Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Las cinco de Trelew

Luciana Bertoia — 2022-08-13T16:29:14Z

“Qué suerte: esta noche vamos a poder dormir”, pensó María Antonia Berger. Desde que los habían trasladado a la base Almirante Zar, los marinos se las ingeniaban para no dejarlos descansar. O hacían sonar un silbato o los hacían estar de pie o, peor aún, los llevaban a interrogar durante largas horas. Pero la madrugada del 22 de agosto de 1972 pintaba mejor. Incluso se entusiasmaba pensando que quizás en dos o tres días los podrían mandar de vuelta al penal de Rawson, de donde se habían fugado una semana antes. Era cuestión de tiempo. Estaba ahí el juez Jorge Quiroga, por quien no sentía demasiada simpatía porque integraba la Cámara Federal en lo Penal –o el “Camarón”, como se conocía entre la militancia al fuero “antisubversivo”–, pero podría ser una señal de que las cosas iban a encauzarse.

Cuando la noche ya estaba entrada, un ruido metálico la sorprendió. Era uno de los guardias que sacaba los candados.

–¿Qué hora es?

–Las tres y media –respondió.

Les ordenaron a los catorce presos y a las cinco presas que estaban ahí que salieran de las celdas y formaran una hilera. Cabezas gachas y mentón pegado al pecho. Primero pareció un verdugueo más al que los tenían acostumbrados, particularmente cuando estaba el teniente Roberto Bravo, pero después empezaron las ráfagas de ametralladoras PAM. Cuando la ráfaga se extinguía, se escuchaban los gritos y los gemidos de los compañeros.

En un primer momento, María Antonia no sintió dolor. Solo algo que la quemaba. Pensó que les habían apuntado a las piernas. Estaba aturdida, pero rápidamente se dio cuenta de que no era así: los tiros habían sido mortales. La vio tendida muerta a Ana María Villarreal de Santucho, la “Sayo”, como la llamaban los militantes. Sintió que María Angélica Sabelli, la “Petisa”, la agarraba del brazo y le decía que creía que estaba herida. Más tiros, más gemidos. La Petisa respiraba con mayor dificultad, casi roncaba, hasta que ya no la oyó más.

Empezó a escuchar tiros aislados. Tiros de gracia. Un guardiacárcel entró a su celda. Con gesto meticuloso, le apuntó a la cabeza. Sintió un estallido espantoso, como si fuera una bomba. Una bala le destruyó el maxilar, pero no la mató. Ni siquiera la dejó inconsciente. Afuera, los marinos murmuraban: “Bueno, ya saben. Nos intentó sacar el arma”.

Ella escuchaba y se dirimía entre querer morir de una vez y vivir. Un enfermero se le acercó y le tomó el pulso. “Está viva, pero se está desangrando”, gritó. María Antonia cerró más los ojos. El teniente Bravo se paró frente a ella. “Pero esta hija de puta no se muere, cuánto tarda en desangrarse”, se lamentaba el oficial rubión que rondaba los treinta años, como ella.

Un pensamiento la atravesó. Si ya estaba muerta, por lo menos iba a escribir los nombres de los asesinos. Pensó en el capitán Luis Sosa –el que los había conducido a la base aeronaval– y en Bravo –el verdugo que estaba a cargo de su “cuidado” en ese lugar–. Con las fuerzas que le quedaban, mojó el dedo en su propia sangre y escribió en la pared. LOMJE. Papá. Mamá.

Los marinos advirtieron que estaba escribiendo. Fueron con un tarrito con agua y lo borraron. Ella insistió. LOMJE. Libres o muertos, jamás esclavos.

PRESAS POLÍTICAS

Después de marzo de 1971 –cuando tuvieron lugar las protestas del Viborazo en Córdoba– empezaron a llegar las primeras presas políticas al Instituto de Seguridad y Resocialización Unidad 6 de Rawson. Era un penal enorme, ubicado a más de 1.300 kilómetros de Buenos Aires. Para febrero de 1972, la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse decidió trasladar a todos los presos políticos a dos cárceles de máxima seguridad: Rawson y Chaco.

