 mil escuelas fueron beneficiados.

1 millón 300 mil personas de la tercera edad recibieron la pensión básica universal durante estos últimos años.

Se construyó un sistema político en que las mujeres tienen una representación igualitaria y paritaria. Más del 50% de los órganos legislativos está compuesto por mujeres.

En 1995, solamente el 9% de las mujeres eran propietarias de tierras; actualmente un 45% de las mujeres son propietarias. En 2005, una cada diez mujeres sufrían con el desempleo; hoy esta cantidad se ha reducido a la mitad.

Además, el trabajo infantil ha sido reducido en un 80% en Bolivia.

El salario mínimo se incrementó de 440 bolivianos en 2005 a 2.122 bolivianos actualmente.

En 2006, 3,3 millones de personas recibían más del ingreso promedio; en 2019, esa cifra se incrementó a 6 millones y medio de personas.

Se universalizó el acceso al agua, telecomunicaciones y a la energía eléctrica. Reconocidos como derechos.

La extrema pobreza se redujo de una manera impresionante. De 38% a 15% en 14 años.

La brecha de género también se redujo sustancialmente. Ahora, según el Foro Económico y Social, Bolivia está en el puesto número 17 del mundo, por encima de muchos países desarrollados.

En síntesis, según la Organización de Naciones Unidas, en 2019, Bolivia ha sido calificado por primera vez como un país de Desarrollo Humano Alto.

Se habla mucho de un milagro económico. Esos sorprendentes resultados son producto de la lucha del pueblo boliviano y del liderazgo de Evo Morales.

La lucha contra la pobreza y desigualdad han hecho de Bolivia un país que estaba construyendo una paz sostenible y duradera.

Estos cambios estructurales afectan intereses de élites que no quieren que cambien las cosas. A lo largo de 14 años, esas élites intentaron derrocar al gobierno legítimo y legal de Evo Morales en varias oportunidades.

Esos intentos finalmente se consumaron el 10 de noviembre de 2019. Las Fuerzas Armadas y la Policía forzaron la renuncia del Presidente y así consumaron un golpe de Estado.

Evo Morales prefirió renunciar para evitar que se produjera un enfrentamiento. Logró salvar la vida gracias a la generosidad del gobierno de México que le otorgó asilo y un avión que, después de muchas dificultades, logró sacarlo de Bolivia.

Lamentablemente, el gobierno golpista perpetró masacres y actualmente ha desatado una persecución sistemática en contra de exautoridades del gobierno depuesto.

Asimismo, el gobierno de facto ha empezado a tomar medidas económicas que pretenden destruir el modelo económico que sacó de la pobreza a tanta gente.

Son estas y otras razones que me impulsan a presentar esta candidatura. Estoy convencido que el Premio Nobel de la Paz para Evo Morales Ayma será un justo reconocimiento y un acicate a la lucha por la inclusión, por la erradicación de la pobreza y por el desarrollo sostenible.

Democracias golpe a golpe

Adolfo Pérez Esquivel — 2016-05-17T15:30:40Z

El gobierno democrático de Brasil cayó bajo la intriga palaciega de diputados y senadores, la complicidad de sectores jurídicos y empresariales. El Parlamento criminalizó un acto de gobierno público y legal que habían utilizado otros gobiernos y, sin que hubiese un delito comprobado -como exige la Constitución-, destituyó a Dilma Rousseff.

Se aplicó la metodología de “Golpe de Estado Blando”, ya experimentado en Honduras y Paraguay, abriendo una seria advertencia a actuales y futuros gobiernos del continente que intenten ampliar márgenes de soberanía y aumentar la distribución de ingresos hacia los pueblos.

En mi reciente viaje a Brasil pude hacer lo que varios organismos internacionales no pudieron: me reuní con la presidenta, los senadores oficialistas y opositores, con el presidente del Supremo Tribunal Federal, el Secretario General de la Conferencia Nacional de Obispos y los movimientos sociales. Los detalles los publiqué en Folha de S. Paulo. Esto me permitió una mirada lo suficientemente amplia de lo que ocurre allí como para saber que hay sectores que no tienen intenciones de resolver la actual crisis política y económica, sino navegarla para dirigirlo todo, sin más permiso que el que ellos mismos se otorgaron.

Luego del desplazamiento de la presidenta, el Secretario General de UNASUR dijo que “pone en riesgo la estabilidad democrática de la región”; el de la OEA consideró que genera “inseguridad jurídica” y elevó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; El Salvador desconoció al gobierno interino y llamó a su embajadora; los países de la alianza ALBA integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia dijeron que se trató de un “golpe”; y Chile y Uruguay mostraron su “precupación”.

El primer gobierno en reconocer el golpe y pedir que se “respete el proceso institucional” fue el de Mauricio Macri, en sintonía con el pedido de la administración de Barack Obama de “confiar en las instituciones brasileras”.

Domesticar a gobiernos y recolonizar América Latina es el objetivo. Lo que la derecha no logra conseguir por las urnas, buscará alcanzarlo mediante la destitución ilegal de presidentes, la privatización de empresas del Estado, y la entrega de recursos naturales.

