Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Gabriela Sosti: "Montoneros no mandó a matar gente en la Contraofensiva"

Ailín Bullentini — 2020-12-18T13:34:46Z

Tras un año y medio de debate, su alegato incluyó pedidos de perpetua para los seis acusados que llegaron con vida al final del proceso, pero fue más allá: reivindicó las razones de la resistencia militante, trabajó para desmitificar la operación montonera y argumentó sus acusaciones por genocidio.

“La dictadura buscó demoler ciertas estructuras sociales de cuajo y para siempre, y en cierto punto lo logró”, evaluó la fiscal Gabriela Sosti, días después de haber culminado su alegato en el juicio contra un grupo de represores de Inteligencia del Ejército por 98 casos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva, entre 1979 y 1980. Su conclusión, tras más de un año y medio de debate, culminó con pedidos de prisión perpetua para los seis acusados que llegaron con vida al final del juicio, pero no sólo apuntó a eso: reivindicó las razones de la resistencia militante, trabajó para desmitificar la operación montonera y argumentó sus acusaciones por genocidio.

Para Sosti, el juicio que ingresó con su alegato en el tramo final previo a la sentencia fue “fundamental” para “poder revelar quiénes fueron realmente los responsables del exterminio, quiénes lo diseñaron, quiénes lo pensaron”: la Inteligencia del Ejército es, en su conclusión, esa “perfecta máquina de matar”.

De los nueve acusados, todos jerarcas de la Jefatura 2 del Ejército, de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y de Comando de Instituto Militares, todos con base de operaciones en Campo de Mayo, solo seis llegaron a este tramo final: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo y Marcelo Cinto Courteaux. Para todos, Sosti solicitó la pena de prisión perpetua: los acusó de genocidio por los secuestros, torturas, allanamientos ilegales y numerosos homicidios que llevaron a cabo contra militantes montoneros.

En un análisis que realizó para PáginaI12 a pocos días de haber culminado su detallada y puntillosa, pedagógica y sobre todo reparadora exposición para los familiares de víctimas y sobrevivientes —quienes le agradecieron al cabo de cada una de las siete audiencias en las que la desarrolló— y que culminó la semana pasada, la fiscal resaltó cuatro puntos claves del alegato.

Derrumbe de un mito
¿Qué fue la Contraofensiva? Sosti dice que su propósito, como representante de la acción acusatoria por parte del Estado en el debate, apuntó “más allá de probar las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en los centros clandestinos y a conseguir la condena por eso”. A ella, dijo, le “interesó hablar de historia”. “En estos juicios se repasa, se repiensa y se expone la historia como en ningún otro espacio. Son los protagonistas mismos los que llegan a decir cosas que no se pueden decir en otro lado más que frente a un tribunal”, amplió.

Una de las expectativas que tenía al comienzo del juicio era justamente esta: desmitificar la Contraofensiva de Montoneros, una operación que desplegó la agrupación entre 1979 y 1980 con el objetivo de renovar la resistencia a la dictadura y que consistió, en gran medida, en el regreso al país de muchos y muchas militantes que habían logrado alcanzar otros territorios. En ese sentido, aseguró que todo lo vertido en más de un año y medio de juicio “sirvió para desmitificar el mito urbano político por excelencia de la resistencia militante de los 70 que asegura que Montoneros mandó matar a su gente en la contraofensiva. Nada más irreal”.

—¿Por qué?

—Porque quedaron muy claras las razones de la Contraofensiva, porque buscaban e insistían en la búsqueda de un país mejor y tenían muy claras cuáles eran los pasos para lograrlo y no lo sabían solo ellos, lo decían a la sociedad, lo comunicaban, lo difundían. Por supuesto que podemos pensar que fue un error estratégico con el diario de más de 40 años después. Pero lo que quedó claro en el juicio es que la gente que vino a participar de la contraofensiva no lo hizo forzada ni obligada. Todos eran militantes convencidos, militantes políticos que se venían a oponer a una dictadura, una más de las tantas a las que el peronismo se había opuesto a lo largo de la historia de este país. La resistencia a las dictaduras está en el ADN peronista, diría.

El derecho a la resistencia
Hubo, durante el juicio, la posibilidad de plantear un tema que la fiscal cree novedoso en los debates y causas judiciales que revisan e imparten justicia en relación a los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar: el derecho a la resistencia. “Me pregunté en un momento cómo se lucha contra una dictadura, ¿cuáles son las formas habilitadas y cuáles no cuando el que te mata es el Estado?”, reconoció. Y decidió avanzar hacia “esa puerta que se abre con cierto cuidado, para que haya temas que dejen de ser tabú, como es el de la violencia de los 70. Acá hubo resistencia. La dictadura argentina fue la más corta de toda América Latina y eso se debió no a Malvinas, sino a la tremenda resistencia obrera que hubo y que a los dictadores les termina corriendo el colchón.

La inteligencia: una perfecta máquina de matar
Las razones de la lucha, de la militancia y quiénes la llevaron a cabo desde la Contraofensiva montonera fueron uno de los ejes centrales del juicio que ingresó en etapa de alegatos hace poco más de un mes. Sosti, la primera en ofrecer conclusiones, dedicó tiempo para devolverle carnadura a las víctimas: las nombró, las mostró, contó su historia, citó testimonios que ayudaron a esa reconstrucción.

“Todo eso fue de la mano con el otro eje: poder revelar quiénes fueron realmente los responsables del exterminio, quién lo pensó, quién lo diseñó. Fue la Inteligencia del Ejército”, concluyó.

La “perfecta máquina de matar”, como la describió Sosti, se montó desde la Jefatura 2 y el Batallón 601 del Ejército, “el cerebro y el riñón” de esa máquina, y luego los distintos destacamentos esparcidos a lo largo y ancho del país. “Bajo el mando de esa inteligencia estuvieron todas las otras fuerzas represivas, incluso la Armada. Ese monstruo era el que marcaba el quién, dónde, cómo y su final”, remarcó la fiscal.

