Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Estela Díaz: el área de género en la provincia "estaba devastada"

Mariana Carbajal — 2019-12-31T02:16:15Z

Daniela Castro, una dirigente social trans marplatense, que se vio forzada en los '90 a transitar por la prostitución para sobrevivir, estará al frente del área de diversidad sexual en la provincia de Buenos Aires, en el nuevo ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Lo anunció a Página|12 la flamante ministra Estela Díaz . En una entrevista con este diario la funcionaria detalló “la devastación” que encontró en el área, luego de cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal. “No hay en el presupuesto ítem específico, por ejemplo, para violencia de género. Y una medida como las pulseras electrónicas, implementada nada más que en 20 municipios y con un número bajísimo de colocación real, solo en casos puntuales, muy por debajo de lo que la problemática demanda. Y otro aspecto grave, la absoluta inexistencia de estadísticas. No tenemos modos de saber cuál es la escala de la problemática de la violencia de género, a pesar de que se creó por ley un registro único de casos pero nunca se implementó”, reveló. Y señaló que le llamó la atención el estado de abandono de las oficinas, cargadas de telas de araña en rincones, puertas y ventanas. Díaz adelantó cuáles serán los ejes de su gestión: en línea con su par de Nación, una perspectiva integral para enfrentar el problema de las violencias machistas –en plural—, la transversalización de las políticas de género en los distintos ministerios del Gabinete de Axel Kicillof y la territorialidad, para llegar a todos los municipios. “Este ministerio es un logro de un movimiento social que es transformador, y que está promoviendo cambios culturales muy profundos”, subrayó.

Daniela Castro fue la primera persona trans que obtuvo un DNI acorde a su identidad de género en la provincia, en 2011, luego de una ardua batalla judicial. Milita en el Frente Patria Grande de Mar del Plata, y tuvo diversas candidaturas, entre ellas a concejal y a senadora bonaerense y trabajó en la secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Aunque todavía no salieron las designaciones, las otras colaboradoras de Díaz, que ya fueron convocadas son Flavia Delmas, que se ocupará de los temas de violencias y la ex diputada provincial y militante de La Cámpora, Lucía Portos, que se hará cargo de las problemáticas vinculadas a igualdad, políticas de género y diversidad en general. Delmas venía desempeñándose como secretaria de Políticas de Género en la Facultad de Periodismo de la UNLP, adonde llegó de la mano de la entonces decana Florencia Saintout, ahora diputada bonaerense del Frente de Todes.

Díaz llega al ministerio como secretaría de género de la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky. Es una reconocida militante social, sindical y feminista, integrante desde sus inicios de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La implementación del protocolo de abortos legales en todo el territorio bonaerense es una de sus preocupaciones. “Ya hay una mesa trabajando para la adopción de la actualización”, en el área del ministerio de Salud. Y destacó que esa cartera esté a cargo del médico sanitarista Daniel Gollán es garantía para su implementación. Durante la gestión de Gollán como ministro de Salud de la Nación en el último tramo del gobierno de CFK, se llevó adelante la actualización 2015 del protocolo de ILE.

—¿Dónde funcionará el nuevo ministerio? –le preguntó Página 12.

— Estamos buscando lugar. Hay una preocupación desde el propio gobernador, la jefatura de Gabinete y la Secretaría General, para que tengamos una sede para funcionar y en los próximos días se estará resolviendo.

—¿Con qué se encontró al asumir?

