Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

El salario del miedo

Guillermo Wierzba (*) — 2020-12-20T13:13:32Z

La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales.

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

Alternativas contrapuestas
No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del '70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del '80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.

El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.

La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).

El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

El significado de la financiarización
Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos
El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.

En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.

Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.

Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.

El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Techo y Libertad

Guillermo Wierzba (*) — 2020-11-01T13:36:51Z

El derecho de propiedad y a la vivienda en las constituciones de 1949 y 1994.

En estas en últimas semanas la derecha argentina agita alarmada una supuesta escalada de “tomas de tierras”. Esta campaña denuncista es parte de un pregón constante del poder concentrado del empresariado argentino en “defensa” de la propiedad privada. Esa defensa le supone el carácter de irrestricto, ilimitado e indiferenciado. La cuestión no se remite a la propiedad sino que se extiende a una definición de sus esferas de incumbencia y a una encarnizada resistencia al establecimiento de un necesario, moderno y progresivo régimen tributario en el país.

Fiel a sus raíces históricas, los grandes propietarios de tierras se comportan recogiendo los viejos rasgos culturales de sus antecesores: presumen que tienen derechos preexistentes a la Nación. Como se ha escuchado a los que socorrieron en custodia de los Etchevehere, tienen perfiles racistas –se escuchó proclamar la vocación por matar “negros de mierda” en audios difundidos por medios y redes—, y le adjudican a la Constitución Nacional el rol excluyente de la defensa de la propiedad privada. Carentes de conceptos, pocas otras cosas se escucharon de las bocas de los “autoconvocados”.

La instancia galvanizadora entre los grandes propietarios de tierra y las Fuerzas Armadas golpistas fue la “conquista del desierto” a la cual su jefe [Julio Roca] caracterizaba de esta forma, según cita de Ricardo M. Ortíz en Historia Económica Argentina (Plus Ultra, 1971) : “El viejo sistema de las ocupaciones sucesivas… legado por la conquista, obligándonos a diseminar las fuerzas nacionales en una extensión dilatadísima y abierta a todas las incursiones del salvaje, ha demostrado ser impotente para garantizar la vida y las fortunas de los habitantes fronterizos constantemente amenazados. Es necesario abandonarlo e ir a buscar al indio en su guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiéndose en seguida, no en una zanja abierta en la tierra por la mano del hombre, sino la grande e insuperable barrera del Río Negro… Hemos perdido mucho tiempo y puede afirmarse que cualquiera de los esfuerzos sucesivos que se han realizado a medida que la población crecía y se sentía estrecha en sus límites… hasta nuestro decoro como pueblo viril… nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza a un puñado de salvajes que destruye nuestra principal riqueza y nos impide ocupar definitivamente, en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República”. Norberto Galasso en Historia de la Argentina (Colihue, 2011) expresa: “Puede resumirse esta larga lucha como la acción de la sociedad blanca – un verdadero genocidio— ejercida sobre poblaciones indígenas. Por supuesto que allí podía jugar el prejuicio racista, pero en definitiva, se trataba de apropiarse de tierras… Así como fueron exterminadas las fuerzas del noroeste entre 1862 y 1864 para imponer la dependencia del Imperio Británico, así como fue arrasado el Paraguay para poder consolidar el pacto de la oligarquía con los ingleses, así el despojo fue el objetivo fundamental que persiguió ‘la conquista'». Miles de muertos en el Sur, miles de muertos en Chaco y en el noroeste, una masacre en el Paraguay, decenas de prisioneros en la Patagonia, nutridos contingentes que cruzaron la cordillera y huyeron a Chile. El origen de la propiedad de los Luro, Unzué, Drysdale, Armstrong, Elortondo, Shaw, Leloir, Duggan, Bemberg, Guerrero, Quintana, Martínez de Hoz, fueron estas prácticas de persecución, masacres, cautiverios, expulsiones y usurpación. En el Norte y en el Sur. Aquí la “honorable” estirpe de la oligarquía propietaria de tierra del país, cuyos sucesores en el poder se desvelan por las “tomas” de los sin vivienda de la Argentina que dejó el neoliberalismo. A las primeras familias, dice Galasso, se agregaron sociedades anónimas que apropiaron tierras como los Braun y los Menéndez Behetty.

Los Etchevehere son hijos de Arturo, quien fuera candidato a Vicepresidente del dictador Aramburu cuando se presentara con el sello de UDELPA, ocho años después del golpe de 1955 que había derogado la Constitución Nacional sancionada en 1949. Ese texto establecía en su artículo 38 que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”. Ninguna legalidad fundó la habilitación de amputar estos derechos. Sólo la fuerza de la captura del Estado por métodos ilegales, bombardeando a civiles indefensos y desarmados en la Plaza de Mayo. El padre de don Arturo fue gobernador de Entre Ríos y autoridad máxima de ADEPA, militando en el radicalismo antipersonalista, su tocayo y nieto fue presidente de la Sociedad Rural, ministro de Macri y procesado judicialmente por sus comportamientos sospechados con fuertes indicios de corrupción. De larga historia en la provincia los Etchevehere del presente manejan el entramado judicial y la lógica de poder que provocó el desalojo de su hermana Dolores.

Imágenes que duelen

Otro ignorante de la Constitución Nacional, de la de 1949 y de la actual, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, twitteó que «usurpar» es un delito y por lo tanto el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son obligaciones que se deben garantizar desde su fuerza de seguridad. El ministro no conoce que el derecho a la vivienda también está garantizado en ambos textos constitucionales, en los artículos 11 y 37 de la de 1949 y en el 14 bis de la vigente actualmente. Que no existe prioridad ni preeminencia de unos derechos sobre otros. Dicho claramente, el derecho a la propiedad no prevalece sobre el derecho a la vivienda. De manera que no debería estar tan contento el médico militar, ya que se puso al servicio de un Poder Judicial que tuvo contubernio con todos los golpes de Estado, que constituye una fuerza de reserva de poderes reales que desconsideran la legalidad vigente y que se funcionalizaron con todas las dictaduras. Berni protagonizó dolorosas imágenes, en las que se ocupó en aparecer como en las películas policiales importadas protagonizando el rol de “comandante en jefe de la propiedad privada”, rol poco peronista para quien incansablemente se ocupa de identificarse con esa identidad. Debería pegarle una lectura al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que incluye el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11 prevé el derecho a la vivienda, tan sacrosanto como el derecho de propiedad que invoca. En esas acciones que dirigió, desalojó de tierras ocupadas a familias de los sectores más vulnerables de la sociedad, en un operativo sorpresivo —tempranero— y utilizando un dispositivo represivo con un despliegue de un número de efectivos que decuplicaron a los pobres expulsados, procediendo posteriormente a la destrucción de sus habitáculos. Doble vara, porque no tuvo ni la misma capacidad ni la misma templanza para evitar que se le desmadrara hace poco tiempo –por una aducida reivindicación salarial— la fuerza que comanda en su provincia, ni tampoco mostró la vocación de protagonista que exhibió en esta ocasión. Pero las cosas en su lugar, el pretendido cruzado no fue otra cosa que el mandadero de estructuras judiciales que muestran putrefacción, no sólo para proteger a fiscales corruptos asociados con agentes de inteligencia de potencias externas, sino para operar como defensoras de la propiedad, a la que asumen con la matriz y los contornos de los tortuosos orígenes de la relatada triste historia de despojos.