Dentro del estudio de esa estructura, que fue minucioso, mucha importancia tuvo la lectura de los reglamentos de la Inteligencia. Dijo Sosti: “Son increíbles, primero porque ahí está absolutamente todo escrito, y segundo porque es la legalización absoluta del mal absoluto. Está todo explicado”. También destacó que a partir del estudio de los registros documentales de la fuerza se desprende “la integralidad” de esa Inteligencia: “Sabían todo casi de manera automática en todo el país. La información a travès de esa estructura iba y venía todo el tiempo y eso es una virtud organizativa muy grande ”.

Los seis acusados integraron esta estructura desde cargos jerárquicos. “No eran pelotón, eran cabezas. Tipos muy formados”, destacó Sosti. Además de prisión perpetua para todos, la fiscal solicitó Sosti que se revoquen las prisiones domiciliarias que cumplen Apa, Ascheri, Bano y Dambrosi y que se mantenga la prisión efectiva de Courtaux y Firpo. "Se solicitan las penas más graves previstas, por lo que la permanencia en domicilio desvirtúa esta sanción", argumentó.

Fue un genocidio
“Lo único con lo que no contamos es con los cadáveres”, arengó en un pasaje de su alegato Sosti, según la reproducción que realizó el Ministerio Público Fiscal. “No contamos con datos como el día, hora, lugar y el destino del cuerpo. Sabemos que esas personas están muertas y que los dictadores construyeron el concepto más abominable que se puede concebir: la desaparición", explicó.

—Ha acusado a los responsables de genocidio. ¿Por qué?

—El genocidio no es un contexto, el genocidio es un tipo de delito que incluye determinadas conductas que deben ser calificadas como tales. En esta causa es muy importante porque es entender el por qué de la construcción de ese enemigo. Esos reglamentos preparados para el exterminio fueron muy previos a la dictadura, fueron de la época de la Onganía, ya estaban calentando los motores. Lo que buscaron fue demoler determinadas estructuras sociales para siempre. Y lo lograron.

Pie de foto: “La dictadura buscó demoler ciertas estructuras sociales de cuajo y para siempre, y en cierto punto lo logró”, evaluó la fiscal Gabriela Sosti, días después de haber culminado su alegato en el juicio.

Foto: Enrique Medina

Para que sea ley la reparación de legajos de trabajadores desaparecidos del sector privado

Ailín Bullentini — 2020-08-27T13:39:45Z

Hugo Yasky lo resumió así: "Tenemos una deuda con esas víctimas de la última dictadura cívico militar". El diputado inauguró así una reunión informativa en la que referentes de organismos de derechos humanos respaldaron la norma para que en las fichas de las empresas figure la verdadera causa de la ausencia del trabajo de los trabajadores secuestrados.

“Tenemos una deuda con los trabajadores del sector privado que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar”, sentenció Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, al inaugurar una reunión informativa en la que referentes de organismos de derechos humanos nacionales expusieron en respaldo del proyecto de ley de reparación de legajos laborales de hombres y mujeres que, por haber caído en las garras del terrorismo de Estado, de un día para el otro, faltaron de sus trabajos y no volvieron nunca más.

La Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Taty Almeida, el referente de la regional porteña de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni; así como Miguel Santucho, de parte de Abuelas de Plaza de Mayo, fueron las voces que, de manera remota, llevaron el respaldo de los organismos al proyecto de ley que, por segunda vuelta parlamentaria, busca “equiparar derechos” entre trabajadores del sector público y el sector privado al impulsar la corrección de los legajos de aquellos que se desempeñaban en empresas privadas cuando fueron asesinados o permanecen desaparecidos y entregárselos a sus familias. La presidenta de la asociación de Abuelas, Estela de Carlotto, envió una carta con el mismo mensaje. Ningún legislador o legisladora se expresó en contra.

El derecho a la verdad

En el sector estatal, la tarea de buscar los legajos de las víctimas de la última dictadura que trabajaba en el sector cuando fue secuestrado o asesinado la desempeña desde hace una década la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, impulsora de la iniciativa que espera tratamiento para ser convertida en ley. Su integrante Julián Scabbiolo fue parte de la reunión de esta mañana cuando remarcó que se han reparado cerca de 100 legajos de empleados del sector privado víctimas de la última dictadura gracias al empuje de la Comisión, pero restan muchos más para los que es necesaria la ley.

La primera en hablar tras la apertura de Yasky fue Carla Pitiot, diputada mandato cumplido y responsable de reingresar al Congreso, en diciembre pasado, el proyecto de ley que en su primera vuelta cosechó media sanción en la Cámara Baja y perder estado parlamentario tras el ninguneo en el Senado. La iniciativa responde al “deber de recordar y al derecho de la sociedad a conocer la verdad” y “busca visibilización y busca reparación” al disponer en los legajos de los trabajadores y las trabajadoras de empresas privadas víctimas del terrorismo de Estado que fueron cesanteades o dados de baja por ausentarse de sus tareas un reemplazo de esa razón por la leyenda “desaparecido”, “desaparecida”. “En muchos de esos legajos sigue figurando “baja” o “suspendido” como si alguna día de un día para el otro hubieran decidido dejar de asistir”, explicó.

En esta ocasión, el proyecto de ley contó con las firmas de los diputados y diputadas Facundo Moyano, María Florencia Peñaloza Marianetti, Jorge Taboada, José Luis Ramón y José luis Moretti. Ningún diputado o diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se pronunció en contra de la iniciativa.

Con el respaldo de los organismos

“Solicitamos el tratamiento del proyecto de reparación documental de los legajos de trabajadores del sector privado porque restituye derechos laborales a ellos y a sus familias”, expresó Estela de Carlotto a través de una carta especialmente enviada al presidente de la Comisión y al resto de los legisladores que la integran. En la misiva, con la que buscó hacerse presente debido a su imposibilidad de ser parte de la reunión vía zoom, hizo hincapié en que la reparación no representa ningún gasto extra para el estado ni para las empresas.

A su turno, Almeida pidió “por favor” la aprobación del proyecto ya que “nuestros queridos desaparecidos tienen derecho” a la verdad. También lo solicitaron Victorio Paulón, de la intersindical de Derechos Humanos, y Julio Piumato, secretario de DDHH de la CGT.