— En la provincia de Buenos Aires al área le pusieron como nombre Instituto de las Mujeres para copiar lo que se había hecho en Nación, pero más o menos como en Nación –aunque incluso diría de manera más profunda—, lo que nos encontramos es la devastación de la política, la falta de existencia. Sólo una dirección provincial es todo lo que había para llevar adelante políticas de género en la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos con programas desarticulados como los que había también en el Ministerio de Salud, desarmada toda la política de Educación Sexual Integral desde la Dirección de Escuelas y Cultura de la provincia. Así podríamos decir en todas y cada una de las áreas. La línea que atiende el 144, de violencia de género, ya ni siquiera precarizada, sino tercerizada y sin ningún tipo de dispositivos de supervisión interna y externa funcionando, con personas con problemas importantes por la tarea llevada adelante que no estaban siendo atendidas como corresponde. Fragmentación, dispersión de la política y falta de presupuesto, esto también encontramos. No hay en el presupuesto ítem específico, por ejemplo, para violencia de género. Y una medida como las pulseras electrónicas, implementada nada más que en 20 municipios y con un número bajísimo de colocación real, solo en casos puntuales, muy por debajo de lo que la problemática demanda. Y otro aspecto grave, la absoluta inexistencia de estadísticas. No tenemos modos de saber cuál es la escala de la problemática de la violencia de género, a pesar de que se creó por ley un registro único de casos pero nunca se implementó. Para nosotros va a ser una prioridad, al mismo tiempo que investigaciones sobre la problemática, para pensar seriamente en qué situación estamos y cuáles son más estratégicamente las políticas que hay que llevar adelante.

Díaz cuenta que el área funcionaba en “una dependencia sumamente pequeña”. Le llamó la atención las telas de arañas que encontraron en puertas, ventanas y rincones, signo de abandono. Como sucedió en otros ministerios, a partir del cambio de Gobierno, le sorprendió como fueron recibidas por trabajadoras y trabajadores que las aplaudieron, algunes, con lágrimas en los ojos “emocionados de esperanza”. “Eso no lo vi jamás”, dice la ministra y lo adjudica a que en los últimos cuatro años “Cambiemos ha tenido mucho destrato a trabajadores y trabajadoras”, señaló.

—¿Cuáles serán los lineamientos de su gestión?

— Vamos a tener tres lineamientos centrales: uno que tiene que ver con todo lo que es la política contra las violencias, con una perspectiva que pretende dejar de pensar sólo en la violencia doméstica, familiar, para pensar en todas las violencias. Y dejar de pensar solo en las situaciones más críticas para articular mucho desde la prevención y la asistencia pero además cambiar el enfoque para mirarla desde una perspectiva de la integralidad de la política pública y la articulación con la sociedad civil. El otro aspecto central es la transversalidad de la perspectiva de género. Tenemos pensado la construcción de unidades que van a abordar todo lo que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en el propio Poder Ejecutivo, la articulación interestatal –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial—y territorial, en toda la provincia. Tenemos indicaciones muy claras de Axel Kicillof que dijo que este es un Gobierno de un Estado presente, militante y solidario, pero que claramente se va a construir en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Siempre tenemos que estar a disposición del intendente o la intendenta y tener una articulación. Hay que pensar la complejidad de la provincia, que tienen 135 municipios así que vamos a trabajar regionalmente. Y un área fuerte va a ser la que se ocupe de la diversidad sexual, que estará a cargo de Daniela Castro una dirigenta de la provincia muy querida trans. Estamos pensando en las medidas más urgentes para los primeros 100 días pero también cómo vamos definiendo los lineamientos estructurales, que tienen que dar cuenta no solo de la complejidad sino de la heterogeneidad que tiene la provincia. Van a haber programas especiales que abordarán temáticas cómo mujeres y trans en situación de encierro, situación rural, isleña, migrantes, pueblos originarios, adultas mayores. Esperamos poder construir un plan de igualdad provincial, participativo y territorial. Este es un objetivo que tenemos y esperamos que este año pueda lograrse. Este ministerio es un logro de un movimiento social que es transformador, y que está promoviendo cambios culturales muy profundos.

Imagen: Joaquín Salguero

“Es un antes y un después”

Mariana Carbajal — 2018-06-15T14:45:06Z

La secretaria de Género de la CTA recorre la experiencia feminista para llegar a la votación.

Llegó al Congreso temprano con aros verdes, además del pañuelo al cuello de la Campaña. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entra y sale, para palpitar la votación cerca del recinto de la Cámara de Diputados y también en las calles de los alrededores, donde mujeres llegadas desde distintas ciudades, cantan, “aborto legal, en el hospital”, en una jornada que nunca olvidarán.