La cárcel de Rawson tenía ocho pabellones. Seis estaban destinados a presos políticos. En el pabellón 5 estaban ubicados los principales cuadros de las organizaciones armadas. En los pabellones 7 y 8 estaban las presas políticas.

LA PETISA. María Angélica Sabelli fue una de las que poblaron las celdas de Rawson desde febrero de 1972, cuando cayó presa. Tenía 23 años, era estudiante de Ciencias Exactas y ya había comprobado la ferocidad del régimen al ser sometida a interminables torturas. Ella venía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En el Colegio Nacional de Buenos Aires, de donde había egresado en 1967, había conocido a Carlos Olmedo, fundador del grupo. A Olmedo lo mataron el 3 de noviembre de 1971 en Córdoba, en un operativo en el que también las fuerzas de seguridad asesinaron al compañero de María Antonia, Agustín Villagra.

La Petisa había participado en el copamiento de Garín. Era un personaje querido en la cárcel de Rawson, donde compartía con sus compañeras las charlas sobre política, tejido y anécdotas familiares. Cada vez que le llegaba una carta de su mamá, María Angélica Lema, o de su papá, Manfredo Sabelli, la leía en voz alta. Desde Rawson, ella les escribía a sus padres y a su abuela. Les contaba cuando nevaba o les avisaba que estaban autorizadas las visitas de novios.

El 10 de julio de 1972, María Angélica no pudo disimular su emoción cuando se comunicó con su familia: el día anterior había ido Héctor Cámpora a visitarlas y les había transmitido el apoyo del general Juan Domingo Perón. Afuera del penal hubo un acto en el que sonó fuerte la marcha peronista. Algo similar le pasó cuando les escribió el 4 de agosto de 1972: estaba esperando una publicación sobre el acto que el 28 de julio se había hecho en el estadio de Nueva Chicago. Estaba eufórica porque no solo habían estado los militantes sino también los laburantes de base.

Si algo les pedía era que fueran a verla, que ese fuera el único gasto que tuvieran que hacer por ella. También le reclamaba consejos a su mamá sobre qué hacer con dos agujas mientras pensaba en cómo terminar un echarpe en el que buscó descargar los nervios por lo que vendría.

Había que fugarse. Esa era la principal consigna que rondaba en la cabeza de quienes estaban presos en Rawson. Había que recuperar a esos hombres y mujeres para dar la lucha.

LA GORDA. Susana Lesgart había estado ocupada en los preparativos del escape. Mientras otras compañeras tejían pulóveres negros de cuello alto, como usaban los penitenciarios, o cosían las boinas con apliques blancos, ella había estado dedicada a acondicionar el uniforme del Ejército que iba a usar su compañero, Fernando Vaca Narvaja, para simular que era un teniente.

Como ella, Fernando era de Córdoba, y los dos militaban en Montoneros. Susana, o la “Gorda”, como la llamaban en el penal, tenía 22 años y era maestra. Venía de una familia de clase media del barrio General Paz, en la capital provincial. El padre tenía un negocio que se dedicaba a la venta de insumos médicos. En la casa de los Lesgart había tiempo para la música. A Susana, a diferencia de sus hermanas y de su hermano, le gustaba tocar el arpa. Cuando llegó el tiempo de ir a la facultad, optó por cursar primero Arquitectura y luego Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se integró a la Asociación de Estudios Sociales.

En poco tiempo, los estudios fueron perdiendo relevancia en su vida. La militancia empezó a ocuparlo todo. Estuvo dos veces en La Calera: primero, en el asalto al banco de 1969, y después, en la toma del año siguiente. Tras ese episodio, hay quienes la recuerdan dando vueltas por las calles de Córdoba para evitar que algún compañero cayera detenido. Por ese compromiso, la organización decidió enviarla a Tucumán.

En diciembre de 1971, cayó detenida y la mandaron a la cárcel de Devoto. De ahí, pasó a Rawson. Ese 15 de agosto de 1972, ella tenía un rol importante: debía colgar un pañuelo o un trapo en la ventana como señal de que la fuga estaba en marcha, pero algo salió mal. Un compañero que estaba con los vehículos que debían trasladarlos hasta el aeropuerto de Trelew malinterpretó la señal.