Los derechos económicos, sociales y culturales

Nuestro país ratificó el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en febrero 1976, hace cuarenta y cinco años. Estableció su rango constitucional supralegal hace un cuarto de siglo. Si bien la exigibilidad del cumplimiento de los derechos allí establecidos no requería un cumplimiento inmediato, el tiempo transcurrido haría exigible que hoy todo argentino contara con una vivienda digna. Sin embargo, se ha retrocedido en lugar de avanzar. Actualmente son más las viviendas precarias y las tomas por extrema necesidad. Porque es mayor la pobreza y la concentración del ingreso. En los años transcurridos los pregoneros del liberalismo neo han sostenido que los derechos económicos y sociales son falsos derechos. Quisieron amputar del derecho internacional a los derechos económicos y sociales. Pero salud, educación, vivienda, alimentación son derechos humanos. Derechos positivizados constitucionalmente en esta Nación. Con la misma envergadura que el derecho a la propiedad.

Esos derechos de acceso requieren del presupuesto estatal. El empresariado concentrado se empeña en defender el derecho de propiedad hasta el extremo de extenderlo al ámbito potencial de toda la actividad productiva, reclamando que cualquier ejercicio de la misma le corresponde al sector privado. A su vez, se resiste al pago del impuesto a las grandes fortunas en tiempos de pandemia, pide rebajas de retenciones, no se aviene a reformas tributarias progresivas. Sin esas imposiciones no habrá presupuesto para atender los derechos sociales. No será posible cumplir la Constitución. El Estado tiene como deber hacerlo, convenciendo y disciplinando. El derecho de propiedad quiere ser extendido por el poder concentrado hasta el punto de cuestionar el derecho del Estado de participar en la economía. Es el camino de la degradación de la democracia, de su subordinación al mercado, del vaciamiento de la ciudadanía. No del derecho de propiedad, sino de la propiedad por encima de la Ley. Es la pretensión de que la propiedad preceda a los propios derechos políticos, de la consolidación del poder y la fuerza por encima del derecho. Es el proyecto del gobierno como marioneta de las grandes empresas.

Así lo dicen la AEA, los señores Rocca, Pagani, Magnetto, Galperín y sus acompañantes banqueros. Han militado para impedir la intervención del poder público de una firma que cometió fraudes contra el Estado nacional, bancos públicos, productores argentinos, proveedores y acreedores extranjeros. Pero no sólo impidieron la intervención, el salvataje y la expropiación de Vicentin, a pesar de ser procedimientos que se encuadraban perfectamente en las previsiones del artículo 17 del texto constitucional vigente. También han pregonado que el Estado no debe participar de actividades del Comercio Exterior.

El Contrato Social

La lideresa del Frente de Todos ha advertido en su último mensaje respecto de los problemas por los que atraviesa la economía argentina debido a su carácter bimonetario. Ese rasgo pernicioso proviene de la conducta permanente del capitalismo financiero y el capital concentrado de fugar divisas al exterior. Ese comportamiento ha sido determinante de la bimonetización de las últimas décadas. En los últimos 30 años se fugaron más de 400.000 millones de dólares según estimaciones proyectadas con la metodología del CEFID-AR, el centro que más investigó sobre la cuestión. Por otra parte, existe una conducta recurrente de las grandes exportadoras de granos y sus derivados y, también, de otros bienes tradicionales demandados internacionalmente por productores e intermediarios concentrados de la zona núcleo a realizar prácticas de retención de granos, aceites, harinas y oleaginosas para provocar devaluaciones que devienen en subas de precios internos y pérdidas del valor y determinadas funciones del peso.

La ex Presidenta habló de un acuerdo en relación a esta cuestión. Una referencia que expresa en la coyuntura la reflexión sobre la necesidad del contrato social que hiciera en su libro Sinceramente. La experiencia indica que es indispensable que el Estado tenga una herramienta de intervención en el Comercio Exterior que regule el mismo y evite toda sangría de divisas, en el espíritu del artículo 40 de la Constitución de 1949, respetando su contextualización en la coyuntura. Del mismo modo resulta indispensable la permanencia de los mecanismos e instrumentos reguladores de la cuenta de capitales y el balance de pagos de la economía, y la desdolarización del mercado inmobiliario. En tal sentido el concepto de propiedad privada irrestricta, que hoy se manifiesta culturalmente en una minoría activa del país, no se ajusta a la prescripción constitucional, ni a una visión humanista de los acuerdos necesarios para el futuro nacional. Tampoco a las necesidades de un adecuado funcionamiento de la economía nacional ni a una política para el desarrollo y la igualdad.

La restauración de funciones perdidas por la moneda nacional requiere de esas intervenciones y del fin de la era de volatilidades cambiarias y devaluaciones. También necesita alcanzar un acuerdo en la distribución del ingreso que evite recurrentes pujas distributivas con impactos inflacionarios. El próximo año, con el fin de la pandemia, será necesaria una vigorosa recuperación de la demanda. Porque sin demanda no hay inversión ni aumento del PBI. Es impensable una suba del PBI por impacto de un crecimiento en las exportaciones en un mundo en crisis como el actual. Las exportaciones deberán crecer, diversificarse y progresar en áreas de alta tecnología. Esta posibilidad devendrá de la inversión en ciencia y tecnología y del despliegue del mercado interno. Sin mejora de la distribución y sin crecimiento del salario y de su participación en el ingreso será imposible ese rumbo. Tampoco lo será si no se pone coto a la fuga de dólares y si no se recupera el restablecimiento de la fortaleza del peso.

Sin función económica del Estado, este círculo virtuoso no funcionará. Los años de neoliberalismo han mostrado el fracaso del Estado ausente como política de desarrollo. El espíritu de la función de la propiedad presente en la doctrina de la Constitución de 1949 readquiere vigencia para las necesidades de la economía post pandémica. Con los 400.000 millones de dólares que se fugaron, la Argentina hubiera podido tener resuelta la atención del derecho a la vivienda y una economía mucho más desarrollada con un mejor nivel de vida. Es necesario tomar conciencia de que el sentido del voto por la fórmula del Frente de Todos reveló el hastío de los programas de ajuste que nunca devinieron en mejoras de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos. La época de transición necesaria para el país requiere la adopción del principio expuesto por el artículo 39 de ese texto constituyente: «El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino».