Hacía poco que había empezado la sesión en Diputados y el resultado era todavía incierto. “Es una trampa, afirmar que se defienden las dos vidas: en realidad se hace una operación ideológica de humanización del embrión o el feto para deshumanizar a las mujeres, que no es ni más ni menos que intentar seguir tutelándonos, sin reconocer la ciudadanía plena, en igualdad”, se enoja, al escuchar alguna de las intervenciones de diputados que votarán en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

“Hay un antes y un después, en la sociedad”, dice Díaz. “Se ha producido algo que podemos llamar una revolución de las nietas y las hijas, que han presionado para lograr el voto favorable de diputadas y diputados. La voz de las jóvenes resuena de una manera fuerte en las escuelas, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en cualquier espacio donde se debate el tema. Se profundizó y consolidó la despenalización social que se logró con los 13 años de Campaña, por eso el cambio no es solo cualitativo sino cuantitativo en la sociedad”, celebra.

Tiene, como tantas activistas feministas, la emoción en la voz. “Es un día intenso –dice la dirigente sindical–. Es como si se nos cruzara toda la historia en el presente”, agrega, en el Salón de los Pasos Perdidos, pasillo de por medio con las puertas que dan al recinto. De fondo, se escuchan los discursos, a favor y en contra. La sesión se sigue desde una pantalla. Casi doscientos periodistas de distintos medios hacen su trabajo: hay registrados 110 acreditados del Congreso y otros 68 que vinieron especialmente para cubrir la sesión, entre ellos, de cadenas internacionales como la CNN. El color verde predomina en la sala. Se la ve a la diputada Gabriela Cerruti, con una camisa larga verde. No es la única que sumó a su atuendo alguna prenda verde. También Araceli Ferreyra, Mayra Mendoza, Martín Lousteau y Agustín Rossi, entre otros, además de pañuelos de la Campaña.

–¿Cuándo empezó a militar por el derecho al aborto?
–Desde que empecé a militar el feminismo, pero teníamos tanta deuda en otros temas, que teníamos que pelear por leyes contra la violencia machista, por la salud sexual y reproductiva, por anticonceptivos, por educación sexual integral. Fueron pasos que fuimos dando, hasta llegar a decir: “Ahora es el momento de nombrar en voz alta la palabra aborto” y eso se fue dando con los Encuentros Nacionales de Mujeres de 2003 y 2004 y el nacimiento de la Campaña, que lo viví desde las preliminares.

–¿Pensaba este verano que estaba tan cerca el debate?
–El nivel de movilización masiva de las mujeres que se logra a partir de 2015, con el movimiento Ni Una Menos, empezó a demostrar que estaba la posibilidad. Pensaba que se iba a dar, que estaba ahí, porque nosotras estábamos movilizadas, con construcción de masa crítica para que se abriera el debate, con mucho conocimiento del tema. Tenía que aparecer esa ventanita de oportunidad.

–¿El presidente Macri se lleva el rédito político de habilitar la discusión parlamentaria?
–Es cierto que habilitó la posibilidad de abrir la discusión en el Congreso. De todas maneras, el rédito fundamental y la posibilidad de que el proyecto esté en discusión es del feminismo y del movimiento de mujeres. El enorme apoyo que conseguimos se lo debemos a la transversalidad política. Si miramos quienes fundamentalmente se opusieron a la ley son diputados y diputadas de la Alianza Cambiemos, mayoritariamente del PRO. Y la mayor proporción de votos a favor corresponde al FpV y otras fuerzas. Las mujeres supimos construir estas alianzas y estos diálogos que nos posibilitaron avances en nuestro derechos y transformaciones, que están demostrando que no solo son legislativas sino grandes cambios culturales en la sociedad.

–También hay un sector duro del peronismo de las provincias que no acompañó el proyecto...
–En general esto pasa en las provincias del NOA y NEA, paradójicamente donde hay mayores índices de morbi-mortalidad por gestación. Lo que demuestra que ahí también las mujeres abortan. Y tienen las tasas más altas de embarazo adolescente. Pero prima más el doble discurso, la doble moral. La diputada jujeña Carolina Moisés del Peronismo Federal contó en una de las reuniones plenarias que el segundo motivo por el que toman préstamos las mujeres en su localidad es para pagarse abortos clandestinos.