Esteban Santamaría habló de su mamá, Cristina, militante del ERP y trabajadora administrativa en Xerox, quien fue asesinada en octubre de 1976 por una patota que la fue a secuestrar y se topó con su resistencia. Contó que intentó “por todos los medios” recuperar el legajo de su mamá, que acudió a la empresa, que tuvo reuniones, que le dieron la espalda. Y que solo lo logró tras la asistencia y el acompañamiento de la Comisión de Trabajo por la Recuperación de la Identidad. Allí descubrió que a su madre la habían dado de baja “por abandono de trabajo”, pero que su legajo era “intachable”.

“Para nosotros, los familiares de desaparecidos y asesinados por la dictadura, y para toda la sociedad es una tarea ineludible que haya una ley que equipare a todos los trabajadores, que repare su historia —remarcó—. Es parte de la lucha que venimos llevando adelante en reescribir lo que sucedió con el genocidio en nuestro país en la década del 70. Justicia es lo más importante que buscamos, pero también verdad”.

Tres represores lograron irse a su casa con el pretexto del coronavirus

Ailín Bullentini — 2020-03-26T20:22:17Z

Sin darle la chance a las querellas a que dieran su opinión ni consultar al Servicio Penitenciario Federal, Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Son tres ex policías bonaerenses procesados por el asesinato de un militante de la Juventud Universitaria Peronista al que conocieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Entre los más de 70 genocidas condenados e investigados por su participación en delitos de lesa humanidad que al amparo de la posible propagación del coronavirus pidieron a la Justicia que los deje cumplir encierro en sus casas hay tres que lo lograron casi de manera inmediata. Sin darle la chance a las querellas a que dieran su opinión ni consultar al Servicio Penitenciario Federal, , habilitó a tres ex policías bonaerenses procesados por el asesinato de Horacio “Chupete” Benavídes, militante de la Juventud Universitaria Peronista y que estaban detenidos en la cárcel vip de Campo de Mayo. La familia de la víctima solicitó la nulidad de esa resolución.

Según las cifras que maneja la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, hasta hoy, de los más de 70 reclamos de domiciliaria por parte de represores bajo la excusa del peligro de contagio de coronavirus que surgieron a lo largo de todo el país, han sido resueltos poco más de 30: en 19 casos, la Justicia rechazó el beneficio, como el de Miguel Osvaldo Etchecolatz ; en otros 15, lo concedió.

El martes 17 de marzo, un día antes de que el Gobierno nacional dispusiera la cuarentena obligatoria para todes les argentinos que no estuvieran implicades en actividades de carácter esencial, las defensas de Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco solicitaron al juez federal platense Ernesto Kreplak que los dejara en libertad. Así de sencillo: solicitaron la excarcelación y, en su defecto, pidieron que se los beneficie con la prisión domiciliaria. Se ampararon en la emergencia sanitaria decretada en el país producto de la pandemia, las recomendaciones de la Cámara de Casación Penal que instaron a jueces y juezas a tramitar “con urgencia” solicitudes de personas en situación de encierro que integraran grupos de riesgo ante el coronavirus.

Los tres, ex policías bonaerenses que al tiempo del asesinato de Benavídes formaron parte de la Dirección General de Investigaciones de esa fuerza, tienen más de 65 años. En algún caso, como el de Velasco, adujo que su esposa está bajo tratamiento oncológico. Cuando fueron procesados por Kreplak, en diciembre pasado, fueron trasladados para cumplir su prisión preventiva en la Unidad federal 34, la cárcel vip de Campo de Mayo.

Ante los pedidos de la defensa de los represores, Kreplak avisó a la Fiscalía, a la que habilitó su participación en la situación. Desde el Ministerio Público Fiscal tomaron parte y le pidieron al juez que indagara sobre la situación de salud en la que se encontraban los detenidos. Hasta aquel día, no existían informes del Servicio Penitenciario Federal en relación a medidas que habían puesto en danza en los diferentes establecimientos en relación a la posible propagación del Covid-19. Kreplak hizo caso omiso al pedido de la Fiscalía, no pidió información al SPF y habilitó las domiciliarias.

El jueves 19, 48 horas después de haberlo pedido, los tres represores estaban en sus respectivas casas. La decisión fue apelada por la Fiscalía. La querella que representa a la familia de Benavídes, en tanto, solicitó al juez que anule su decisión.

“Hay una ley de víctimas, que establece que sobre toda cuestión de libertad de imputados deben consultar a las víctimas. Pero además, aunque no existiera esa ley, la familia de Horacio es parte en la causa, es querellante. Entonces, reúne las dos condiciones, por lo tanto tiene doble derecho a saber cada paso del proceso sobre los implicados en el hecho”, explicó a este diario Pablo Llonto, abogado de la familia Benavídes.

La parte no solo está en desacuerdo con cómo se llevó a cabo el proceso. Tampoco lo está con el contenido. “No es razón el coronavirus para otorgarles beneficio de domiciliaria a estas personas. Más allá de que tengan más de 65 años, el Servicio Penitenciario tomó los recaudos necesarios, algo que explica en informes que presentó ante otros jueces que, antes de decidir sobre pedidos similares, lo solicitaron”, añadió Llonto.

Una vez que el Ejecutivo nacional dictara la cuarentena total con la intención de contener lo más posible la propagación del virus que mató a casi 20 mil personas en todo el mundo, el SPF elaboró un informe que presentó y presenta en cada expediente vinculado con pedidos de prisiones domiciliarias justificados en la pandemia. Allí, informa las “múltiples medidas” que fueron adoptadas en los espacios de encierro “tendientes a proteger la salud de la población alojada, como ser restringir la admisión” tanto de internos como de visitas, personal penitenciario y abogados, entre varios otros, a los penales; también limitar los traslados y extremar las medidas de prevención e higiene. En ese mismo informe, el PSF recalca que “el ámbito carcelario se trata de una institución cerrada en donde un número de personas se encuentra aislada de la sociedad”.

En ese sentido, Llonto sostuvo en sus pedidos de nulidad de la decisión judicial que “es necesario” contar con ese informe “para corroborar que se trata de una mentira el argumento” que esgrime la defensa de los represores, que “se trata de un aprovechamiento de una situación mundial”. “Se aprovechan de la pandemia para salir de la cárcel”, amplió a este diario el abogado. “La realidad es que están bien asistidos en las cárceles, que el SPF aplica protocolos de cuidado y prevención. Y, por último, tenemos que insistir en que estas personas están aisladas dentro de las cárceles, en pabellones especiales. Y en Campo de Mayo, como es el caso de estos tres, están solos. Es una cárcel subhabitada, no sufren hacinamiento, cuentan con espacio verde para caminar…. Son detenidos privilegiados”, completó.