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Proyectos en pugna

Guillermo Wierzba (*) — 2020-10-11T14:39:43Z

Hoy en el desenvolvimiento de los acontecimientos económicos resulta evidente que el bloque de poder beneficiado por el anterior gobierno de Cambiemos atenta contra la estabilidad del gobierno nacional y popular y apunta a impedir que pueda desplegar la política que el voto ciudadano sancionó en las urnas en octubre de 2019. Esta política tiene como contenidos la recuperación del nivel de actividad económica y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sostenidos en la generación de empleo y la promoción del desarrollo a través de la inversión productiva, apoyada con el aumento de la productividad. La mejora de los procesos tecnológicos y el impulso del entramado pyme fueron subrayados por el Presidente en su discurso del 1° de marzo de este año. Así como también el establecimiento de “reglas claras de inversión que estén alejadas de abusos monopólicos y posiciones dominantes de mercado”. Al poco tiempo de la apertura de sesiones del Congreso, la pandemia generó fuertes limitaciones en el desenvolvimiento económico, no sólo en Argentina, sino también en América Latina y a nivel global.

El establishment beneficiado por el gobierno de Macri, y el patrón de acumulación financiera que instaló generaron en la economía, en la política y en el Poder Judicial, conductas y acciones destinadas a impedir y desviar acciones de gobierno, con el objetivo de evitar que se alcancen las metas de una sociedad más igualitaria y una economía diversificada y desarrollada.

Las presiones cambiarias sufridas por la retención de los productos de exportaciones tradicionales del país atentan contra un programa de diversificación productiva y mejoras del ingreso de las mayorías. Aspiran a provocar una devaluación de la moneda, aprovechando las enormes dificultades financieras externas que dejó el recientemente finalizado gobierno neoliberal. Intentan establecer una estructura de precios relativos que dé continuidad al proyecto reprimarizador de la economía.

En un texto de la CEPAL (2017) titulado Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina, Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo Lavarello sostienen la necesidad de “diseñar e implementar políticas industriales y tecnológicas capaces de dar respuesta, desde la periferia… no sólo para reducir brechas tecnológicas que nos separan de los países centrales, sino para evitar que estas se amplíen aún más, agudizando la restricción externa al crecimiento y… la dificultad para generar empleos bien remunerados”. La conspiración de la derecha económica y política en la Argentina conduce a situaciones que provocarían el movimiento inverso en términos de puestos de trabajo y salarios. En el artículo de ese libro titulado La industria manufacturera y su encrucijada, Martín Abeles y Anahí Amar sostienen que la cuestión central de una agenda de cambio estructural y progresivo no remite a la mayor o menor convicción acerca de la necesidad y eficacia de las políticas industriales y tecnológicas –aunque ello resulta, en opinión de los autores, una condición sine qua non— sino a la existencia o no de un actor o coalición social capaz de orientar la agenda estatal en esa dirección”.

La Argentina tiene valiosos ejemplos históricos en los que la construcción de una coalición social, tal como valora el libro de CEPAL, sostuvo e impulsó un cambio fundamental en el patrón de acumulación económica, en la estructura productiva y en las relaciones sociales. El primer gobierno peronista fue un ejemplo paradigmático de un cambio estructural que permitió la transición hacia un país industrial con un rápido crecimiento del empleo y de los salarios y la conformación de un mercado interno de una economía mucho más diversificada que la del modelo exportador que la precedió. Es interesante analizar como, ante el cambio en las condiciones internacionales provocadas por la crisis del '30, se esbozaron dos propuestas de reconversión:

el Plan Pinedo, que no pudo alinear una coalición tras de sí que le permitiera desplegarse y
el peronismo, que luego irrumpió y logró construirla.

El Plan Pinedo

El Plan Pinedo intentó una reconversión que implicaba una industrialización especializada articulada en una cadena de valor con la producción agraria que había predominado en el período anterior. Pinedo expresaba taxativamente: “La vida económica del país gira alrededor de una rueda maestra, que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura”. Para esta opción era necesario conseguir lo que Pinedo no logró: la articulación de la élite del modelo agroexportador alrededor de esta propuesta que modificaba la dinámica de la etapa anterior. Murmis y Portantiero en Estudios sobre los orígenes del peronismo expresan que los sectores del agro estaban divididos entre los que resistían a cualquier intervención estatal que intentara modificar la lógica de las ventajas comparativas vigente hasta la crisis del '30, y que se identificaba con un liberalismo pleno (los criadores de CARBAP) y los que eran más permeables a estos planteos pero finalmente permanecieron en la indecisión o la neutralidad (los invernadores de la Sociedad Rural), a los que se agregaba la UIA que respaldó el proyecto, principalmente atraída por las medidas restrictivas de importaciones.

Estos autores caracterizan que el plan estaba dirigido a salvar a las industrias que se desarrollaron en manos de la élite tradicional. En cuanto al desarrollo industrial, ajeno a la cadena exportadora, el plan prioriza la industria de la construcción, relegando a la manufacturera detrás de ella. Rapoport et al reseñan que en relación al déficit comercial el plan proponía un control selectivo de importaciones y amplias medidas de estímulo a las exportaciones basadas en incentivos cambiarios y facilidades financieras. También sostienen que una característica clave del plan era la reorientación del Comercio Exterior hacia Brasil y los Estados Unidos. Juan Llach, en su artículo El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo, hace una caracterización sintética del plan como “La estrategia que no fue: industrialización exportadora y especializada en materias primas nacionales y acercamiento a Estados Unidos”. En tal sentido Rapoport menciona como dato destacado el acercamiento de Pinedo a la potencia del norte, y su impulso de un proyecto de creación de un Banco Panamericano y una moneda interamericana. Resulta inconfundible que en la histórica confrontación entre la construcción de la Unidad Latinoamericana que promovieran Bolívar, Monteagudo, Felipe Varela, Manuel Ugarte y José Ingenieros y el panamericanismo de la doctrina Monroe, el Plan Pinedo hubiera sido un paso decisivo en esta segunda opción.

Llach glosa el rol que el plan reservaba al sector público “hay que circunscribir la intervención del Estado… ya muy amplia… es indispensable que el Estado cree las condiciones favorables y ofrezca el incentivo necesario a fin de que esas actividades (privadas) adquieran todo el impulso de que son capaces para combatir eficazmente la depresión que comienza… La función del Estado es establecer orientaciones generales de política económica o social que son, desde luego, de su exclusivo resorte”. Estas definiciones parecen muy cercanas a las que hace unas semanas hicieron en un comunicado conjunto la AEA con los dirigentes de la CGT.

Aldo Ferrer en La economía argentina señala que “el Plan de Reactivación Económica de Federico Pinedo… fue la expresión más avanzada… por la normalización política y una nueva política económica… [que incluía el apoyo] a las industrias… asociadas a la transformación de materias primas… La política propuesta implicaba un realineamiento de la política internacional con un acercamiento a los Estados Unidos (…) subsistía en esta postura, la tradicional concepción del desarrollo como proceso subordinado a la potencia hegemónica”. Así, el Plan Pinedo expresaba la reconfiguración del patrón de acumulación económico, que ya no podía regresar a la etapa previa a 1930 pero que pretendía sostenerse en el mismo bloque dominante de aquel período, ahora remodelado como oligarquía que abarcaba un núcleo de actividades más diversificadas.

Rapoport señala que el perfil de esas políticas de industrialización, de acercamiento con los Estados Unidos y de normalización política demandaban de un acuerdo que poseía pocas posibilidades en 1940. Esos debates, sin embargo, significaban el comienzo de un cambio al interior de las clases dirigentes que sería profundamente afectado por la llegada del peronismo. “Este último dará a la problemática de la industrialización y de la vinculación de la Argentina con el mundo una respuesta diferente, apoyado en otras bases económicas, políticas y sociales”.