–¿Qué deja el debate en Diputados?
–Hay un antes y un después, en la sociedad. Se ha producido algo que podemos llamar una revolución de las nietas y las hijas, que han presionado para lograr el voto favorable de diputadas y diputados. La voz de las jóvenes resuena de una manera fuerte en las escuelas, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en cualquier espacio donde se debate el tema. Se profundizó y consolidó la despenalización social que se logró con los 13 años de Campaña, por eso el cambio no es solo cualitativo sino cuantitativo en la sociedad. Militar este tema me permitió un diálogo con la experiencia de mi madre, que me pudo contar sus experiencias de aborto, que no fueron pocas. Y fue liberador para ella. Mis sobrinas, de 15 y 13, que van con el pañuelo verde a la escuela, y viven como triunfo cada vez que van sumando amigas que les piden que les consiga un pañuelo. Y me llaman y me dicen: “Madri, un pañuelo más”.

–¿La sorprendieron pronunciamientos a favor como los de Susana Giménez o Marcelo Tinelli?
–Cuando mirás el conjunto de la sociedad, vas a ver que los actores fundamentales de la cultura, del arte, del trabajo, del mundo cholulo artístico, están a favor del cambio de ley. ¿Quiénes son los que han quedado en contra y ni siquiera tienen una iniciativa porque su propuesta es obstruir el cambio? Son los sectores ligados a las iglesias, no solo la católica, también las evangélicas, incluso poniendo su capacidad de movilización en contra de los derechos de las mujeres. Si se reflejara en el recinto lo que pasa en la sociedad tendríamos que ganar por un setenta por ciento de los votos. Las y los políticos van detrás de la sociedad en este como en otros temas.

Fuente: Página/12

Avances en la participación gremial de las mujeres

Mariana Carbajal — 2017-04-30T18:57:37Z

Fuente: Página/12

Sindicatos bajo la lupa
La agenda de género en el campo sindical viene impulsada por “la incorporación de jóvenes en el trabajo formal”, asegura Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Lo que todavía falta.

En el subte, donde las mujeres tenían escaso acceso a los puestos con mejores salarios, hay ahora 257 empleadas como maniobristas, conductoras y guardas. En nueve provincias y el ámbito porteño, las docentes ya pueden gozar de licencia por violencia de género. En Foetra, de telefonistas, incluyeron una Secretaría de Género en la mesa de conducción. Entre otros adelantos, aumentaron a 15 días la licencia para el padre por nacimiento, que la Ley de Contrato de Trabajo fija en míseras 48 horas. El sector de pilotos consiguió la inclusión de mujeres, territorio vedado hasta hace poco. Ahora hay seis mujeres piloto y vuelos cuya tripulación puede ser completamente femenina. Estos son algunos de los logros de una agenda de género en el campo sindical, que viene empujada “a partir de la incorporación de jóvenes y mujeres en el trabajo formal durante la última década”, según analiza Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Díaz da cuenta de los avances y advierte sobre los temas más urgentes, en una fecha emblemática para el movimiento sindical, de dirigencia mayoritariamente masculina y que todavía se resiste a las gremialistas.

Algunos datos. En la ciudad de Buenos Aires, las estadísticas oficiales muestran una tendencia que se repite en otros territorios: la desocupación les pega con más fuerza a las mujeres. La tasa de desempleo es de 8 por ciento, pero para ellas se eleva a 9,3 y para ellos, baja a 6,7. Por la carga de las tareas de cuidado y domésticas, las mujeres trabajan en menor proporción, en empleos más flexibilizados y peor pagos. La tasa de empleo femenina es del 45,9 por ciento y del 58,1 la masculina, en el ámbito porteño. La brecha salarial ronda el 27 por ciento y trepa al 38 por ciento entre las precarizadas. Cada año, las mujeres podrían tomarse 52 días de vacaciones por el tiempo dedicado a los hijos y la casa.