Risso, Velasco y Ale fueron detenidos en noviembre pasado y procesados en diciembre por el asesinato de Horacio “Chupete” Benavídes, un joven de 22 años, estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y militante de la JUP y Montoneros. Además, trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de bienes dependiente del Ministerio de Economía. Fue asesinado el 30 de septiembre de 1976 en las cercanías de la Municipalidad platense.

Metrodelegados y amigos

Ailín Bullentini — 2019-01-29T13:13:20Z

Doce organismos presentaron la solicitud ante el juez porteño Tavosnanska. Consideran que existe “persecución gremial” contra los metrodelegados, acusados de entorpecer la circulación.

Representantes de organismos de derechos humanos solicitaron al juez en lo Penal, Correccional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Norberto Tavosnanska que los incluya como amicus curiae en la causa en la que un grupo de metrodelegados está acusado de entorpecer la circulación del subte. Los referentes consideran como un hecho de “persecución gremial” la acusación en contra de los trabajadores afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) impulsada por el Ministerio Público Fiscal y advierten que, de continuar, “no sólo no resuelve conflicto alguno” sino que además generará responsabilidades internacionales para el país “por la violación a los derechos y garantías de las y los trabajadores”.

El pedido fue presentado a fines de diciembre pasado y lleva la firma de referentes de los 12 organismos de derechos humanos que integran la mesa nacional que, en pos de su “reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos” en el país, piden al juez que los integre a la causa para incorporar elementos que “puedan constituirse en un aporte de valor y de ayuda a la más justa resolución de la causa”.

Según explicó a este diario Eduardo Tavani, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogado patrocinante del pedido, los 12 organismos “estimaron que se justificaba su intervención en un caso que trasciende a las partes involucradas y tiene un claro interés público”. “Están en juego derechos fundamentales de raigambre constitucional que la fiscal (Celsa Rodríguez, a cargo de la acusación), violentó”, indicó, y agregó: “La Mesa de Organismos de Derechos Humanos no ha permanecido indiferente y ha denunciado en todos los foros medidas, tan en boga en este tiempo, que impulsan la criminalización de la protesta o cuando, como en este caso, se pretende privar a un colectivo de trabajadores agremiados, de derechos reconocidos además en Tratados y Convenciones específicas de las que el Estado argentino es signatario”.

Además de la APDH, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Amigos y compañeros de Los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte cuyo aporte a la causa “reviste alcances netamente humanitarios”, señaló Tavani. “Es por eso que estamos muy atentos, aguardando una justa resolución en este proceso”, añadió.

En el pedido, los organismos peticionantes indicaron que “resulta preocupante la persecución criminal de acciones claramente enmarcadas en el ejercicio del derecho de huelga” que, entienden, engloba la acusación realizada en septiembre pasado y que recayó en dirigentes, delegados y trabajadores afiliados al sindicato del Subte, a quienes señaló como partícipes de una “asociación ilícita que tiene el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas”.

El núcleo de la acusación fiscal es el plan de lucha que los metrodelegados desarrollaron a mediados de 2018 para que tanto la empresa Metrovías como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incorporara a su sindicato a la mesa de negociación de aumento salarial. Entonces, los metrodelegados liberaron los molinetes y llevaron a cabo paros escalonados y por línea para insistir en que fueran citados a la negociación, medidas a las que la empresa y el Ejecutivo de CABA respondieron con sanciones. En mayo, la situación culminó en represión y 16 trabajadores y delegados detenidos. La orden la emitió, también, la fiscal Rodríguez.

“La fiscal ha imputado penalmente a los defendidos como integrantes de una asociación ilícita por el simple hecho de participar activamente en una asociación sindical” que llevó a cabo medidas de fuerza en “un contexto nacional de grave situación económica y social que afecta notoriamente a la clase trabajadora”, indicaron los organismos. En ese sentido, hicieron hincapié en que “resultaría de suma gravedad que este proceso penal se dirija hacia la consagración de la criminalización del derecho a huelga y la protesta social”.

La acusación de la representante del Ministerio Público “reviste una inusitada gravedad (ya que) no sólo se desconoce la representación gremial de un sindicato que se encuentra regular y legalmente inscripto (si no que) violenta gravemente el derecho de asociación”, puntualiza el texto, una acción que “no sólo no resuelve conflicto alguno, sino que, de prosperar, habrá de generar responsabilidad internacional para el estado argentino por la violación a los derechos y garantías a las y los trabajadores”.

Fuente: Página/12

“El Gobierno debería escuchar”

Ailín Bullentini — 2018-03-06T12:20:03Z

Fuente: Página/12 - La dirigente sindical de los docentes reclamó que el Ejecutivo convoque a la paritaria nacional para negociar una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y actualizar los fondos educativos congelados desde hace dos años.

Al cabo del primer día del paro docente convocado por Ctera en todo el país, la titular de ese gremio, Sonia Alesso, le exigió al Gobierno que “esté más atento” al reclamo de los maestros, que convoque a la paritaria nacional docente y actualice el financiamiento educativo que “está congelado desde hace dos años”. En diálogo con PáginaI12, Alesso recomendó al Ejecutivo “copiar la mejor versión de sí mismo, la de 2016, cuando convocó a paritarias, hubo aumento, hubo ley de financiación y no hubo casi conflicto”.

–Desde el Ejecutivo calificaron de “muy bajo” el acatamiento docente a la primera jornada del paro. ¿Qué evaluación hace la Ctera?

–Que fue un paro con un altísimo acatamiento a nivel nacional, apoyado por una movilización de más de 60 mil docentes de todo el país, acompañados por padres, por sindicatos de la CGT y la CTA, movimientos sociales, estudiantes, pedagogos y pedagogas, así que estamos contentos y orgullosos. A pesar de las presiones que el Gobierno ejerció sobre gobernadores e incluso muchos gremios provinciales, el paro tuvo un acatamiento altísimo.

–¿Se pueden evaluar como presiones sobre los trabajadores el pago del presentismo dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal? ¿Cómo influyó?