El peronismo

El arribo del peronismo significó un enfoque diametralmente opuesto al del Plan Pinedo en relación con la industrialización del país. Tanto en la política económica, como respecto del bloque social dinámico en la etapa y en política exterior. El papel del Estado fue fundamental en la dirección de ese proceso, con la elaboración de planes quinquenales y herramientas no mercantiles que definían la asignación de recursos. El bloque de clases en el que se apoyaba el gobierno integraba por primera vez a los trabajadores de una industria en potente ascenso, junto a una burguesía heterogénea en la que participaban sectores tradicionales, ahora como una oligarquía diversificada, pero también y con gran dinámica una burguesía nacional en ascenso que dependía del mercado interno y de la solvencia de los salarios para diversificar su producción. Un protagonista fundamental para financiar la industrialización fue el IAPI. Ese organismo intervenía en el comercio exterior con mecanismos que asignaban parte de la extraordinaria renta agraria diferencial que posee la Argentina a promocionar el desarrollo industrial. El direccionamiento del crédito y la regulación cambiaria fueron políticas clave en el despliegue de una economía en la que la industria pasaba a contribuir decisivamente en el tamaño del PBI.

Con posterioridad en las otras etapas de nacionalismos populares siempre se sostuvieron políticas de distribución progresiva del ingreso, de crecimiento del empleo y de los salarios. Sin la radicalidad del IAPI, el sostenimiento de medidas que establecían tipos de cambio diferenciales entre el sector tradicional de alta productividad natural y la industria con productividad internacional más baja fue un elemento central del patrón económico. Una alternativa muy frecuentemente utilizada han sido las retenciones, que

1. promueven la diversificación productiva,
2. a la vez significan un ingreso tributario progresivo y
3. desdoblan el precio de los productos transables internacionalmente entre el de exportación y el de venta en el mercado interno.

La tercera característica defiende el poder adquisitivo de los sectores populares, que tienen ingresos fijos en moneda local. La reimplantación de niveles adecuados por parte del actual gobierno nacional y popular al inicio de su mandato significó un acierto político. La recuperación del enfoque de Marcelo Diamand respecto a la política necesaria para una “estructura económica desequilibrada” es un elemento indispensable del enfoque estratégico de un proyecto de desarrollo.

Pero actualmente se enfrentan presiones de sectores concentrados, reteniendo los bienes exportables en épocas de pandemia, que merecen el repudio popular y una acción enérgica del Estado para normalizar la situación. La medida de reducción temporaria de las retenciones que se adoptó no obedece a necesidades del sector, ya que el precio de las materias primas –entre ellas la soja— están subiendo fuertemente en el mercado internacional. En términos de la lógica del proyecto, tal vez la dirección de las medidas hubiera ido en sentido inverso. Sin embargo la ausencia de un actor público en el sector externo que pueda intervenir adecuadamente en la regulación de la exportación de granos, permite ejercicios especulativos que constriñen la disposición de divisas por parte del gobierno nacional, que en esta instancia ha decidido la merma en la tasa de los derechos de exportación, esperando que los especuladores depongan su actitud y viabilicen las exportaciones liquidando las divisas que estas originen. Sin embargo, se escuchan reclamos de sectores agrarios y agroindustriales que promueven la permanencia de la reducción y hasta la quita de las retenciones. Quieren el modelo Pinedo. La herencia del neoliberalismo dejó la presencia de un oligopolio de grandes transnacionales que controlan el comercio internacional de granos. La generación de una institucionalidad o empresa testigo que desarme esa estructura es una necesidad para el despliegue del proyecto democrático, nacional y popular.

El arribo del peronismo en 1945 también conllevó la tercera diferencia sustancial respecto de la remodelación oligárquica que representaba el Plan Pinedo. La política internacional respondía a lo que se conceptualizó como tercera posición, que significó su no alineamiento y su ubicación en la reivindicación de la lógica de la Unidad Latinoamericana. Perón impulsó la idea de la integración económica con el Brasil de Vargas y el Chile de Ibañez.

La Argentina se alejaba así del proyecto panamericanista, y con esto completaba el cambio radical de época que significó la emergencia del peronismo. Esta política resurgió en los doce años de kirchnerismo con el impulso a la UNASUR, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, la dinamización de un Consejo Sudamericano de Defensa y la creación de la CELAC. Fue una época de respeto a la no intervención en los asuntos internos de los países de la región y de mecanismos colectivos que impedían los golpes de Estado, de auténtica defensa de la democracia. Sin embargo con posterioridad mediante el desalojo de los gobiernos populares del poder mediante golpes clásicos o institucionales, o por medio de la metodología del lawfare, los gobiernos de derecha desarticularon las valiosas instituciones de Unidad Latinomericana y crearon otras, tributarias del panamericanismo, como el PROSUR y el Grupo de Lima. El reciente voto de la Argentina en Naciones Unidas con relación a Venezuela alineado con este último es erróneo, porque no se corresponde con la tradición del nacionalismo popular, respetuosa de las doctrinas Drago y Calvo y consustanciada con la Unidad Latinoamericana.

La pandemia ha restringido los grados de libertad de la política económica, sin embargo, el gobierno popular de Alberto Fernández ha dispuesto un conjunto de medidas para paliar sus efectos y ha manifestado permanentemente que la salud pública constituye una prioridad. La peste impide la potencialidad de la movilización popular callejera. El uso de esta imposibilidad por parte del establishment para trabar la acción de gobierno resulta ostensible e ilegítimo. Es necesario agudizar la creatividad para desplegar la potencialidad popular a pleno para reafirmar el rumbo, corregir desvíos y, lo fundamental, desarticular las presiones de la plutocracia.

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Pie foto 1: Federico Pinedo y Juan Perón, la diferencia entre decir y hacer.
Pie foto 2: Pinedo, según Caras y Caretas.
Pie foto 3: La herramienta maestra.
Pie foto 4: Perón, Getulio Vargas e Ibáñez del Campo, el ABC.
Pie foto 5: Kirchner, Evo, Lula y Chávez, la UNASUR.

El Consejo Económico Social

Guillermo Wierzba (*) — 2020-09-20T14:30:30Z

Virreyes en caída

La desilusión del pueblo argentino con el proyecto neoliberal fue una de las consecuencias contundentes de los años del gobierno de Cambiemos. Esos cuatro años no sólo provocaron la vivencia de un fracaso en las mayorías que no lo votaron y en buena parte de los que sí lo hicieron. El fracaso podría adjudicarse al entendimiento de una gestión mal hecha de una política que habría tenido posibilidad de éxito si la gestión hubiera sido encarada con mayor eficiencia. No es lo ha ocurrido con el tercer episodio de liberalismo neo de las últimas cuatro décadas. No ha dejado una percepción de ese carácter en el balance ciudadano. Las conclusiones en el imaginario popular son de una índole diferente. Pertenecen a la desilusión definitiva respecto a una mirada sobre la política, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la vida. Así de devastadora fue la experiencia, conducida y gestionada en forma directa por los dueños del poder económico, sus amigos y sus serviles gerentes y asesorada por presuntuosos apologetas de la teoría ortodoxa devota del pensamiento único.

