Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Un fallo judicial a medida de los poderosos

Página 12 — 2022-11-29T13:49:12Z

Nuestro país fue mencionado dos veces en el Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), reunido en la ciudad de Melbourne, Australia. La primera fue cuando los representantes de las centrales obreras de todo el mundo reivindicaron la figura de Hebe de Bonafini como “símbolo de la lucha antifascista, contra la dictadura y por los derechos humanos”. La segunda fue para aprobar de forma unánime el repudio al fallo judicial que condena a Nilda Garré a pagar 21 millones de pesos por negarse a reprimir una protesta gremial de trabajadores del Grupo Clarín. Este hecho, casi ignorado en Argentina salvo por algún artículo celebratorio del medio favorecido por los jueces, no pasó desapercibido en cambio para los referentes de sindicalismo mundial que entienden, razonablemente, que este tipo de fallos buscan amedrentar a los funcionarios públicos que no son permeables a las presiones empresariales.

Para comprender lo escandaloso del fallo hay que remontarse a septiembre de 2004, cuando la empresa Artes Gráficas Rioplatense, subsidiaria del Grupo Clarín, despidió a 119 trabajadores, entre ellos toda la Comisión Interna. Desde un primer momento la compañía intentó ocultar que se trataba de un conflicto gremial y buscó judicializar el reclamo laboral. Inclusive, el sitio chequeado.com, insospechado de vínculos con la parte sindical o con el gobierno de aquel entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner, le puso el rótulo de FALSO al título de Clarín que afirmaba “No hay conflictos gremiales en la imprenta”. En el racconto de hechos publicados por esa web de noticias se consignan: la absolución de los trabajadores en el juicio oral en 2008, la elusión por parte de la empresa del cumplimiento de fallos laborales que ordenaron la reinstalación de los delegados en sus puestos de trabajo, la multa dispuesta contra ella por impedir la realización de una asamblea y obstaculizar la elección de la comisión de delegados y la negativa a reincorporar a los despedidos. Los reclamos de la huelga que bloqueó la salida del diario Clarín el día domingo 27 de marzo de 2011 eran, entre otros, la denuncia de persecución gremial, el no reconocimiento de los haberes adeudados y el pago de horas extras, y la presencia de personal de seguridad para obstruir la actividad gremial.

Cuando el Grupo de Héctor Magnetto logró que un sector del poder judicial dictara una cautelar para que el Ministerio de Seguridad reprimiera a los trabajadores en huelga, la titular de la cartera, Nilda Garré consultó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada quien ratificó la existencia del conflicto gremial y la vía de resolución en el marco del diálogo. “Lo que no hay que hacer es confundir deliberadamente un conflicto laboral con un supuesto ataque a la libertad de prensa", consideró Tomada el lunes 28 de marzo de ese mismo año.

No está de más aclarar que en la legalidad argentina sólo existen restricciones al derecho de huelga en el caso de los servicios esenciales para la comunidad (los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo).

De manera tal que la represalia contra Garré busca disciplinar a futuros funcionarios para que, en lugar de resolver los problemas laborales por la vía del diálogo y la negociación utilicen el garrote so pena de sufrir consecuencias sobre su propio patrimonio. Magnetto colonizó gran parte del Poder Judicial al que su propio medio llama sistemática “la justicia”, un valor abstracto al que intenta mimetizar con personajes absolutamente parciales que hacen del gran empresariado el juez y la parte de cada conflicto de intereses. La prueba más flagrante es la coronación del oligopolio comunicacional que, merced al gobierno de los ricos para los ricos, puso a su propio abogado como juez de la Corte Suprema.

Tomando el ejemplo de la iniciativa de la CSI impulsada por los representantes sindicales argentinos tanto de la CGT como de la CTA, el fallo del aparato judicial a medida de los intereses del Grupo Clarín debería ser denunciado como un ataque no sólo al movimiento obrero sino también a un principio elemental del estado de derecho como es el de la resolución pacífica de los conflictos que se dan en el marco de la ley.

* Secretario general de CTA y diputado nacional del Frente de Todos.