No soy de creer en las casualidades. Según documentos revelados por Wikileaks, el actual depositario de la presidencia, Michel Temer, fue colaborador de la inteligencia norteamericana entregando documentos sensibles a su embajada. Y la actual Embajadora de Estados Unidos en Brasil es la misma que estaba en Paraguay cuando se realizó el golpe destituyente a Lugo.

Por su parte Temer ya anunció sus próximas medidas económicas no votadas por el pueblo de Brasil: aumentar impuestos, “privatizar todo lo que se pueda” (sic), y reducir el gasto público y social. Para eso conformó un gabinete que confirma sus prioridades: no hay ninguna mujer, ningún indio, ni mulato. Todos hombres blancos y millonarios. Incluyendo al mayor vendedor de soja del mundo como responsable del Ministerio de Agricultura, y muchos involucrados en graves casos de corrupción que se supone vinieron a combatir.

Ninguna Democracia ni gobierno electo es perfecto. Pero no podemos permitir que grupos conspiradores violen la Constitución en nombre de su defensa. Toda Democracia es perfectible si cuenta con participación social. Hoy está en cuestionamiento la democracia delegativa, donde el pueblo vota, queda por cuatro años en estado de indefensión, y los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. El desafío actual es pasar a la democracia participativa, donde la sociedad decida sobre los grandes problemas que afectan al país, en vez de los grandes núcleos de poder económico internos y externos. A los pueblos de Nuestra América nos queda la resistencia social, cultural y política para defender los derechos de todos, incluidas nuestras democracias.

“Es inconstitucional removerla”

Adolfo Pérez Esquivel — 2015-12-06T02:11:52Z

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Comunidad Homosexual Argentina señalaron que sólo a través de un juicio político la titular del Ministerio Público podría ser desplazada de su cargo. Además, resaltaron su gestión.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió una serie de respaldos como respuesta a la avanzada sobre su cargo que quiere hacer el futuro gobierno de Mauricio Macri. “Apoyamos la permanencia de la procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino que además es inconstitucional pretender removerla. Para eso sería necesario un juicio político y no hay ninguna razón para hacerlo”, dijo ayer el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) también rechazó “cualquier intento de violentar los poderes e instituciones del Estado”. A través de un comunicado, la entidad consideró que resulta “preocupante”, además, que “esta intromisión ilegítima esté dirigida contra una funcionaria que ha demostrado un destacado desempeño en el fortalecimiento del acceso a la justicia de las mujeres, de la comunidad Lgttbiq, y de los grupos históricamente más vulnerables de nuestra sociedad”.

“Si empezamos así, avasallando la Constitución, vamos mal”, dijo Pérez Esquivel en relación con el anuncio de Macri de buscar la remoción de Gils Carbó por todos los medios, aun cuando se trata de un cargo que no es del Poder Ejecutivo y que tiene una estabilidad similar a la de los jueces de la Corte Suprema. En el macrismo están buscando los mecanismos para removerla y señalaron que podrían hacerlo por un decreto o una ley. Pero la herramienta que debería usarse es el juicio político y para eso debería haber además una causal que lo justifique.

“Tengamos en cuenta que el futuro presidente todavía ni asumió, así que todo el pedido es totalmente irregular y la única motivación que podría tener sería que tiene interés en poner a todos los funcionarios que les responden directamente en lugares de poder, y eso no corresponde”, insistió el titular de la Comisión Provincial por la Memoria. Pérez Esquivel diferenció la situación de Gils Carbó de la de Alejandro Vanoli, titular del Banco Central. “Los gobernantes tienen una misión que cumplir y el pueblo tiene que obligarlos a cumplirla, pero no pueden avasallar todo, y mucho menos, antes de empezar a ejercer ese poder”, señaló Pérez Esquivel.

La CHA pidió a Macri “rever la posición que expone al orden constitucional a un grave peligro mediante el avasallamiento a las instituciones, al sistema de justicia y a la autonomía de los organismos estatales que tienen roles de contrapeso indispensables para la vida democrática”.

Por la mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, subrayó que si el próximo gobierno tiene previsto remover a la procuradora tendrá que hacerle “juicio político” tal como “lo marca la Constitución”. Fernández dijo que si Gils Carbó “no está dispuesta a que se la quiera sacar a empujones de la Procuración, será objeto de la discusión, y si insisten, deberán presentar su acusación a la Cámara de Diputados y lograr que la acuse y después que sea la Cámara de Senadores la que tome la decisión eventualmente de sacarla de su cargo”. Por último, aseguró que para llevar a cabo esa determinación “tienen que tener los números” de los legisladores nacionales que los apoyen.

Ayer, la propia Gils Carbó, en la reunión anual del Ministerio Público, que contó con la presencia de más de 200 funcionarios judiciales de todo el país, consideró que “se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales y defensores oficiales” y ratificó que no pensaba renunciar a su cargo.

Gils Carbó recibió también el apoyo de organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe que señalaron que todo intento de “remoción compulsiva” sería inconstitucional y afectaría el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad. “La procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo con la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado”, señaló una declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades. Para los firmantes del documento, “es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República (en alusión al gobierno electo del PRO) hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción”. Este intento de desplazamiento “pone en juego a la procuradora de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios por delitos de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y partícipes de la dictadura genocida”, señalaron una decena de organismos de derechos humanos y sociales.