LA FUGA IMPERFECTA

–Bajate –le ordenó Susana a uno de los remiseros que habían llegado hasta la entrada del penal después de los llamados desesperados de Mariano Pujadas, al ver que los vehículos que debían sacarlos de ahí no estaban. Como pudieron, se acomodaron 19 presos políticos en los dos coches y se fueron. Cuando llegaron al aeropuerto, el avión ya estaba despegando.

Por tierra no podían escapar. Era suicida –como habría sido suicida escaparse a pie del penal de Rawson–. Eso estaba descartado. Tenían que atrincherarse en el edificio central del aeropuerto, pedir la presencia de un juez, de un médico y de los medios de comunicación. Se iban a entregar pero querían condiciones.

María Antonia fue elegida vocera por las FAR; Pujadas por Montoneros, y Rubén Pedro Bonet por el ERP. Ellos debían hablar con el juez Alejandro Godoy, con los periodistas y también con Sosa, que los trataba como si fueran soldados.

–Calma, calma, que acá no hay ninguna necesidad de gritar –lo atajó Pujadas a Sosa, mientras vociferaba y trataba con desdén a María Antonia.

Los militantes pedían volver a Rawson, incluso se ofrecían como mediadores si el penal todavía estaba tomado. El juez estaba de acuerdo. Los medios llegaron y se improvisó una conferencia de prensa en la que no faltaron curiosos.

–Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, pero vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, somos pacifistas, pero como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir el camino, debemos optar por la violencia –explicó María Antonia, envuelta en su gamulán.

Los combatientes depusieron las armas. Fueron saliendo del aeropuerto y se formaron antes de subir a un micro. A Susana el viento le agitaba el pelo castaño pero ni aun la posibilidad de volver a la cárcel le sacaba la sonrisa. Sonreía y miraba desafiante a los marinos.

En ese momento, Sosa les notificó que la dictadura de Lanusse había decretado la emergencia en la zona. El juez Godoy se disculpó diciendo que toda la situación se le escapaba de las manos y que el control ahora lo tenía el V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca. Sosa se salía con la suya: los militantes no volvían a Rawson, sino que iban a la base aeronaval Almirante Zar de Trelew.

LA BASE FINAL

Por radio escucharon que el avión había aterrizado en Puerto Montt. La felicidad les invadió el cuerpo mientras se acercaban hasta la base, adonde llegaron en la madrugada del 16 de agosto de 1972.

El trato de la Marina fue especialmente vejatorio con las cinco mujeres que fueron alojadas en la dependencia militar. Les revisaron cada pliegue de la piel, como si María Antonia, la Petisa, la Sayo, la Gorda o Clarisa Lea Place pudieran esconder armas dentro de su propia fisonomía.

A las mujeres las sometieron a tres interrogatorios. En algunos participaron hombres de civil, a quienes los militantes identificaban como parte de los servicios o integrantes de Coordinación Federal.

LA SAYO. “¿Cómo es que su marido se fue y usted no? ¿Qué pasa: su marido la ha dejado?”, interrogaban a una mujer menuda de 36 años que estaba detenida.

La prisionera era Ana Villarreal, conocida en la militancia como “Sayo”, por sus rasgos orientales. Era una mujer tímida, de pocas palabras y apariencia sencilla. Era la esposa de Mario Roberto Santucho y la madre de sus tres hijas, pero era también un cuadro duro del PRT-ERP. La Sayo era de Salta, pero había estudiado Arte en la Universidad de Tucumán. Ahí conoció a “Robi” y se casaron por civil en 1961.

No era la primera vez que la Sayo estaba detenida: había caído presa en una entrega de alimentos en una barriada pobre. En ese operativo, la balearon en una rodilla y la mandaron a la cárcel del Buen Pastor, de donde logró escaparse. Después, volvieron a detenerla en un ómnibus en Tucumán y, antes de llegar a Rawson, estuvo en el buque Granaderos y en la cárcel de Devoto. En el sur volvió a encontrarse con su marido.