Roberto Baradel denunció una nueva difamación

Página 12 — 2022-11-28T15:50:54Z

Presentará una denuncia "ante la justicia para que se investigue si esto no forma parte de los muchachos financiados que ya está demostrado que existen", adelantó a Página12.

Otra vez el dirigente sindical Roberto Baradel fue acusado maliciosamente. Pasajeras de un vuelo que formaba parte de la conexión entre Australia y Buenos Aires en el que volvía Baradel, lo quisieron hacer pasar como si hubiera ido de vacaciones a Miami. "Insisten en difamar a los que defendemos a los trabajadores porque no nos pudieron sacar de la calle", aseguró el gremialista en diálogo con PáginaI12. Además presentará una denuncia "ante la justicia para que se investigue si esto no forma parte de los muchachos financiados que ya está demostrado que existen".

"Es parte del plan de los que profesan el odio para descalificar a los que no pudieron callar con amenazas", señaló Baradel apuntando a las amenazas que recibió cuando en la provincia de Buenos Aires gobernaba la macrista María Eugenia Vidal. El dirigente de los trabajadores de la Educación viajó la semana pasada a Melbourne, Australia, para participar del 5º Congreso de la Central Sindical Internacional en representación de la CTA de los Trabajadores, a la que también asistieron dirigentes de la Confederación General del Trabajo. Fue Baradel quien informó en el encuentro sindical de la muerte de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a quien se homenajeó con aplausos de los dirigentes sindicales de todo el mundo.

"En la semana voy a presentar una denuncia formal ante la justicia para que se investigue si esto no forma parte del trabajo que les pidieron a los muchachos financiados que ya se demostró que existen", destacó el dirigente sindical apuntando a si se trataba de un grupo como el que está acusado de atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del que se descubrió el posible financiamiento de sectores políticos de derecha.

Baradel se presentó ante la justicia bonaerense que investiga en la causa que llaman Gestapo macrista, que inventaba causas contra gremialistas opositores al macrismo. El dirigente llevó pruebas de la persecución y las múltiples denuncias y amenazas contra su gremio, SUTEBA; y contra su persona.

Representantes sindicales de todo el mundo homenajearon a Hebe de Bonafini

Página 12 — 2022-11-23T16:16:27Z

Al comunicarse la noticia del deceso, los asistentes se pararon y aplaudieron de manera espontánea y prolongada. Baradel cree que Hebe será un símbolo aún más potente

Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario de relaciones internacionales de la CTA, participa del Quinto Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en la ciudad australiana de Melbourne, junto con representantes de la CGT. El fin de semana, le tocó informar el fallecimiento de Hebe de Bonafini, y compartir el homenaje de mil sindicalistas, que representan a 200 millones de trabajadores de 130 países.

—¿Cómo fue ese momento?

— Fue muy emotivo. Yo le pasé el mensaje a la secretaria general del congreso, y ella interrumpió lo que estaba diciendo para cederme la palabra, porque tenía que hacer un anuncio muy triste. Entonces proyectaron sobre la pantalla la foto de Hebe y yo conté que acababa de fallecer. Los asistentes al congreso comenzaron a pararse y a aplaudir, espontáneamente. Fue un aplauso cerrado, prolongado, realmente muy impactante.

—¿Es sabido en el movimiento obrero mundial que la mayoría de los 30 mil desaparecidos eran trabajadores y muchos delegados sindicales?

— Claro. Nosotros lo planteamos siempre, en cada foro, en cada encuentro internacional, en cada oportunidad que tenemos. La dictadura vino a implementar un modelo económico, a terminar con la distribución de la renta 50 y 50, 50 para los trabajadores y 50 para los empresarios, para implementar otro modelo mucho más concentrado y regresivo.

—¿Eso explica la reacción espontánea de los asistentes al congreso?

— Hebe es símbolo de lucha, de coraje y de coherencia, de defensa de los derechos humanos, contra la injusticia y la impunidad. Ella siempre fue un faro para cualquier dirigente social, político o sindical. Su fortaleza, su coherencia, su potencia, intuyo, se acrecentarán aún más a partir de ahora.

—¿Hubo un pronunciamiento de solidaridad con Nilda Garré?