–No influyó. Hicieron de todo en la provincia de Buenos Aires y no les fue bien. El acatamiento de la medida es del 85 por ciento. Han hecho de todo, desde amenazar con los descuentos, hasta mandar a los inspectores del Ministerio de Trabajo a las escuelas. Bien harían, en vez de mandarlos a ver quién adhiere o no un paro, en evaluar la situación edilicia de las escuelas. Pero está claro que ni al gobierno bonaerense ni al nacional les sirven las políticas de presiones. Es un error, nosotros lo dijimos en el acto. El Gobierno debería escuchar, debería estar más atento a un reclamo que es legítimo, que es que se llame a la paritaria nacional y se discuta la actualización del financiamiento para la educación. Un reclamo que está amparado por la ley que votó el Parlamento y que el Gobierno tiene la obligación de respetar y cumplir. Por el otro lado, los gobiernos provinciales tienen que convocar a los gremios locales a mesas paritarias y mejorar las ofertas de la Nación.

–Esta debería ser la tercera paritaria entre los gremios y el gobierno de Cambiemos. ¿Cuál es el comportamiento que pueden evaluar como común a los tres años?

–Hoy decíamos en el acto que el gobierno nacional podría copiar la mejor versión de sí mismo, la de 2016, cuando convocó a paritarias nacionales, hubo aumento salarial, hubo ley de financiamiento y no hubo casi conflicto en las provincias. Ni hablar de los años anteriores.

–¿Por qué consideran que no hizo en 2017 ni este año lo que sí en 2016?

–Porque saben que si llaman a paritarias no le pueden poner techo a la negociación. No existen paritarias condicionadas, las paritarias condicionadas no son paritarias. Y su intención es muy clara: disciplinar a los trabajadores y ajustar. Y no quieren disciplinarnos a nosotros solos, sino a todos los trabajadores, demostrando que éste va a ser el porcentaje máximo de negociación general. Sabemos que la paritaria de los maestros es una de las primeras de cada año.

–En ese sentido ¿cuánto vale el acompañamiento de la comunidad educativa y de otros sectores de trabajadores?

–Es fundamental. No es una batalla que se gana aislados. Nunca lo fue. La Carpa Blanca tampoco. Además, los maestros estamos afectados por las políticas que afectan a todos los trabajadores, incluso a los padres y madres de los chicos que nosotros educamos. Y el Gobierno no muestra encuestas porque todas le dicen que nosotros tenemos razón. Cualquier trabajador que va al supermercado o al que le llegó la boleta de luz sabe perfectamente que con un 15 por ciento de aumento anual, a pagar en tres cuotas de cinco culminando a fin de año, no come, no llega a fin de mes. El propio Cippec cita un informe que es similar al nuestro y que dice que hace dos años que los salarios docentes pierden poder adquisitivo. Por eso reclamamos recuperar los puntos de poder adquisitivo perdidos el año pasado y luego que nos reconozcan un aumento para 2018 acorde con lo que será la inflación real y no un cálculo como el oficial, que todo el mundo sabe que será superado. Lo que el Gobierno debería hacer es respetar la ley: convocar a los gremios a discutir el financiamiento educativo también, no solo discutir paritarias. Actualizar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, congelados desde 2016.

–¿Cómo sigue el plan de reclamos?

–Después de este paro de 48 horas, la Ctera convocará la semana próxima a un plenario de secretarios generales. Estamos pensando en una marcha federal educativa para abril que recorra todas las provincias haciendo actos en pueblos y ciudades. En las provincias donde aún no hay acuerdo –17 en total– es necesario que los gobiernos convoquen a la mesa local para dar una propuesta coherente con lo que corresponde a un aumento digno. A nivel nacional ni siquiera están convocando y nosotros hemos impugnado el decreto 52 de 2018 con el que derogaron la paritaria nacional docente, una ley aprobada por el Congreso, algo absolutamente inconstitucional. Además, adherimos el 8 al paro internacional de mujeres. Toda la Ctera movilizará y participaremos de las actividades que se decidan en cada provincia.

“Una amenaza a todo el Poder Judicial”

Ailín Bullentini — 2015-12-16T12:36:22Z

Fuente: Página/12

En la presentación de la nueva Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración, Gils Carbó advirtió que las presiones en contra suya apuntan a todo el Ministerio Público Fiscal. “Estamos viviendo una provocación muy fuerte”, señaló Estela de Carlotto.

“No sólo vienen por mí”, dijo Gils Carbó, acompañada por Zaffaroni, Carlotto y representantes de organismos de derechos humanos.

El motivo de la ceremonia que ayer por la tarde tuvo lugar en la Procuración General de la Nación era la presentación de un nuevo espacio en esa estructura: la Dirección General de Derechos Humanos, a cargo de Andrea Pochak. Sin embargo, la insistencia del gobierno de Mauricio Macri en la “necesidad” de que la titular de la cartera autárquica, Alejandra Gils Carbó, “dé un paso al costado”, así como la designación por decreto del Presidente y sin participación del Senado de dos nuevos magistrados en la Corte Suprema preponderaron en las charlas de pasillo entre jueces y fiscales; abogados y trabajadores de la Procuración; referentes de organismos y organizaciones sociales dedicadas a la temática, y también en las exposiciones de quienes encabezaron el acto. “No sólo vienen por mí”, advirtió la procuradora, al deslizar que la estrategia del Ejecutivo macrista de correrla de su cargo tiene que ver con “avasallar la autonomía e independencia” de la Procuración. El ex juez de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, aseguró que el decreto de necesidad y urgencia con el que Macri nombró a los dos nuevos supremos “es equivalente a la clausura del Congreso de la Nación”. “Estamos viviendo una provocación muy fuerte”, sostuvo a su turno la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien propuso una alternativa de acción: “Darnos las manos, luchar juntos y venceremos”.