Foto que atrasa. Sobre un total de 37 cargos en el secretariado nacional de la CGT, sólo hay dos mujeres. A Noemí Ruiz (sindicato de modelos), ahora en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, se le sumó Sandra Maiorano (asociación de Médicos) en la de Salud.

Efectos. “Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Esto, además de fortalecer a los sindicatos, que aumentaron significativamente las tasas de afiliación, favoreció a la inclusión de nuevos actores en las organizaciones. A niveles de sindicatos de base se empezó a cumplir cada vez más el cupo (del 30 por ciento, que fijó una ley en 2002) y allí tanto mujeres como varones jóvenes son más permeables a la inclusión de las temáticas de género”, apunta Díaz. Y destaca que los temas de violencia, participación, licencias y cuidados, entre otros, se debaten con más frecuencia en los sindicatos, como una agenda política más del conjunto. “Esto ha significado no sólo cambios cuantitativos sino también un salto cualitativo”, sostiene Díaz.

Urgencias. Entre los temas más urgentes, Díaz señala la violencia machista. “La puesta en movilización masiva del reclamo contra las violencias nos interpela como sindicatos. Hay más denuncias, más pedidos de revisión de prácticas habituales, que tienen que ver, para mí, con poder ponerles nombre a las violencias, con desnaturalizar modos de relación laboral, vincular, familiar y también en la organización. Por eso estamos trabajando en los lineamientos generales para abordar las situaciones de violencia de género”, cuenta. “El otro tema ineludible es la cuestión de los cuidados y las licencias. La relación trabajo-familia cruza para las mujeres su vida laboral y sindical. Cuando discutís las listas te dicen que no hay mujeres que quieran los cargos, pero la verdad es que para las compañeras, muchas veces es de enorme sacrificio personal y tensiones la militancia sindical”, puntualiza Díaz.

Violencias. Los protocolos sobre violencia de género en los que están trabajando desde la CTA abarcan tres ejes: 1) La situación de una trabajadora que sufre violencia en sus relaciones íntimas, pareja, familia; 2) Violencia en el ámbito laboral; 3) Cuando los responsables son delegados, afiliados, dirigentes. “Aquí definiríamos dispositivos, información, equipos de acompañamiento, ámbito con capacidad política de resolución. En todos los casos el requisito es la perspectiva de género y la participación de personas con experiencia en estos abordajes”, destaca Díaz.

Logros. Los trabajadores del subte incorporaron la licencia por violencia de género y la universalización de la licencia por hijo/a enfermo/a. “Se planteó desde el concepto de responsabilidades familiares compartidas. Consiste en 10 días con goce de haberes por cada hijo, extendible a 15 días en caso de hijo/a con capacidades diferentes. Ambas cláusulas formaron parte de propuestas de condiciones de trabajo consensuadas en asambleas de los diferentes sectores”, contó Díaz.

Otras licencias. En nueve provincias y en el ámbito porteño, sindicatos docentes consiguieron la licencia por violencia de género. El Sindicato de Trabajadores Judiciales modificó el régimen de licencias: se amplió la de nacimiento “a la persona gestante” y por adopción a 110 días, al progenitor “no gestante” se le otorgan 15 días hábiles, se aplica la reducción horaria por lactancia en los casos de guarda con fines de adopción, se aplica la licencia por excedencia a los casos de monoparentalidad o cuando ambos progenitores sean varones. Además, se agregó la licencia de 15 días por año calendario para la realización de tratamientos de técnicas de reproducción asistida, licencia por cuidado de hijxs con discapacidad de 10 días por año calendario, licencia por violencia de género y licencia de 15 días por año para concretar encuentros previos a la adopción, entre otras medidas. El gremio de docentes universitarios consiguió la inclusión de las licencias parentales, con más días y para cualquier género. Equipararon este derecho para parejas del mismo sexo y para adopción.