Sus hijas la vieron por última vez en julio de 1972 en Rawson. El clima se notaba distendido en el penal. Las chicas pudieron hacer manualidades con la madre y caminar por los pasillos de la cárcel. Marcela, la hija del medio, tenía solo nueve años entonces. “Mis padres eran de dar el abrigo, de quedarse sin abrigo, de decirnos que compartiéramos los juguetes y que estudiáramos. Ellos militaban pero también nos querían criar como el Hombre Nuevo”, recuerda Marcela.

CLARISA. Más allá de los interrogatorios, lo peor para los presos era convivir con Bravo, el verdadero verdugo. Un día, pescó charlando a la Petisa y a Clarisa, uno de los principales cuadros femeninos del PRT y fundadora del ERP.

Clarisa era tucumana. Tenía 23 años y un carácter duro. Había estudiado Derecho en Tucumán y vivido en una pensión con Nélida “Pola” Augier. No tenían mucho, y lo poco que tenían lo usaban para comprar fibrones para hacer carteles o pintadas. A las cuatro de la mañana, las dos muchachas se levantaban para estudiar marxismo. Como parte de su formación militante, vieron juntas La batalla de Argel. Las acompañaba el mismísimo Robi Santucho, con quien Clarisa mantuvo una relación sentimental por algún tiempo.

Era menuda y le costaba llevar mucho peso, pero, a fuerza de voluntad, se las ingeniaba para moverse en el monte tucumano. Había intentado fugarse de la cárcel del Buen Pastor tiempo antes, pero el escape fracasó. Clarisa terminó herida en el brazo con una bala que se le escapó a uno de los compañeros que había ido a liberarla. Después la trasladaron a Rawson y, tras la fuga del 15 de agosto, estaba en la base Almirante Zar.

Ahí, Bravo les ordenó a las militantes que se pusieran cuerpo a tierra. Como no accedieron, llamó a un suboficial para que se los ordenara a punta de ametralladora. A los cinco minutos volvió y ordenó que se dieran vuelta. Tampoco hicieron caso. El suboficial tomó bruscamente a Clarisa por la cintura y ella hizo un gesto de resistirse. Entonces, Bravo martilló la pistola y la apoyó sobre la cabeza.

–Vas a morir, hija de puta –le espetó el teniente.

–No me mates –le pidió la muchacha.

La Sayo, la Gorda, la Petisa y Clarisa fueron asesinadas en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Las noticias del fusilamiento de los 19 presos políticos en Trelew causó conmoción en Rawson. Las presas, que seguían aisladas después del plan de fuga, le escribieron a la mamá de la Petisa una carta que ella atesoró hasta su muerte. “Sabemos el dolor terrible que debe experimentar, nosotros hemos perdido una compañera, una amiga de la cual hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que antes que uno mismo está la patria y la lucha por la justicia”, la consolaron.

SOBREVIVIENTES Y TESTIGOS

“Vos también acá, flaca”, la saludó Alberto Camps cuando vio que la entraban en una camilla a la enfermería. María Antonia estaba casi asfixiada con la sangre que brotaba de su boca destruida.

–Agua –le pidió a un enfermero, que se apiadó y con un algodón le mojó los labios.

Con el pulóver ensangrentado, esperó a que llegaran los médicos desde la Base Naval de Puerto Belgrano para operarla. Se despertó recién en el avión que la llevaba hacia Bahía Blanca, donde ya estaban sus compañeros Ricardo “Turco” Haidar y Camps.

Haidar fue el último en ser intervenido. Era el que estaba en mejores condiciones. Cuando Camps se despertó, él fue el encargado de contarle la magnitud de la masacre.

–¿Cuántos se salvaron? –preguntó el militante de las FAR.

–Nosotros tres –respondió su compañero de Montoneros.

–¿Quién es el tercero?

–María Antonia.

En la noche del 24 de mayo de 1973, todo era algarabía en el penal de Villa Devoto. Faltaban pocas horas para que asumiera el Tío Cámpora. Las elecciones –ese sueño lejano– se habían concretado y lo que se escribía en las paredes se estaba volviendo verdad: Cámpora al gobierno, Perón al poder.