“Hicimos lo que nunca nadie había hecho”, ponderó Gils Carbó, tras recordar que el rol del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la actualidad es “resguardar el delicado equilibrio entre la ética y la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos de los sectores pobres, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. “Hoy se dan cuenta de que no sé de derecho penal. Falta que digan que soy mujer”, apuntó directo a quienes critican su gestión y abogan por que abandone el cargo. Los criticó por tildarla de “procuradora militante” y “procuradora con superpoderes” y les advirtió: “No basta atar de pies y manos a Gils Carbó, hay centenares de personas que trabajaron para quebrar una cultura inercial y convertir a este ministerio en un lugar proactivo en materia de derechos humanos de ayer y de hoy”, destacó la titular de la cartera autárquica, quien se apoyó en “las organizaciones, en los referentes, en las víctimas, los familiares y los sobrevivientes, que van a seguir acompañando para que no haya un sólo paso atrás en este camino”.
Gils Carbó fue recibida con un largo aplauso en la sala de actos de la Procuración. “Siempre asumí mi rol como garante del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, introdujo. Presentó la nueva estructura como un “nuevo mojón” en ese camino al que añadió espacios a lo largo de su gestión: las procuradurías especializadas (en delitos de lesa humanidad, apropiación de bebés durante la dictadura, violencia institucional, violencia de género, narcotráfico), direcciones y programas (como el de Acceso a la Justicia, Atajo), enumeró (ver aparte). Fue la primera en hablar y contó con la mirada atenta de Carlotto, Zaffaroni y el resto de los expositores: la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski; el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y la propia Pochak. También con una audiencia concurrida, en la que sobresalieron algunos integrantes de Justicia Legítima –la jueza María Laura Garrigós de Rébori y Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad–; Rosa Roisimblit y otras integrantes de Abuelas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; y Julián Axat, titular de Atajo, entre otros.

Zaffaroni habló poco de la nueva dirección, por la que felicitó a la Procuración, y mucho sobre el “retorcimiento grave de la Constitución Nacional” por parte del nuevo gobierno nacional. “El Presidente se atribuye facultades de nombrar a ministros de la Corte Suprema”, una “maniobra que amenaza a todo el Poder Judicial”. “Se nos quiere hacer caer en una discusión sobre si eso le corresponde o no al Congreso. Pequeño detalle: los decretos de necesidad y urgencia no se pusieron para reemplazar al Congreso”, advirtió y continuó: “La necesidad fue siempre celestina del derrumbe del Estado de Derecho y de los crímenes más aberrantes que ha sufrido la humanidad”. Por último, advirtió: “No hemos repensado nuestras instituciones, creemos que tenemos las mejores, pero entonces alguien que gana la Presidencia por un voto se convierte en Penélope, desteje todo lo avanzado en el gobierno anterior y chau políticas de Estado”.

Carlotto coincidió en encender la alarma: “Estamos siendo víctimas de una provocación muy fuerte”, consideró, en relación a los nombramientos por decreto de jueces supremos, pero también al “acoso” en contra de Gils Carbó, a quien mencionó entre los espacios de Estado que para las Abuelas son “intocables”, junto con el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por la Identidad. “Ahora no nos quieren matar a nosotros, sino a la democracia. La más larga de la historia de nuestro país, no podemos permitir que decaiga, que muera”.

“Es hacerle el juego a la derecha”

Ailín Bullentini — 2015-06-08T14:28:13Z

Yasky critica a los gremialistas que son “amigos de los grupos de poder” y asegura que el paro “no tiene nada que ver con los intereses reales de los trabajadores”.

El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, criticó el paro que desarrollarán el martes los principales sectores del transporte –aseguran que no habrá colectivos, trenes ni subtes, así como tampoco circularán camiones–, acusó a los referentes de esos gremios de ser “amigos de los grupos de poder” y concluyó que desarrollar esa medida de fuerza “contra el Gobierno” nacional es “hacerle el juego a la derecha”.

–¿Qué opina sobre las demandas que los referentes sindicales de los sectores que protagonizan la medida esgrimen: paritarias libres, la modificación del impuesto a las Ganancias y medidas contra la inflación y la inseguridad?

–Es un paro que se inscribe dentro de una estrategia de la oposición que tiene como único objetivo crearle al Gobierno una situación de desgaste. Se trata de un paro que cuenta con el apoyo implícito de los sectores del poder económico, la Sociedad Rural, los grandes grupos empresarios, que se lleva a cabo en medio de una embestida de los fondos buitre, que insisten en hostigar al país. De manera tal que este paro no tiene nada que ver con los intereses reales de los trabajadores.

–¿Considera que son motivos inexistentes o que un paro no es la manera de encontrarles solución?

–Lo que esgrimen como motivos del paro son demandas que no tienen sustento en la realidad. Hace 12 años que el movimiento sindical tiene paritarias libres y es la primera vez que sucede eso en la historia de la Argentina; el Consejo del Salario funciona año tras año de manera ininterrumpida; se generaron más de cinco millones de puestos de trabajo que, además del beneficio que significó para la clase trabajadora, le valió al sindicalismo una recuperación de volumen y protagonismo en la sociedad. Entonces, resulta incomprensible que estos dirigentes sindicales convoquen a una medida de fuerza como si estuvieran enfrentando a un Gobierno que hubiera reprimido al movimiento o condicionado la libre discusión de los salarios. Eso no se corresponde con la realidad.

–En lo que va de 2015, el gobierno nacional modificó las alícuotas del Impuesto a las Ganancias, sin modificar las escalas. ¿Fue suficiente la modificación?

–El problema del Impuesto a las Ganancias sólo puede resolverse con una reforma tributaria integral que cambie la orientación de todo el sistema para que los que tienen más paguen más: hay que avanzar con impuestos a la renta financiera, a la extracción minera, a los terratenientes, a los grupos concentrados del sector financiero que especulan con transacciones en dólares y en ese contexto, resolver el tema del Impuesto a las Ganancias modificando las escalas y modificando las alícuotas para que sea definitivamente un impuesto que recaiga sobre los sectores que más ganan. Pero es un impuesto que tiene que seguir existiendo. Aquellos que se llenan la boca hablando de ese impuesto no hablan del IVA, que perjudica a más trabajadores y en mayor medida. El IVA lo paga el que cobra un plan social en la misma proporción que el que tiene fondos en los paraísos fiscales. Hay una gran hipocresía en el reclamo, entonces, lo que explica que estos dirigentes tengan buena sintonía con (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri, porque en el fondo utilizan el tema del Impuesto a las Ganancias para proponer un país en el que el Estado no intervenga.