Lenguaje. “El área de Género de Ate Capital trabaja con una agenda orientada a transversalizar la mirada en el conjunto de las políticas del gremio. Armaron un manual para delegados y delegadas, que incluye formación en género y diversidad, además de una mirada transversal en el conjunto de los temas. Tienen en debate el tema de la paridad. También han discutido cuestiones del lenguaje”, indicó Díaz.

Cupo. Desde 2002 está vigente la Ley 25.674, que fijó un cupo femenino del 30 por ciento en los cargos electivos y representativos. Todavía, sin embargo, no se cumple en todos los gremios. “Creo que el problema es que esa ley no surgió de un debate masivo del propio movimiento –dice Díaz–. Fue más bien un aporte desde una minoría intensa, que encontró el momento propicio para sancionarla. Por eso se lo ve ajeno. Una prueba es que a pesar de mucho incumplimiento, no hay denuncias que hayan promovido las mujeres sindicalistas, lo que sí hicieron las políticas. Ahora es una gran oportunidad para que esos avances se den de otra manera. Es una discusión que debemos hacer en el propio sindicalismo, no puede venir impuesta desde afuera.”

El reclamo de género logró la unidad

Mariana Carbajal — 2017-02-17T14:45:50Z

La CGT y las dos CTA llegaron a un acuerdo en torno a la convocatoria al paro de mujeres promovido por Ni Una Menos. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión. El pliego de reclamos.

Las mujeres de las tres centrales obreras marcharán juntas por primera vez el próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Se trata del acuerdo político de unidad al que llegaron la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en el marco de la convocatoria al histórico paro internacional de mujeres promovido en el país desde el Colectivo Ni Una Menos en articulación con numerosas agrupaciones, organizaciones y activistas autoconvocadas. La medida de fuerza, que se replicará en países latinoamericanos, de Europa, Asia y en Estados Unidos, busca denunciar en la Argentina la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde las violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta las muertes por abortos inseguros, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente sobre sus espaldas, la brecha salarial en relación a los sueldos masculinos y la precarización laboral. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión: desde cese de actividades a partir del mediodía hasta asambleas en los lugares de trabajo, radios abiertas y ruidazos.

También se están acordando las demandas concretas que van más allá de la agenda vinculada a la problemática de las violencias machistas y que ponen eje en cuestiones laborales fundamentales como vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, licencias por violencia de género, igual salario por igual trabajo, no a la suba de la edad jubilatoria, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

En diálogo con PáginaI12, la secretaria de Derechos Humanos de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, adelantó la adhesión a la huelga de mujeres, con un cese de actividades de las empleadas en cada sucursal del país entre las 12 y las 13. “Vamos a hacer notar nuestra participación al paro internacional de mujeres”, señaló la gremialista. Pero además, en los próximos días el sindicato bancario –alineado dentro de la CGT en la Corriente Sindical Federal– lanzará una campaña dirigida a los clientes de los bancos para concientizarlos sobre la problemática de la violencia machista. “Como organización sindical somos parte de una sociedad y tenemos que contribuir a enfrentar el flagelo de la violencia de género y su expresión más extrema, que son los femicidios. Estamos trabajando no solo contra la violencia laboral. Participamos y nos consideramos parte del colectivo Ni Una Menos”, agregó Ormaechea. También la Conadu, que agrupa a docentes universitarios en todo el país y está dentro de la CTA de los Trabajadores, resolvió ayer en un plenario de secretarios y secretarias generales la suspensión de actividades a partir de las 13 “para que puedan participar compañeras y compañeros también”, precisó a este diario Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales del sindicato. “Hemos acordado adherir al paro del 8M y convocar a los sindicatos de base de Conadu presentes en cada universidad del país a realizar acciones de visibilización sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y las condiciones de trabajo de las mujeres y sumarnos a las movilizaciones que se realicen en cada ciudad. Y por supuesto, a la marcha a la Plaza de Mayo. También lanzaremos una campaña gráfica”, detalló Socolovsky. El gremio de AGTSyP, más conocido como de los metrodelegados, también ya resolvió la adhesión a la huelga de mujeres, aunque todavía no definió si el cese de actividades se extenderá por dos o tres horas. “Lo vamos a acordar el 23 en asamblea. La idea es hacer también intervenciones en las cabeceras de cada línea”, indicó a PáginaI12 Karina Nicoletta, secretaria de género del sindicato y conductora de la Línea A del subte. Tania D'Andrea, de la comisión de Género del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu Caba), integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, señaló que están debatiendo la modalidad de adhesión. “Es muy importante recuperar la fecha del 8 de marzo como un día de reinvidicación de las mujeres trabajadoras, en un contexto de políticas neoliberales, con recorte de programas como el de salud sexual y reproductiva y de ajuste y despidos”, apuntó.