En una celda de la cárcel, donde solo entraban dos cuchetas, se acomodaron los tres sobrevivientes de la masacre y el periodista Francisco “Paco” Urondo. Cerca de las nueve de la noche, Paco prendió el grabador y ellos hablaron. Hablaron hasta pasadas las cuatro de la madrugada. La entrevista se publicó en agosto de ese año bajo el título de La patria fusilada.

–A veces alguien se me acerca y dice: “¿Me podés contar, si a vos no te molesta?”. Para nosotros, relatar lo de Trelew es una obligación. Para con nuestro pueblo, por todos los compañeros que murieron allí –le dijo Camps a Urondo.

–Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden –completó Haidar.

REPRESALIAS

Si para la militancia la masacre de Trelew fue un impulso para redoblar el compromiso, para las fuerzas represivas fue un punto de partida de lo que sería el exterminio. Las familias de las mujeres asesinadas en Trelew fueron un blanco de la represión.

Seis meses después del asesinato de la Sayo, las tres niñas Santucho fueron enviadas a Cuba. Robi pensaba que iban a estar más tranquilas para estudiar, pero ellas pidieron volver tiempo después. En 1975, en un afán de usarlas como rehenes, fueron secuestradas y llevadas a distintos campos de concentración. Finalmente, pudieron volver a Cuba. Entre otros, perdieron a su tía Manuela Santucho, que era como una segunda madre para las chicas, y a su padre, en julio de 1976.

Para el segundo aniversario de la matanza, el padre de María Antonia denunció que sufrió unos operativos inusitados en su casa y en la de su madre en Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. En marzo de 1977, la Brigada de Investigaciones de Lanús condujo un operativo brutal en la vivienda donde residía el médico de 66 años. Lo asesinaron y lo enterraron como NN en el cementerio de Lomas de Zamora.

Al padre de Clarisa, Arturo Lea Place, lo mataron en diciembre de 1975. Los tres hermanos de la Gorda están desaparecidos: María Amelia, Adriana y Rogelio Lesgart. Los padres de la Petisa Sabelli iniciaron una demanda civil contra el Estado por el asesinato de su hija. Tuvieron que exiliarse. Se radicaron en Italia. María Angélica, la madre, se suicidó en 1977. El padre, Manfredo, enfermó y murió al año siguiente.

MARÍA ANTONIA

Meses antes del golpe de Estado de 1976, María Antonia Berger era responsable de la zona oeste de Montoneros. Cristina Pflüger –militante y trabajadora del hospital Posadas– todavía recuerda con emoción cuando la vio en una actividad que estaban organizando con la Juventud Peronista en Morón en julio de 1975. Cristina estaba embarazada de Ernesto, su primer hijo, y la panza le impedía movilizarse con facilidad. Por eso, María Antonia las subió a ella y a otra compañera embarazada al auto y las alcanzó. En esos meses, María Antonia solía manejar el Fiat 600 que el padre le había regalado a Silvia Tolchinsky, otra militante de la zona.

La salida del país de María Antonia fue difícil, cuentan sus compañeros de Montoneros. Algunos creen recordar que cruzó en un bote, escapando de los grupos de tareas. En el exilio, integró el Consejo Superior Montonero como secretaria adjunta de la rama femenina. Era frecuente verla con Adriana Lesgart, la hermana de la Gorda, hablando con partidos políticos o con organizaciones de derechos humanos.

En 1978, estuvo en París cuando se discutía el boicot al Mundial de fútbol en la Argentina. En enero de 1979, estuvo en México cuando se hizo la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Hacia allí habían viajado referentes de los organismos de derechos humanos. Angela “Lita” Paolín de Boitano, madre de dos detenidos-desaparecidos e integrante de Familiares, la conoció en ese momento. María Antonia estuvo entre quienes le dijeron a Lita que no iba a poder volver a la Argentina porque estaba marcada: había viajado con un joven militante que, en realidad, estaba secuestrado por la Marina.