–A mediados de mayo, el ministro de Economía había pedido “racionalidad” a las exigencias de los gremios. ¿Puede ser interpretado como una limitación?

–En absoluto. Hoy está claro que la inflación proyectada para el año 2015 va a estar en un 25 por ciento en los cálculos más pesimistas. Si las paritarias se discuten en una franja que está cercana al 30 por ciento, está claro que se está discutiendo por encima de la inflación e incluso se están recuperando los cuatro puntos que se perdieron el año pasado. Hay sindicatos, como el metalúrgico o el bancario, que a través de mecanismos como la participación en las ganancias, han encontrado la manera de superar incluso esos puntos de recuperación. En un escenario mundial de derrota, en el que se congelan salarios y se retroceden las conquistas de los trabajadores, plantear una medida de acción contra un gobierno que está siendo cuestionado por los sectores del poder económico porque no recorta salarios, porque no reduce los presupuestos y porque sigue aplicando políticas de las que se denominan populistas y estatistas, como dijo el presidente de la Sociedad Rural hace una semana, es hacerle el juego a los sectores de la derecha. Hacerle un paro a este gobierno en estas circunstancias es pretender llevar a los trabajadores a enfrentar a quienes, en última instancia, representan sus propios intereses.

–¿Cómo analiza en ese marco el caso de los paros del gremio de los aceiteros?

–El paro de los aceiteros así como el de los bancarios, que se realizaron en el marco de una discusión paritaria con sus patronales, son absolutamente distintos. En ese caso la legitimidad de la medida de fuerza está fuera de discusión. Son medidas de fuerza dirigidas a patronales; echar mano de un paro para poder volcar a favor de los trabajadores la discusión salarial con las cámaras patronales es absolutamente legítimo. Pero otra cosa es tener relaciones amistosas con los grupos empresarios y hacerle el paro a un gobierno nacional cuyas políticas son cuestionadas por la clase a la que pertenece a esos grupos empresarios.

“Hubo connivencia de la patronal”

Ailín Bullentini — 2014-07-21T20:07:21Z

El ex dirigente gremial de Astilleros Astarsa Juan Sosa cuenta cómo, a comienzos de los '70, los trabajadores lograron “el control obrero de la fábrica” y dice que los empresarios y la burocracia sindical “se tomaron revancha” con las Fuerzas Armadas.

Todas las tardes, Juan Sosa se sienta a mirar por la gran ventana del departamento porteño en el que aterrizó tras más de 30 años de exilio. Y se lamenta. “Todos mis compañeros y sus familiares haciendo fuerza allí y yo acá con esta pata mala.” Una fractura “tonta, de lo más tonta”, de tibia y peroné, lo obligó a operarse y a guardar reposo, por lo que no puede presenciar el juicio que se está desarrollando en los tribunales de San Martín sobre crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de Campo de Mayo. Cuando el cuerpo frena es la cabeza la que toma velocidad para revolver recuerdos. La de Juan Sosa lo transporta a sus días de Chango, a sus horas en el frío de los talleres del Astilleros Astarsa, de estrategias para poner la política a disposición de los trabajadores y de reivindicaciones increíblemente logradas. “Nosotros llegamos al control obrero de la fábrica y ese quite de soberbia a la patronal, esa torcedura de brazo que le hicimos, los dejó traumatizados, pero se la cobraron.”

Recién en el estreno de la democracia supo el Chango que de muchos de sus compañeros de fábrica y algunos también de militancia no se tenían rastros después de sus detenciones. La desaparición de 19 empleados de Astarsa está siendo analizada por la Justicia de San Martín en un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. El zafó por poco y logró salir del país. Sin embargo, la desaparición de muchos de los suyos no es lo que le atora el hilo del relato, casi 40 años después, sino la descripción de los logros obtenidos junto a los que ya no están. Llora recién cuando la narración de su vida, ante el grabador de Página/12, llega a la toma del astillero, adonde él había ido a parar algunos años antes, con las ganas de “hacer política para lograr ubicar a la clase trabajadora en la vanguardia de la revolución”. Entonces, corría 1970.

“Integraba un grupo que se llamaba Los Obreros, supongo que porque el periódico que editábamos se llamaba así también”, contó. Era una agrupación “política, clasista, marxista y guerrillera”, aunque aguardaban por el surgimiento de “algo más grande” a lo que acoplarse. Más adelante llegaría Montoneros para satisfacer esa necesidad. De tal raíz ideológica la táctica que sus integrantes tomaron: involucrarse en diferentes fábricas para empezar a hacer política desde allí. El Chango buscó destino en el cordón industrial del sur del conurbano bonaerense, sin éxito. Por intermedio del hermano de un compañero de militancia llegó a Astilleros Argentinos Río de la Plata.

Astarsa, el astillero más grande de la zona norte del Gran Buenos Aires, dividía sus tareas entre industriales y navales. De ninguna Sosa sabía demasiado. “Había una escuelita de capacitación en donde iban formando a jóvenes obreros. Les enseñaban lo rudimentario, a leer algunos planos, a soldar, a cortar hierros, a esmaltar”, contó Sosa sobre su primer destino, que duraba un mes para todos los “nuevos” integrantes de la familia. Nada inocente: “De esa manera, la empresa se aseguraba mano de obra nueva. Despedía a una o dos personas cada 15 días y entraba gente nueva, cosa de que no se pudiera organizar ninguna agrupación, que los compañeros no se conocieran”, reveló. Al cabo de su mes de capacitación, su destino fue el de oficial en el área de Calderería.

La situación era brava. Unos quinientos empleados, presencia sindical “burócrata fantasmal” y “pésimas” condiciones de trabajo. “Los delegados respondían completamente a la dirigencia sindical y la actividad gremial en el astillero era la nada misma, nada más que algunas camarillas”, señaló y acusó: “Se dedicaban a apagar los reclamos, a frenar las medidas, a neutralizar la lucha”, que por entonces, si existía de tal forma, era no más que el germen de lo que después pudo lograrse.