Al final de los cuatro años del gobierno de Macri se vivió una crisis descomunal, cuya causalidad en la política aplicada fue obscenamente indisimulable. Todo se derrumbó con estrépito, las alquimias teóricas, las ambiciones de extender a perpetuidad un modelo que sus ejecutores y cultores sostuvieron un bienio, hasta concluir en un naufragio sin pausa que legó un país destrozado por la ONG de la cultura de la antipolítica, aliada con los herederos de un partido centenario que abandonaron todo principio para hacerse de una porción del poder. Sólo salvaron los trapos las ganancias personales de los que ocuparon el poder, sus socios, sus allegados y sus camaradas de la plutocracia que concentra el poder económico en Argentina.

La pandemia que prosiguió al desmán que desató el gobierno del Presidente Macri fotografió la Argentina desigual, empobrecida, injustamente saqueada. Porque la valorización financiera es un patrón de acumulación sustentado en el saqueo, porque el dispositivo macroeconómico de las gestiones de la dictadura, el menemismo y sus variantes continuistas y el cambiemita, es el mecanismo de un régimen de desposesión del pueblo. De sustracción. De violación de derechos humanos.

El país discute hoy la post-pandemia. Se vuelven a evocar planes que en otras épocas fueron banderas para la construcción de otra Nación. Huerta Grande y La Falda, el de la CGT de los argentinos, el del plan trienal, el de los 26 puntos de la CGT Brasil. No es ociosa la insistencia y la repetición de estas propuestas históricas, hundidas por las dictaduras y la censura privada de los grandes medios de comunicación. Porque es indudablemente cierto que cuando la concentración económica inunda los medios masivos de noticias y opiniones, emergen nuevas lógicas de censura. De administración del tiempo que excluye el debate con los proyectos que molestan a los poderosos.

Tan cierto es esto, que se dedican ríos de tinta a la repetición de ideas, de planes, de concepciones que dejaron en ruinas la economía nacional. Como la declaración de la AEA, asociación de grandes empresarios que predican el no pago de impuestos, cantan loas a la inversión privada que nunca llega –y que si lo hace— es a costa de condiciones que les aseguran rentas y nunca para proyectos que les implicaría correr el riesgo que siempre pregonan, pero del cual huyen.

El disco rayado

El empresariado concentrado insiste en el mismo libreto. El neoliberalismo como política de Estado. Su representación más poderosa, plana y fundamentalista, la AEA, define los siguientes postulados en unas rústicas y desviadas “Instituciones para el Desarrollo” que formulan con circunspecta y acartonada formalidad, pero carentes de rigor, inteligencia, voluntad e intuición:

Movilización plena de las energías del sector privado. (Es decir, exclusión del Estado como planificador, direccionador y actor directo del proceso económico.)
Conquistar mercados externos. (A costa de bajar los costos laborales con políticas flexibilizadoras y con metodologías de competitividad espuria, pues nada dicen de la inversión en ciencia y tecnología.)
Evitar los controles de precios. (Predican la definición mercantil de estos por parte de empresarios concentrados para reducir los salarios, acumular ganancias y luego fugarlas al exterior.)
Garantizar el derecho de propiedad. (O sea que la posesión de medios de producción no genere ningún compromiso con el uso de la misma en pos del beneficio social, sino que sea guiada a la obtención de la mayor ganancia.)
Vociferan contra el impuesto a las grandes fortunas, mezquinos de cualquier disposición solidaria a contribuir para paliar las consecuencias de la grave pandemia que nuestro país también sufre como parte de la comunidad mundial.

En un power-point a la moda, la UIA en “Hacia una nueva normalidad: propuestas para la reactivación productiva”, adorna con toques de estilo desarrollista su acomodamiento al mismo neoliberalismo como política de Estado:

Macroeconomía que fomente el ahorro local y busque gradualmente salir de los controles y las regulaciones cambiarias. (Curioso que una propuesta que se propone como productivista se inicie reivindicando la apertura de la ruta para la fuga de divisas, sin preocuparse por el cuidado de un insumo vital para el desarrollo industrial.)
El segundo principio esgrimido es una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción. (Esta formulación insinúa la devaluación como fórmula preferida para la competitividad, es el camino de la ganancia rápida y espuria en lugar de promover la genuina intervención pública y la apuesta empresaria a la innovación.)
La reducción de la nominalidad parece una advertencia preocupada respecto de recuperaciones del salario en la post-pandemia, temiendo que esas mejoras anulen la competitividad inducida por el precio de la divisa. Tal vez, por eso no proponen medida alguna de aumento salarial para impulsar la demanda.
Quejas sobre una supuesta presión tributaria excesiva.
La intervención del Estado es reivindicada desde el planteo de la continuidad de los auxilios con los ATP, la aplicación intensiva del REPRO, las propuestas de moratorias impositivas. Todas ayudas al empresariado. Enfoque corporativo y sectorial sin preocupaciones por un proyecto de Nación.
La gran ausencia del programa empresarial de la UIA es el debate sobre la distribución del ingreso.
El power-point dedica su propuesta núcleo a abogar por la construcción de consensos e instituciones, mediante lógicas y prácticas de diálogo. Esa propuesta no se restringe a plantearlo en el ámbito social y sectorial, sino que también pregona el encuentro constructivo entre el oficialismo y la oposición política. Nuevamente asoma la pretensión de un consensualismo del estilo “Pacto de la Moncloa”. Con un poco de reformismo pro-industrialista dentro de la globalización financiera, el documento se confiesa como la versión light de la política de Estado neoliberal. Pero very fashionable.

Embrión de consenso y movilización para un proyecto nacional y popular

El 28 de agosto un conjunto de organizaciones de empresarios nacionales pymes, organizaciones sindicales, cooperativas de trabajo y movimientos sociales con inserción productiva presentaron una cantidad de coincidencias básicas, que resultan en una importante expresión embrionaria de la construcción de un proyecto nacional. Porque la trampa de la “grieta” no es otra cosa que el intento de conservar al neoliberalismo como política de Estado y acusar a la opción nacional y popular como confrontativa. La derecha usa ese vocablo “grieta” en defensa del diagnóstico apologético del fin de la historia. Atrasan, los muchachos. Les pasó el cuarto de hora de ese clima (cuarto de siglo).