María Antonia estaba preocupada por la situación de Familiares. Cuando volvieron al país como parte de la Contraofensiva, le pidió a otra compañera, Diana Schatz, que fuera a avisarles que habían estado infiltrados y que se cuidaran. Graciela Lois se vio varias veces con Diana, a quien conocía como “Anita”. La última vez que la cruzó fue en la fila en Avenida de Mayo para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de eso, la secuestraron y la asesinaron.

El 16 de octubre de 1979, se llevaron a María Antonia de la zona de Tapiales, La Matanza. Por dichos de sus captores, Tolchinsky supo que su antigua responsable estuvo cautiva en Campo de Mayo. Según pudo reconstruir, María Antonia habría compartido la casa con su hermano, Daniel Tolchinsky, y con su cuñada, Ana Wiesen–que, en 1972, había sido parte del apoyo externo a la fuga de Trelew y partió en el avión que María Antonia no llegó a abordar–. A los dos los secuestraron entre el 19 y el 20 de octubre de 1979.

Poco se sabe del destino final de María Antonia –uno de los bronces de la militancia montonera–. Probablemente haya estado al tanto de que Camps había caído en 1977 en una casita de Lomas de Zamora, que compartía con su compañera y con sus dos hijitos. El Turco Haidar logró esquivar a sus verdugos hasta diciembre de 1982, cuando fue secuestrado, llevado a la ESMA y desaparecido. La dictadura terminó, así, con el reguero de muerte que iniciaron los fusiladores de Trelew.

Ilustración: Andrea Toledo.

Publicada originalmente en: https://carasycaretas.org.ar/2022/08/07/las-cinco-de-trelew/?amp=1

Reabren la investigación a directivos de Acindar por crímenes de lesa humanidad

Luciana Bertoia — 2022-05-26T13:48:24Z

La Cámara Federal de Casación ordenó volver a investigar la responsabilidad de dos exdirectivos en el operativo de marzo de 1975 que dejó un centenar de víctimas. Un caso emblemático de responsabilidad empresarial.

La represión tocó el cordón del Paraná un año antes del golpe de Estado. Las fuerzas armadas y de seguridad coparon el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución, donde tenía sede Acindar –la empresa siderúrgica cuyo directorio presidía José Martínez de Hoz, que después sería el ministro de Economía de la dictadura– y donde el sindicalismo combativo venía creciendo desde 1973. Las víctimas superaron el centenar. Durante 45 años, la impunidad de los directivos de Acindar pareció de acero. En 2020, un juez de Rosario procesó a dos de ellos, pero, al tiempo, la Cámara Federal de esa ciudad desvinculó a uno y alivió la situación del otro. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal acaba de revocar esa decisión y volvió a poner a los dos exdirectivos –Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo– en carrera para ser juzgados en un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

A Juan Actis lo detuvieron el 20 de marzo de 1975. Estaba en casa de su hermana porque estaba enfermo. Los únicos que sabían dónde se estaba quedando eran los jefes de la empresa porque él les había informado. Concretamente se lo había hecho saber al área de Personal, que estaba en manos de Pellegrini. De allí debe haber salido el dato que derivó en su secuestro.

A Pellegrini lo procesó el juez Marcelo Bailaque en marzo de 2020, cuando se cumplían los 45 años de la represión en Villa Constitución. En julio del año pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó su responsabilidad en los secuestros, pero lo desresponsabilizó por ocho asesinatos de personas que trabajaban en Acindar o estaban vinculadas a la actividad de la empresa que se fundó en 1942. Pellegrini no fue el único favorecido por los camaristas rosarinos. A Torralvo aún le fue mejor porque le dictaron una falta de mérito.

Torralvo era otro de los directivos de Acindar. Algunos testimonios lo ubican como jefe de Contaduría y otros lo mencionan como integrante del área de Personal. Esa indeterminación le jugó a favor cuando la Cámara de Rosario evaluó su situación. Hay un dato adicional que lo terminó beneficiando: la justicia no tiene su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no validó el criterio del tribunal de apelaciones de Rosario y dijo que había mirado las pruebas de manera descontextualizada como sostuvieron las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, Casación revocó las faltas de mérito con las que habían beneficiado a Pellegrini –en el caso de los homicidios– y de Torralvo y ordenó que se vuelva a dictar un nuevo fallo.