El acuerdo entre las centrales sindicales para participar en las movilización del 8M llega dos semanas después de que, en un hecho inédito, 200 mujeres de todas las tendencias de la oposición coincidieran en una asamblea en un fuerte reclamo a que la CGT y las dos CTA apoyen la medida de fuerza que se realizará en treinta países. Sin embargo, hay matices que las diferencian. Las secretaria de Género de la CGT, Noel Ruiz, y de la CTA Autónoma, Alejandra Angriman, no acuerdan con el llamado a un “paro” porque lo consideran un “instrumento sindical” y prefieren hablar de una jornada de lucha. A diferencia de la CTA de los Trabajadores, que ya resolvió en plenaria nacional días atrás sumarse a la huelga y cuya secretaria de Género, Estela Díaz, fue la primera en pronunciarse a favor del llamamiento lanzado desde el Colectivo Ni Una Menos. La idea es reconocer modalidades múltiples para que los distintos sectores puedan participar.

“Estamos frente a un gobierno que viene quitando derechos. Hoy las mujeres que viven violencia están peor condiciones para defenderse, para construir autonomía, porque las mujeres están siendo despedidas, suspendidas, precarizadas, se están atacando sus instrumentos como las paritarias y la negociación colectiva y son ellas las que más sufren el debilitamiento de las políticas públicas, de los programas de salud, el vaciamiento del Programa Nacional de Educación Sexual, una herramienta central para prevenir la violencia contra las mujeres”, resumió Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores.

Reclamo judicial por los abortos no punibles

Mariana Carbajal — 2014-12-10T16:29:42Z

El CELS, Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género presentaron una demanda en la Justicia para obligar a todos los hospitales públicos a poner un cartel que indique las condiciones de acceso a los abortos autorizados por la ley.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentaron una demanda en la Justicia para exigir al Ministerio de Salud de la Nación que garantice las prestaciones médicas necesarias para la práctica de los abortos legales en todo el país, es decir, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o fue producto de una violación. “Estamos reclamando que en los hospitales públicos haya un cartel que indique las condiciones de acceso al aborto legal, de la misma manera que se anuncia cualquier otro servicio que se brinda”, sintetizó a Página/12 Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir. La acción colectiva quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli.

La presentación en la Justicia Federal es la iniciativa más importante –pero no la única– impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad para reclamar la atención de los abortos no punibles, a más de dos años del histórico fallo F.A.L. de la Corte Suprema, por el cual el máximo tribunal exhortó a los gobiernos nacional y provinciales a establecer protocolos para fijar el procedimiento a seguir en esos casos, a fin de eliminar los obstáculos arbitrarios que con frecuencia enfrentan las mujeres y adolescentes que demandan la interrupción legal de un embarazo. Ayer, en conferencia de prensa, referentes de las ONG anunciaron también otras medidas en Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. “Niñas y mujeres ven negado sistemáticamente su derecho al aborto legal en la Argentina”, indicó la abogada Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

“Es el Estado, como responsable de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación de llevar delante de manera rápida, accesible y segura el aborto en los casos en que es legal. Lamentablemente esto no ocurre y por eso organizaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres nos hemos aliado para exigir a los gobiernos nacional y provinciales que cumplan con sus obligaciones. Hemos desarrollado una serie de litigios estratégicos que, mediante la presentación de casos paradigmáticos en los Tribunales, intentan incidir en las políticas públicas, promoviendo cambios de gran relevancia social”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. La entidad, además, está exhibiendo en una pantalla ubicada frente al Obelisco un video de una artista japonesa, a través del cual pone el foco en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y reclama la despenalización del aborto (ver aparte).