Alumbran, los vientos de cambio, con un conjunto de concepciones articuladas por organizaciones como la CTA de los Trabajadores, el sector combativo de la CGT agrupado en la Corriente Federal de los Trabajadores, las Agrupaciones Grito de Alcorta y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, ambas herederas de la auténtica Federación Agraria Argentina. A los que se suman toda la gama de representaciones del pequeño y mediano empresariado industrial del país: la CGERA, la agrupación José Ber Gelbard, APYME, la CEEN, la Fundación Pro Tejer, un conjunto de afluentes en el MNUP y un nutrido grupo de federaciones de cooperativas de trabajo como FACTA, CNCT, FECOOTRA Y CONARCOOP. Los mencionados son sólo una parte de múltiples participantes. Pero lo decisivo son sus formulaciones programáticas:

Un Estado activo, presente en la orientación, la regulación y la planificación. Atento a las necesidades sociales. Aquí se nota la raíz de la propuesta. Su carácter democrático opuesto al liberalismo neo que rechaza la planificación de la economía y deifica la asignación mercantil (a cargo de las firmas dominantes en los mercados concentrados) de la economía.
Promueven la inversión pública en infraestructura, con motorización del empleo, con el objetivo de revertir la errada asignación de recursos e injusta distribución del ingreso.
Plantean la participación de los sectores sociales y productivos populares en la toma de decisiones.
Expresan decididamente que la recomposición del mercado interno es el motor del desarrollo nacional.
Reivindican la recomposición del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
Apoyan el aporte extraordinario y solidario ante la emergencia del Covid-19, entendiéndolo como el punto de partida para una reforma impositiva de carácter progresivo, que respete una segmentación en la que la carga tributaria mayor recaiga sobre los sectores de mayores ingresos.
Se pronuncian por una negociación con el FMI que excluya condicionamientos que inhiban la recuperación económica y social.
Rechazan las tradicionales políticas de estabilización antiinflacionarias, que con fundamentaciones de raíces monetaristas o fiscalistas, proponen ajustes que conducirían al agravamiento de las condiciones recesivas.
Rechazan la financiarización y proponen una Reforma Financiera, que ponga al sistema al servicio de la producción .
Promueven la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, como así también medidas que cierren la fuga de capitales, eviten la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.
Descartan que las devaluaciones cambiarias sean el método clave y adecuado para evitar la escasez de divisas y advierten su sesgo regresivo en la redistribución de ingresos.
Reconocen el carácter de servicio público de la provisión de gas, luz, agua y combustibles.
Proponen una política agraria democrática que grave el latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias y promueva la agroecología y la chacra mixta.

La misión del Consejo Económico y Social

Este acuerdo inicia una discusión respecto de la misma misión del Consejo Económico y Social. No es ocioso el debate en relación a si se trata de un organismo asesor, de un ámbito de consenso corporativo o de un espacio de participación popular como desafío para la construcción de una democracia amplia, en la que la representatividad sea un elemento indispensable pero insuficiente. Parafraseando un decir de la época: “Sin la representación electoral no se puede, pero con ella sola no alcanza”. Una lectura inadecuada y regresiva del Consejo sería la búsqueda de la aprobación de los poderes fácticos de la concentración económica en pos de un supuesto “realismo político” que inhibiría los cambios, quizá con algunas concesiones a una homeopática dosificación en la ampliación de derechos ciudadanos, que garantice hegemonía para una lógica continuista. A esto se lo denominó en la tradición del arte político “gatopardismo”: cambiar algo para que nada cambie.

El comentado y analizado proyecto de unidad entre sectores de la producción y el trabajo, cuyas ideas se exponen en este artículo, aporta a la vocación virtuosa: la construcción de una democracia participativa. Expresa la orientación que expresara el Presidente en varias oportunidades: luego de la pandemia debemos pensar en otra sociedad más igualitaria, más humanista, menos consumista. Claro que los lineamientos iniciales no completan el grado de definición que el decurso de una política transformadora demanda. Pero marcan un rumbo. Le dan un instrumento de gran valor al gobierno nacional, que fue elegido para poner fin al modelo neoliberal y que se propuso no incurrir nunca más en la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste en que sistemáticamente nos hundieron las experiencias afines a la financiarización del país.

El agrupamiento que presentó las coincidencias básicas no debería ser un actor más, sino un espacio fundamental en una mesa donde se discuta el Proyecto de largo plazo para el país. Ese Proyecto necesariamente marcará un rumbo. Ese rumbo no tiene el carácter de destino. No se trata de despejar en el debate ninguna posibilidad única. Los caminos de un proyecto de país siempre son varios y no están exentos de contradicciones antagónicas entre ellos. El que marca las coincidencias básicas es el de la ruptura con el liberalismo neo que tuvo varios episodios. Inaugurado con el Programa de Martínez de Hoz y uno reciente –tal vez póstumo— con el descalabro de desposesión popular que terminó con el endeudamiento récord con el FMI.

Otra vez en la Argentina se organiza la posibilidad de una democracia con contenido popular y nacional, que comience a acometer las tareas de ruptura con las restricciones económicas que constituyen las condiciones de dependencia. Por supuesto, que los que suscriben las coincidencias básicas no representan la totalidad de los sectores populares que tienen esa aspiración. También se encuentra en pleno despliegue una conjunción de movimientos de los sectores más vulnerables que están construyendo su inclusión en la vida productiva a través de la economía popular. Ellos también tendrán que ser convocados con un rol clave a sentarse en el Consejo Económico y Social.

Como se ve, una perspectiva nacional, popular y democrática en nuestro país no se nutre del Pacto de la Moncloa. Son otras las condiciones. Es otra la geografía. Pero fundamentalmente son otras las aspiraciones políticas de una ciudadanía agotada de un régimen de desposesión económica y vaciamiento de la democracia por un liberalismo horneado en la dictadura terrorista. El gobierno del Frente de Todos se plantea otra Argentina.

En esa línea de reflexión concluía Cristina Fernández de Kirchner su libro Sinceramente, reflexionando que “ante la caótica situación que vivimos hoy como país y sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de esos enunciados y propósitos, pero me da la impresión que sólo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales… Y está muy bien, pero… creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político y lo institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo y distinto de lo que tuvimos… El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también de la participación y el compromiso de la sociedad… compatriotas… Tenemos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones… porque así no va más”.

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Imagen: Oskar Schlemmer, 1922

11 de Septiembre de 1973

Guillermo Wierzba (*) — 2020-09-13T15:55:09Z

Es una fecha que parte aguas entre dos proyectos para América Latina. Lo que luego se pudo reconstruir como alternativa popular con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa lo fue después de un cuarto de siglo del primer golpe terrorista de Estado que inició un retroceso en toda la región. La época de los '70 también tuvo sus gobiernos que emergieron como expresión y esperanza de una nueva oportunidad para una América Latina popular y democrática. Allende, Cámpora, Perón, Velazco Alvarado, Torres significaron un hito en la lucha por una América Latina unida, autónoma y con espíritu de disputa frente al capitalismo monopólico.

Hoy que la derecha agita tanto el concepto de “grieta”, merece recordarse como se puso fin en la década del '70 a los procesos populares que se habían abierto en el subcontinente. Ese final significó el inicio de una contrarrevolución mundial neoconservadora, que comenzó en el cono sur de nuestro continente con dictaduras que cometieron decenas de millares de fusilamientos y practicaron otras tantas detenciones-desapariciones, protegidas por el establecimiento de regímenes terroristas de Estado.