Las condiciones en las que estaban los quinientos obreros encargados de construir y reparar buques, locomotoras y máquinas industriales eran “patéticas”. “El trabajo era infernal: un gran predio al aire libre, tanto en verano como en invierno, en el que sólo se manipulaba hierro. Al lado del río, un desastre. Por cada barco que se fabricaba morían uno o dos trabajadores, había una cantidad de enfermedades laborales, como la sordera, que no eran reconocidas”, recordó Sosa, que nunca fue delegado pero que alcanzó el rango de secretario general de la agrupación que logró la toma de los talleres, y acarició el liderazgo de todo el sindicato de navales de Zona Norte.

Todo comenzó con “pequeñas charlas con algunos compañeros”. Con la ternura de recorrer días en los que se tejían mundos nuevos, el Chango apuntó que los lazos los armó “tirando flechas cada tanto, tanteando para ver qué respondían los muchachos”. Pizzas al cabo de la jornada laboral, algunas noches de vino, historia política, movimiento obrero, lucha sindical, las injusticias marcadas en la carne propia. “De a poco fuimos armando el núcleo de lo que sería la 12 de Septiembre”, la agrupación que nació en el corazón de Astarsa, con varios canales de unión con Los obreros, que unos años después se sumarían a Montoneros, y que tras la maduración de la toma y el control de la empresa por los trabajadores se llamaría José María Alesio. Pero, antes, los despidos, las muertes y la asunción de Héctor Cámpora como presidente.

En plena efervescencia de alumbramiento, la 12 de Septiembre intentó competir en las elecciones sindicales. No sólo fue derrotada “por pocos votos y errores propios”, sino que Astarsa despidió a varios de los trabajadores “por su actividad sindical fuera de la burocracia”, plena evidencia de la connivencia entre patronal y jerarcas gremiales bastante antes de los señalamientos, las listas y la dictadura. No obstante, la pulseada culminó con un delegado propio, Martín “Tanito” Mastinú, y un contacto vasto de “confianza y respeto” con otros astilleros, como Mestrina, Forte, Pagliettini. “Ya todos nos conocían como compañeros de la agrupación.”

El incremento en el nivel de ebullición acompañó el paso del tiempo, como si la historia misma supiera que hay hitos que deben suceder juntos. “Dos o tres días antes de la asunción de Cámpora, José María Alesio, un compañero, se accidentó en el doble fondo de un barco que estaban construyendo. Había habido una explosión y de allí salió en llamas. No había ni camilla, en un tablón lo sacaron los compañeros y lo llevan al Instituto del Quemado”, relató Sosa. Tres o cuatro meses antes, otro trabajador se había caído de una grúa y había muerto en el acto. “¡Hay que tomar el astillero!”, insistió, desde afuera, el Chango. Para convencer a los obreros que aún permanecían en tareas, los reunió con trabajadores de la planta Fiat, de Córdoba, que habían vivido una experiencia similar. El primer paso en Astarsa fue el paro. El herido, grave, continuaba internado. “La burocracia sindical llegó el 25 de mayo a la fábrica con la intención de levantar el paro e ir a conciliación obligatoria con la empresa. Decían que el compañero se estaba reponiendo, pero era mentira. Ya estaba muerto”, relató entre lágrimas. El vaso también rebasó entonces, entre los trabajadores. Esa noche, uno de ellos llamó a Sosa por teléfono: “Chango, venite que tomamos el astillero”. La administración de la empresa y algunos de sus dueños fueron tomados de rehenes. La 12 de Septiembre pasó a llamarse José María Alesio.

Los reclamos hacia la patronal eran varios: el despido del ficticio cuerpo de seguridad de Astarsa, “un médico que repartía aspirinas sin protocolo para accidentes y el cuidado para los trabajadores”, fue el primero y principal. Luego se sumaron la composición de un cuerpo de seguridad, salubridad e higiene integrado por trabajadores con inmunidad gremial, el pago de todos los días de huelga, la reincorporación de despedidos “por problemas políticos y gremiales en los últimos diez años”, la ausencia de represalias. No sólo el conflicto se ganó, sino que también hubo victoria en las elecciones de comisión gremial interna. Los delegados de la agrupación Alesio coparon las áreas de Astarsa y, por intermedio de una investigación de expertos de la Universidad Tecnológica Nacional, lograron probar que las tareas allí eran insalubres y, por tanto, reducir la jornada laboral a seis horas.

De allí, todo fue en picada hacia el peligro. “A partir de la toma, no-sotros crecimos, muchos compañeros de otros gremios venían a hablar con nosotros: Mattarazzo, Fate, Nesquik, Gilera, Ford, Terrabusi. En la zona éramos la vanguardia”, contó Sosa. Con esa potencia, intentaron disputar el sindicato, pero antes llegó la intervención dispuesta por el gobierno de Isabel Perón. “Eso encendió la luz de peligro. Con el sindicato intervenido y la Triple A acechando fuerte en las calles, empezamos a quedar aislados. Tras cartón, la patronal metió gente infiltrada de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) en el astillero a trabajar. Ellos marcaron a todos los trabajadores que querían cambiar las cosas”, denunció.

Por su ruptura con Montoneros, Sosa había dejado Astarsa y Alesio a fines de 1975. Pero aún se veía con sus compañeros. “Los intenté convencer de que nos fuéramos del país, de que tomáramos una embajada, de que la cosa estaba realmente mala. No quisieron”, reveló. El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, el Ejército controló el ingreso de los obreros al astillero con nombre y apellido. Si alguno integraba la lista que le había otorgado a las Fuerzas la propia empresa, era detenido. No existe precisión de cuántos trabajadores fueron subidos ese día al camión del terrorismo de Estado. En el juicio que tiene lugar en los tribunales de San Martín por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros de astilleros y fábricas ceramistas durante la última dictadura militar, son 19 los casos de empleados de Astarsa desaparecidos que se están ventilando. Sus secuestros, no obstante, fueron cometidos fuera de la empresa.

El Chango zafó. Desde que rompió con Montoneros se mudó varias veces en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que en abril de 1976 se fue del país. Estuvo en España, en Francia y en México. Regresó con la llegada de la democracia, y luego volvió a España. Vivió en Madrid 35 largos años, con una única convicción: el terror de las botas tuvo su impulso en los escritorios de las empresas. “Lo que habíamos hecho en Astarsa se estaba replicando y había que pararnos de alguna manera. La burocracia sindical, asesina como siempre, instó a que nos frenaran las Fuerzas Armadas en connivencia con la patronal. Se tomaron la revancha.”