LATAM, crónica del vaciamiento de su filial argentina

Edgardo Llano (*) — 2020-06-18T23:39:22Z

El brutal anuncio del cese de operaciones de cabotaje en Argentina, pretendiendo mantener algunas operaciones internacionales a través de sus filiales extranjeras, confirman una estrategia de varios años de vaciamiento de su filial en nuestro país a favor de sus casas matrices en Chile y Brasil.

El brutal anuncio de LATAM del cese de operaciones de cabotaje en Argentina, pretendiendo mantener algunas operaciones internacionales a través de sus filiales extranjeras, confirman una estrategia de varios años de su filial en nuestro país a favor de sus casas matrices en Chile y Brasil.

Hace pocos días Roberto Alvo, CEO de LATAM dijo desde la sede de Santiago de Chile que antes de la crisis del coronavirus tenía cerca de 42.000 personas trabajando entre todas sus filiales pero que en la actualidad, dadas las circunstancias, solo necesitaba 5.000 para poder funcionar. Con honestidad brutal, expresó Las verdaderas intenciones del grupo empresario en el mismo momento en que disponía a repartir dividendos por 57 millones de dólares entre sus accionistas tras haber tenido ganancias globales en el período 2015-2019 por unos 800 millones de dólares. Simultáneamente, el holding se apresuraba a pagar una cuantiosa deuda de aproximadamente 37 millones de dólares que años antes había contraído con Inversiones Odisea Limitada, la empresa familiar del presidente de Chile Sebastián Piñera (quien, hasta 2010, había sido el principal accionista de LAN Chile).

En línea con esta estrategia de descargar el mayor peso de la crisis sobre sus propios trabajadores, el holding chileno-brasileño ya había dispuesto reducir a la mitad los salarios de su personal en todo el mundo; iniciar despidos y suspensiones masivas en varios países; cerrar filiales; solicitar subsidios con fondos públicos a los gobiernos que los ofrecían y acoger al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos a varias de sus filiales. Por esta última decisión, el reparto de dividendos quedó temporalmente postergado. El resultado hasta el día de hoy es: casi 5000 trabajadores despedidos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, muchos de los cuales habían aceptado contra su voluntad la reducción del 50% de sus salarios para no poder perder su empleo. Lo perdieron igual. Para el holding LATAM la pandemia era una oportunidad que no debía desaprovecharse. Incluso en Perú y Ecuador los sindicatos elevaron denuncias contra el grupo empresario por no brindar efectiva protección sanitaria a su personal y ocultar casos positivos de COVID-19 en el mismo.

La Argentina y la filial del grupo nuestro país se convirtieron en el último obstáculo a resolver. Durante los cuatro años del gobierno de Macri - Cambiemos, seguramente con la intención de convertir a la filial argentina en una empresa de bajo costo (low cost) que alimentara las rutas troncales a través de los Hubs del grupo de Santiago de Chile y San Pablo, Brasil, la estrategia de LATAM fue reducir gradualmente sus instalaciones en nuestro país para trasladarla a sus dos sedes principales. Desmanteló su call center y lo trasladó a Santiago de Chile. Desmanteló sus despachos de operaciones locales y los derivó a despachos remotos ubicados también en Santiago de Chile y San Pablo. Tercerizó todo su sector de cargas aéreas, armando empresas "externas" con sus propios empleados. Cerró sus oficinas y operaciones en Bahía Blanca y San Juan. A través de su estrategia de "Intercharge" logró operar desde Argentina con aviones de matrícula chilena.

En este marco, no fue sorpresa para nadie que mientras el holding reportaba ganancias por 800 millones de dólares en el período 2015-2019, su filial Argentina presentara pérdidas por 280 millones de dólares entre 2018 y 2019. Todo ello mientras sus principales CEOs en Argentina ocupaban los más altos cargos en el gobierno nacional, los organismos aeronáuticos e, incluso, su competidora estatal Aerolíneas Argentinas.

La pandemia de COVID-19 que sacudió al mundo le dio la oportunidad para completar su tarea de retirada de Argentina. Al negarse los sindicatos representativos de su personal a aceptar reducciones salariales ni suspensiones; al disponer el gobierno nacional la prohibición de efectuar despidos, y al obligar el Ministerio de Trabajo de la Nación a la empresa a pagar el 100% de los salarios, LATAM aceleró sus planes y finalmente dispuso el cese de sus vuelos internos, intentando mantener algunos vuelos internacionales a través de sus filiales extranjeras.

A diferencia de otras líneas aéreas y empresas vinculadas al transporte aéreo que, a pesar de la profunda crisis, negociaban con los sindicatos del sector condiciones laborales y salariales que respetaran los ingresos y la estabilidad laboral de sus trabajadores/as, LATAM sólo mostró intransigencia. Rechazó toda propuesta sindical tanto en forma directa como en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo; Rosario Altgelt, su CEO en Argentina, jamás compareció en dichas audiencias mientras mostraba mucho más interés en disputar el cargo de vicepresidenta del Coloquio de IDEA, usina del neoliberalismo empresario local; rechazó la disposición de dicho ministerio que, dando la razón a los sindicatos, la obligaba a pagar el 100% de los salarios.