Los medios de comunicación hegemónicos, que no tenían el mismo despliegue tecnológico que en la actualidad, igual jugaron un papel decisivo en el apoyo a la destitución de la democracia, siendo cómplices de la restauración de la concentración del poder económico de los sectores tradicionales de oligarquías locales. Pero con la novedad adicional de haber abierto el paso a la valorización financiera y la financiarización del capitalismo, que volverían mucho más dependientes a los países de la región.

El diario El Mercurio de Chile titulaba el día posterior al establecimiento de la sangrienta dictadura, mientras se torturaba en estadios de fútbol, se fusilaba y se desaparecían militantes populares, “Junta Militar controla el país” “Hacia la recuperación nacional”. El texto que proseguía decía que “Tanto la opinión pública nacional como extranjera habían llegado a la evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que [podía] llevarlo a la dictadura marxista o a la guerra civil…se abre ahora la perspectiva de la recuperación mediante un intenso y disciplinado esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas…y reinicie el proceso de capitalización indispensable”…” Con innegable sacrificio y abnegación las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de salvaguardia última de la institucionalidad”, y con la hipocresía del periodismo autodenominado serio e independiente afirmaba que “Chile ha vivido al margen de la Constitución”. No estaban equivocados los estudiantes de la izquierda católica que en los días previos al golpe de Pinochet salieron a la calle con carteles que proclamaban “EL MERCURIO MIENTE”.

Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron al poder en el año 1970 con poco más del 30% de los votos y en dos años, con el desarrollo de un programa de raigambre popular alcanzaron en las elecciones parlamentarias niveles que superaron con creces el 40 %, afirmándose como primera minoría electoral y en creciente ascenso. Ese programa exponía que los participantes del poder concentrado tenían las siguientes características y conductas: “El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. Para que ellos se dignen seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

En lo propositivo y desarrollo de gobierno, la Unidad Popular tenía como objetivos poner en manos estatales el Comercio Exterior, la gran minería, el sistema financiero y de seguros, las grandes empresas y monopolios de distribución, los grandes monopolios industriales estratégicos o que controlaran servicios estratégicos. Mantener y desarrollar en manos privadas todas las actividades y empresas no concentradas que se desempeñen en las diversas áreas de la economía. Favorecer el nacimiento y promoción de un área mixta de economía estatal-privada, que fomente la articulación entre ambos sectores. La profundización de una reforma agraria, que acabe con el latifundio, la tierra improductiva, priorice la producción cooperativa y garantice la titulización de la propiedad campesina. El método de organización productiva que se pregonaba era que “La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”.

El golpe de estado en Chile fue precursor de la expansión del patrón político-económico neoliberal. Seguiría luego Argentina como otra experiencia piloto de la lógica que luego se expandió mundialmente como el capitalismo financierizado. Tanto la reprimarización económica, el agravamiento de la restricción externa, la concentración de la riqueza, el estancamiento, la profundización de las fluctuaciones del ciclo económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza y el retraso y dependencia tecnológica caracterizaron veinticinco años de agudo retroceso de las economías de América Latina. Chile fue el ejemplo paradigmático de estos rasgos, en él se consolidó una institucionalidad estabilizada del cambio de paradigma. Privatización de la educación y la salud, reforma regresiva del régimen jubilatorio y cambio regresivo de la organización de los trabajadores y la sociedad, hoy Chile vive una de las peores situaciones por la pandemia, que fue precedida por una rebelión popular que duró meses y que resistió la permanente represión por parte de un orden institucional de carácter formal, herencia de las políticas de las décadas de dictadura. Fue Chile el país elogiado por Von Hayek y Milton Friedman. Estos neoliberales como sus discípulos prefieren el liberalismo a la democracia y el autoritarismo de mercado a la participación popular y la planificación económica.

Símil de El Mercurio, en la Argentina el diario La Nación titulaba el día posterior al golpe de Pinochet: “Triunfó la Revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende” “Una junta militar se hizo cargo del gobierno para ¨restituir el orden institucional y restablecer la economía nacional¨”. Los liberales, en su forma neo, radicalizaban la intolerancia por la democracia de la voluntad general y coincidían en la concepción que El Mercurio hacía explícita: que la última salvaguarda de la institucionalidad sería la fuerza militar al servicio de la minoría del poder concentrado.

Cuarenta años después

Cuarenta años después, con un papel mucho más organizado, concentrado y tecnológicamente revolucionado, ante las nuevas experiencias de autonomía nacional y justicia social de América Latina, fueron esos medios escritos más sus multiempresas de radio, televisión, cable y redes sociales, las que jugaron un papel determinante en las políticas de lawfare y golpes institucionales para destituir proyectos nacionales, populares y democráticos. En otros casos, contribuyeron al despliegue de políticas de golpe de Estado clásico o crean climas para la intervención imperial directa. Esa concentración del poder mediático no se crea por sí misma sino como resultado de la oligopolización creciente de la economía, producto de la mercantilización completa establecida por el neoliberalismo con su privatización y predominio de las finanzas en el carácter del capitalismo mundial que sometió a las economías de América Latina a un endeudamiento creciente que trabó su desarrollo. Los modelos de liberalización de los mercados financieros, la penetración de la banca extranjera, el debilitamiento de los sistemas tributarios por la facilitación de las conexiones del gran empresariado con las guaridas fiscales, la titulización de la deuda pública, el sometimiento de ésta a jurisdicción extranjera, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los regímenes de flexiblización laboral, constituyeron el programa inverso a la perspectiva del proyecto de la Unidad Popular chilena o el de la CGT de los argentinos. Estructuralmente fueron acompañados por la reprimarización económica, la articulación en los eslabones menos avanzados tecnológicamente de la producción internacionalizada y el sometimiento a la copia de institucionalidades de los centros financieros como las regulaciones de Basilea o los acuerdos de la OMC.

El proyecto nacional y popular ha recuperado el poder en la Argentina. El grado de agresión de la derecha para imposibilitarle llevar a cabo un programa de cambios que desconcentre la riqueza y construya en base al valor de la igualdad, en el marco de un proyecto humanista, resulta de gravedad. El papel de los medios de comunicación concentrados en la construcción de una barrera para que el poder democrático pueda llevar adelante sus políticas es una cuestión crítica a abordar. Las organizaciones del empresariado concentrado rechazan cualquier opción que no sea el neoliberalismo como política de Estado. Su vocación de vaciar la democracia está radicalizada, mientras el eje con que motorizan la valorización de su capital es la conducta de parasitar en la financiarización.

En un comunicado con el título de torcido interés “Instituciones para el Desarrollo “, exponen un conjunto de principios de ideología de bolsillo que sólo tiende a afirmar las líneas regresivas con las que el neoliberalismo enfermó a Argentina. A manera de recetario – que evoca la caracterización del empresariado chileno que hace casi medio siglo hacía la UP- , sin ninguna riqueza cultural afirman que “El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.

El planteo de exclusión del Estado del actuar económico y de su acción empresarial sería la postergación definitiva del país. Más de un cuarto de siglo los firmantes han tenido la iniciativa para aplicar las políticas que reclaman nuevamente. En esos tiempos sólo especulaban en la lógica Endeudar y Fugar, como se titula el texto coordinado por Eduardo Basualdo. Frente a este planteo avieso corresponde la reivindicación de la acción económica estatal, no tímida, sino decidida en su papel de definidor de la política económica, rol empresarial y planificador para el desarrollo.