“En las causas en que se juzgan delitos de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto en el que se desarrollaron los hechos ni del carácter clandestino de las operaciones”, escribió el camarista Mariano Borinsky que lideró el acuerdo de la Sala IV. Su colega Gustavo Hornos exhortó a que se dicte un nuevo fallo y que se lo haga con celeridad por tratarse de hechos sucedidos hace ya casi cinco décadas. Javier Carbajo adhirió a lo que dijeron sus dos compañeros de la Sala.

“Es una resolución muy importante en cuanto permite responsabilizar a los partícipes civiles por los delitos más graves”, evaluó Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en comunicación con este diario.

"Es una decisión particularmente relevante en un contexto judicial actual de grandes obstáculos para el tema de responsabilidad empresarial", le dijo a Página/12 Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica en la SDHN e investigadora del Conicet y del Área de Economía y Tecnología de Flacso.

“Tanto respecto de Pellegrini como de Torralvo, Casación retoma fuertemente no sólo las afirmaciones empíricas y probatorias específicas respecto de estos imputados sino que también brinda criterios para la imputación y para mirar estas cuestiones: que el contexto es decisivo y que hay que integrar las pruebas. Estas mismas cuestiones estuvieron en el centro de la discusión sobre el sobreseimiento reciente de Juan Ronaldo Tasselkraut en la causa Mercedes-Benz, y por lo tanto este pronunciamiento de Casación refuerza criterios fundamentales respecto de cómo pensar las responsabilidades empresariales en estas causas”, añadió Basualdo.

Los civiles de Acindar

Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, considera que la Sala IV fue receptiva de lo que habían planteado sobre Torralvo. “Habíamos cuestionado cómo la Cámara de Rosario lo desvinculó pese a que era uno de los jerárquicos de Acindar que estaba más compenetrado con la represión. También dijimos que hay estándares internacionales que cumplir en estas investigaciones y que la prueba que se colectó durante la instrucción era suficiente para sostener el procesamiento”, le explicó la abogada a Página/12.

En el fallo de Casación, quedó en claro que hay elementos para sostener que los ejecutivos jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos e incluso les pagaron sobresueldos, les franquearon el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica, les dieron información y hasta confeccionaron un listado de potenciales blancos.

Como parte de la represión en Villa Constitución, 21 personas fueron asesinadas, nueve desaparecidas y 66 fueron secuestradas, según informó la SDHN. La represión en Villa Constitución se denunció muy tempranamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recogió información en el lugar, pero la investigación de un caso emblemático de la responsabilidad empresarial sufrió un sinfín de demoras. Como correlato de esa dilación, otros dos civiles quedaron fuera del juicio como Pedro Aznarez y Juan Thibaud.

La urgencia de las víctimas
En marzo pasado, el juez Bailaque elevó a juicio a 25 procesados por la represión en Villa Constitución –entre ellos, Pellegrini estaba por algunos casos y no era de la partida Torralvo. El 22 de abril pasado, se señalizó la planta de Acindar como sitio de memoria. A las horas se integró el tribunal que deberá juzgar la represión en Villa Constitución y, al mes, Casación volvió a poner en carrera para ser enjuiciados a los dos ejecutivos.

“Las señalizaciones permiten mostrar la urgencia de las víctimas. Es auspicioso que el Poder Judicial escuche el reclamo de las víctimas ante la necesidad de que por fin se vea la prueba acumulada y se haga justicia”, comenta Basualdo.

Sin embargo, la justicia no llegó a tiempo para Victorio Paulón, militante de la Lista Marrón en los ‘70, secretario de Derechos Humanos de la CTA e integrante de la comisión directiva del CELS, que fue uno de los principales impulsores de la investigación sobre la represión en Villa Constitución. Paulón, que decía que el caso Acindar era el más acabado ejemplo de la responsabilidad empresarial con la dictadura, falleció el 5 de mayo pasado.

Publicada originalmente en: https://www.pagina12.com.ar/424339-reabren-la-investigacion-a-directivos-de-acindar-por-crimene