Respecto al gobierno nacional, su actitud no pudo ser más extorsiva. Solicitó que la mitad de sus salarios fuera pagada a través del subsidio oficial ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), con lo que si lograba su propósito de abonar sólo el 50% de los salarios no hubiera tenido que desembolsar ni un solo peso. Al cambiar ahora su estrategia, anunciando el cese de operaciones al mismo tiempo que le presenta el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), apunta a poder pagar sólo la mitad de las indemnizaciones que por ley corresponde, violando de paso las disposiciones del DNU Nº 34/2019 (Emergencia pública en materia ocupacional), que prevé la doble indemnización en caso de despido hasta el 10/12/2020 y el DNU Nº 487/2020 (Emergencia Sanitaria), que prevé la prohibición de despidos hasta él 31/7/2020.

Para completar este cerco sobre sus propios trabajadores y eludir sus obligaciones legales en nuestro país, la empresa ha comenzado ofrecer "retiros voluntarios" de carácter individual, que nuestros sindicatos han recomendado rechazar por su carácter extorsivo y leonino.

Como no podía ser de otra manera LATAM ha pretendido justificar todo esta estrategia en buscar culpables: la pandemia, los sindicatos y el gobierno. Nada más alejado de la realidad. Esta es una crisis provocada durante años por el propio grupo empresario que ha encontrado en la trágica pandemia que azota al planeta una buena excusa para reducir al mínimo su presencia en Argentina a intentar flexibilizar al máximo las condiciones laborales y salariales de su propio personal.

(*) Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y Secretario General Adjunto de la CTA de lxs Trabajadorxs.

Trabajadoras y trabajadores aeronáuticos en lucha

Edgardo Llano (*) — 2018-11-09T17:40:41Z

El jueves 8 de noviembre, los 12.300 trabajadores/as del grupo Aerolíneas Argentinas – Austral realizaron asambleas y retención de tareas durante 10 horas por la política salarial de la patronal.

Cumpliendo con el mandato otorgado y ratificado a las comisiones directivas de los siete Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APA, APLA, APTA, ATCPEA, ATEPSA, UALA y UPSA) en el Plenario Nacional realizado el 27/9/18 en el centro recreativo de APA, por el cual se las facultó a adoptar todas las medidas gremiales, legales y políticas que apunten a frenar la nefasta política aérea del gobierno macrista, todo el personal de Aerolíneas Argentinas-Austral se expresó en forma contundente.

Trabajadores y trabajadoras del grupo, afiliados a todos los sindicatos, en todo el país, en todos los sectores y en todos los turnos, ejercieron su derecho a discutir en asambleas y hacer retención de tareas en protesta por la decisión empresaria de no respetar el acta firmada en paritarias en 2017, homologada por el entonces Ministerio de Trabajo y ejecutada durante todo 2018. La patronal pretende desconocer la cláusula de ajuste por inflación (gatillo) de septiembre y dilatar el inicio de la nueva negociación colectiva hasta enero de 2019, con lo que congelaría de hecho los salarios del último cuatrimestre de 2018, que ya registra los niveles más altos de inflación y devaluación de toda la gestión de Cambiemos.

Pese al inmenso aparato de desinformación desplegado por el gobierno y su red de medios de comunicación adictos, que llevó incluso a los periodistas de los grupos Clarín y La Nación a incentivar a los pasajeros afectados a descargar su bronca contra los trabajadores, la medida de fuerza fue contundente y dejó bien claro que el estado de asamblea es permanente en toda la actividad aeronáutica.

Movidos por la ambición de lucro, gran parte del gabinete, encabezado por el propio presidente Macri, dejaron muy claro que su defensa a ultranza de su modelo “low cost” tiene por objetivo convertir al transporte aéreo en un negocio particular de grupos económicos a los cuales están asociados directa e indirectamente, desconociendo que se trata de un servicio público, una industria y un factor fundamental de soberanía, integración y desarrollo.

La desastrosa política aérea, que pomposamente han llamado “revolución de los aviones”, sumada a la desastrosa política económica nacional, no sólo se propone desmantelar e, incluso, hacer desaparecer a las empresas estatales (Aerolíneas-Austral, Intercargo, la fábrica de aviones Fadea), sino que ya está afectando a empresas privadas como Andes y Latam, que han comenzado a reducir drásticamente rutas, operaciones, flota y personal, lo que inevitablemente llevará a próximos conflictos.

Tenemos un presidente y un ministro de Transporte que suprimen el apoyo estatal a sus propias empresas y atacan permanentemente los “subsidios” a las mismas -mientras con fondos públicos se construye el aeropuerto de El Palomar para que lo usen sus grupos favoritos (FlyBondi y otros) y los gobiernos de Tucumán y Córdoba, así como el municipio de Bariloche subsidian a esos mismos grupos privados. Tenemos un ministro de Transporte que, en el foro más importante del transporte aéreo latinoamericano, expresa su admiración por el ministro de Transporte peruano porque en Perú “no hay empresa de bandera” y califica a los trabajadores aeronáuticos argentinos y sus sindicatos como “dinosaurios” que defienden “una falsa visión de soberanía en los cielos”.

Queda claro que, frente a este grupo depredador que pretende apropiarse del patrimonio de todo el pueblo argentino, no hay otra alternativa que la lucha en defensa de los puestos de trabajo con salarios y condiciones dignas y de una aviación nacional al servicio del país.

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos y los miles de trabajadores/as representados estamos preparados para la larga y dura lucha que ya ha comenzado.

(*) Secretario General de APA
Secretario Adjunto de la CTA

Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

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