Más adelante sostienen que ”Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”

Los señores Magnetto, Rocca, Pagani, Coto y Ratazzi, vuelven a olvidarse de los derechos humanos, como lo hizo la precursora de la AEA que ellos constituyen –la CEA— cuando apoyó los golpes terroristas de estado para aplicar las políticas de Von Hayek, Friedman, McKinnon y Shaw. Esas políticas que recomiendan las aplicaron Cavallo, Martínez de Hoz, Prat Gay y Dujovne y lo que menos consiguieron fueron inversiones. Por otro lado, las inversiones no pueden ser cualesquiera, porque pueden llevar al retroceso. Para que conduzcan al progreso, las debe definir un plan y no el puro mercado. Pero más grave aún, ¡cómo no se van a congelar las tarifas de servicios que atienden a derechos humanos, cuando los ingresos no mejoran debido a la caída del nivel de actividad causado por la pandemia! Los servicios deben ser con tarifas reguladas y a niveles que garanticen el acceso de todos en condiciones de igualdad. Por eso no es anacrónico pensar en un proyecto en que esas actividades vuelvan a ser prestadas directamente por el Estado.

¡Por qué no se van a controlar precios! ¿Qué quieren esos señores que tienen una distancia intelectual enorme con dirigentes gremiales como Yasky, Palazzo o Amichetti? No argumentan nada, repiten consignas sin más. Señores de la AEA, hay que controlar los precios si se quiere domar la inflación y redistribuir el ingreso. Porque eso es necesario y recomendable en una economía con concentración de la oferta de productos esenciales y con puja distributiva provocada por un empresariado que se niega a ceder su posición en la regresiva distribución del ingreso que dejó el macrismo.

–¿De qué hablan cuando se refieren a impuestos confiscatorios?

– De la avaricia de multimillonarios insensibles frente a una peste que se despliega en todo el territorio nacional.

–¿Cuál es la pretensión?

–Que los gastos para afrontar la emergencia se financien con una nueva concentración del ingreso.

–¿A qué se refieren cuando plantean garantizar el derecho de propiedad?

–A hacer con los medios de producción lo que les da la gana, cuando el resultado de su uso es de interés social y nacional. Estos señores no quieren un jefe de Estado democrático, necesitan un capataz al mando de una republiqueta.

En defensa de la cultura nacional deben ser enfrentados con un duro debate por una enérgica y nueva intelectualidad argentina. La impunidad de la mediocridad intelectual del empresariado concentrado es un peligro para el futuro nacional. Máxime cuando financian a predicadores a repetición que pululan por medios de comunicación.

Dijo Allende: “Tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. A 47 años del 11 de setiembre de 1973 el programa democrático de Salvador Allende sigue vigente. El de los que lo derrocaron hundió a ese país en la desigualdad, profundizó su dependencia y dañó seriamente su cultura política. Este último proyecto está hoy en crisis y los dirigentes del continuismo pos dictatorial son repudiados por el pueblo que sufre las agudas consecuencias del programa de reformas del capitalismo de la rapiña financiera. La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresaria y comunicacional.

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Fuente: Cohete a la Luna.

La palabra

Guillermo Wierzba (*) — 2014-07-24T12:30:00Z

La Justicia norteamericana falló en contra de Argentina violando la doctrina Champerty que prohíbe la adquisición de papeles de deuda para litigar. Luego redobló su arbitrariedad determinando un criterio de pari passu (concepto que alude a la equidad) que establecía que la equivalencia del servicio de deuda reestructurada, con quita a los acreedores que entraron en el canje, se correspondía con el pago de la deuda total a quienes no habían tenido ese rol colaborativo atendiendo a la situación que atravesó Argentina a principios de siglo. Posteriormente, la cámara de segunda instancia ratificó el fallo y la Corte Suprema desconsideró la oportunidad de revisarlo. La reforma que habilitó la renuncia a la jurisdicción local, y que permitió la adopción de la extranjera, fue efectuada por la dictadura terrorista de Estado en épocas en que el Imperio fomentó el derrocamiento de gobiernos democráticos en nuestro subcontinente. A su vez, el trato del endeudamiento estatal omitiendo el carácter de deuda soberana y asumiéndola como privada resultó del ajuste de la legislación del país central a la financiarización en el fin de siglo del auge neoliberal.

Ahora cuando el juez Griesa quita el amparo y exige el cumplimiento de los términos de una sentencia que pone en riesgo la reestructuración de la deuda, los logros sociales de una década, la duplicación del PBI, el proyecto de industrialización y la autonomía financiera, economistas y políticos de la derecha argentina, bajo el manto de un falso y dañino “sentido común”, sostienen que es necesario “hacer lo que el juez diga”, someterse a la realidad de que “las cosas son así”, razonar acerca de la “irritación del juez provocada por un discurso que ofende”. Cuestionan la política del gobierno argentino que resolvió hacer uso de la palabra para denunciar en los distintos foros internacionales e informar al pueblo sobre la ilegitimidad de los fallos, aduciendo el falso argumento de los beneficios del sometimiento al amo (una corporación jurídicofinanciera) para promover su mejor consideración. Esta es, en su versión farsesca, una burda adaptación de la lógica de las “buenas señales a los mercados”, de la lógica “market friendly”, ahora en su versión “vulture friendly”. La actitud de subalternización al poder constituye –en la lectura neoliberal– el mejor camino para la mejora del bienestar, leído como una cuestión puramente material. Ese paradigma supone a la sociedad como un conjunto de consumidores y no de ciudadanos. El valor del crecimiento económico se le impone como única virtud. En su mirada, la omisión de la historia se extiende del pasado al futuro. No hace un balance de lo ruinoso de los resultados económicos de esas conductas cuando hegemonizaron la política y la economía del país. Tampoco valoriza los efectos futuros de una lectura que habrá de dar cuenta sobre un pueblo y una nación que habrían enfrentado con dignidad y autonomía de decisión una encrucijada de injusticias y dificultades frente a otra que informe sobre cobardías y sumisiones.

La vinculación de la economía con la política es estrecha e indisoluble. El intento de despolitizar el tema de los buitres proviene de la misma corriente que brega por despolitizar la economía. De la corriente que condena la intervención pública en la actividad productiva. De la que propone el culto a los mercados. De la que adhieren los políticos que pretenden reducir sus discursos y acciones sólo a un tema de gestión. De la que a fines del siglo XIX mutiló el nombre de la disciplina (Economía Política) e intentó recluirla en reductos académicos para quitarla del debate público y establecer un discurso único, el del poder.

Otros vientos corren en nuestro país. Otras voces suenan alto. Como para saber que el tema de los buitres no es sólo de pesos. Que el tema también es cultural. Que importa lo que chicos y jóvenes argentinos leerán sobre el mismo en las escuelas y universidades del 2050. Significará mucho lo que hoy están diciendo el ministro de Economía y la Presidenta de la Nación. Porque importan los hechos y las palabras (que también son hechos).

* Director del CefidAR.