“El diagnóstico que hemos hecho es que hay un incumplimiento de un derecho. Hay ocho provincias que no tienen protocolos que regulen el acceso al aborto y otras tienen protocolos que imponen barreras que no respetan el fallo FAL de la Corte Suprema. Existe una situación de disparidad entre las distintas provincias que es intolerable. Se deben garantizar los derechos de las mujeres en todo el territorio del país”, enfatizó Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “Celebramos que en la agenda de los organismos de derechos humanos hoy esté el acceso al aborto”, destacó Alanís, de CDD.

En la ciudad de Buenos Aires, Amnistía Internacional presentó un amicus curiae para apoyar las demandas presentadas por la diputada María Rachid, el CELS, el ELA, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que piden la declaración de inconstitucionalidad de diversos requisitos incluidos en el protocolo de atención de los abortos no punibles dictado por el Ministerio de Salud del gobierno de Mauricio Macri. Cuestionan que la normativa, en realidad, obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto legal en el sistema de salud público. En la provincia de Buenos Aires, el CELS, el ELA y AI enviaron una carta al presidente y a los titulares de todos los bloques de la Cámara de Diputados provincial para pedir el tratamiento, en forma urgente, de un proyecto de ley de Regulación del Acceso a los Abortos No Punibles. Si bien la provincia que encabeza Daniel Scioli tiene una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, la atención de esa práctica médica se sigue obstaculizando, como quedó en evidencia este año con diversos casos que trascendieron en los medios, entre ellos el de una niña de 13 años que había sido violada y le negaron el acceso a un aborto no punible en el hospital de la localidad de Moreno.

En Córdoba, la organización Católicas por el Derecho a Decidir pidió que se resuelva un planteo de inconstitucionalidad presentado por una entidad ultraconservadora –Portal de Belén– contra el protocolo de aborto no punible dictado por la provincia, por encontrarse la causa sin movimiento desde mayo de 2013. Portal de Belén es conocida en Córdoba por sus diversas acciones en la Justicia para obstaculizar hasta el acceso a cualquier método anticonceptivo. Además, el CELS, el ELA y AI presentaron otro amicus curiae en la misma causa para recordar a los funcionarios judiciales que intervienen los estándares internacionales de derechos humanos que se encuentran comprometidos.

En Salta, las cuatro organizaciones enviaron una carta a la Legislatura provincial para plantear la importancia de que la provincia adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos no Punibles y deje sin efecto el protocolo firmado por el gobernador Manuel Urtubey, dado que impone restricciones y no respeta el fallo de la Corte Suprema. En Tucumán, junto con la Casa de las Mujeres Norma Nassif, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH Tucumán), presentaron ante el ministro de Salud provincial un pedido de informes sobre el acceso al aborto no punible. Tucumán es una de las provincias que todavía no cumplió con la sentencia del máximo tribunal. Y se registraron casos en los que niñas violadas tuvieron que ser trasladadas a la ciudad de Buenos Aires para realizarles una interrupción legal de embarazo, después de que ningún hospital local garantizara la práctica. En Santiago del Estero, la Asociación Civil por el Derecho a la Salud interpuso una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo provincial, para exigir que se dicte una guía de procedimiento para los abortos no punibles.

De acuerdo con un relevamiento presentado ayer, sólo ocho jurisdicciones tienen protocolos que respetan los estándares establecidos por el fallo de la Corte, que aclaró que no se debe exigir autorización judicial ni denuncia de violación para garantizar el procedimiento y que, además, las mujeres deben ser atendidas sin dilaciones arbitrarias e ilegales. Estas son: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras ocho dictaron guías pero con ciertos requisitos que dificultan el acceso a la interrupción del embarazo: ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Y las restantes ocho no establecieron ningún protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.