— Sí y también es importante resaltarlo. Se aprobó de forma unánime el repudio del congreso al fallo judicial que condena a Nilda Garré a pagar 21 millones de pesos por negarse a reprimir una protesta sindical contra Clarín. Los sindicalistas del mundo entienden que esos fallos tienen la finalidad de amedrentar a los funcionarios que no son permeables a los deseos empresarios.

—¿Se trató la cuestión del precariado o del antisindicalismo de las nuevas derechas?

— Son dos temas centrales de la agenda. Se está discutiendo en la OIT un convenio colectivo para los trabajadores de plataformas. Hoy sufren falta de protección social y falta de derecho a huelga en muchos países. Y también hay sindicalistas perseguidos y presos por las nuevas derechas, en diferentes países del mundo.

Confirmaron que hay asbesto junto a una escuela

Página 12 — 2022-11-23T16:13:15Z

En Caballito, estudios de una consultoría privada encontraron asbesto en dos talleres del subterráneo lindantes con una escuela primaria y un jardín infantil.

La Escuela N°4 Organización de Estados Americanos (OEA) del barrio de Caballito confirmó que hay asbesto en los talleres del subterráneo cercanos al colegio y al Jardín El Tranvía. Tras recibir la información por parte de los y las trabajadoras del subte, la comunidad educativa solicitó un estudio detallado de los talleres Bonifacio y Polvorín que confirmaron la presencia del material potencialmente cancerígeno en techos y hornos, entre otros lugares. La dirección del colegio ya encargó estudios para medir la calidad del aire del establecimiento y pidió al Ministerio de Educación que gestione el retiro inmediato del material, la detención de los hornos que dan a la institución, que aísle al edificio y que garantice controles médicos para estudiantes y trabajadores. Desde Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE) aseguran que el material acopiado en los talleres es "transitorio" y cumple con las normas de seguridad.

La primera señal de alerta llegó a la comunidad educativa en agosto de este año, cuando integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) se acercaron a directivos del colegio para informarles que, según sus estudios, había asbesto en los talleres que lindan, tanto con la escuela, como con el jardín. Tras ello, la dirección del OEA elevó un reclamo al Ministerio y pidió que se realizaran estudios detallados que esta semana llegaron a su poder. "Se tomaron muestras de los techos, hornos, tableros y distintos lugares del taller y dieron positivo en gran cantidad. Esos materiales tienen que retirarlos, eso es lo que estamos solicitando que se haga lo antes posible", dijo a Página 12 Mariano Rodríguez Moncalvo, director de la escuela OEA.

Los puntos más críticos son los techos y los hornos de los talleres. En cuanto a los hornos de secado del Taller Bonifacio, los estudios realizados por la empresa SI Consultores confirman que los dos en funcionamiento tienen un 80% de asbesto en materiales como crisólito y amosita. Uno de ellos ventila directamente al patio del colegio y la consultora recomienda que sea retirado. También hay asbesto en los techos que ocupan dos mil metros cuadrados y en una cabina para pintado de vagones.

Tras recibir la confirmación de la consultora, la dirección del colegio volvió a elevar una nota al Ministerio de Educación y a la Supervisión del Distrito Escolar N°8 con un informe detallado de los resultados y el pedido de que se retiren todos los elementos con asbesto. "La única forma de asegurar la salud de nuestros niños, niñas y trabajadores es con asbesto cero", alertaron. Allí reclamaron, además, un compromiso escrito de Emova -ex Metrovías- y SBASE para que "se detenga la actividad de los hornos con asbestos inmediatamente". Según indicó Rodríguez Moncalvo, hasta el momento "nadie se comunicó con la escuela ni con la comunidad educativa".
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Página 12 consultó con fuentes de SBASE que reconocieron que en el Taller Polvorín existe un depósito con elementos de asbesto, pero señalaron que se trata de un lugar "transitorio" en el que se acopian "los elementos removidos de otros espacios hasta su disposición final". Además, sostuvieron que los dos talleres cumplen "las normas de seguridad para el tratamiento de este tipo de material". Desde SBASE aseguran que en agosto realizaron un estudio para medir la calidad del aire y "los resultados están dentro de los límites establecidos por ley".

"Tomaron muestras del aire y los informes arrojaron que hay asbesto pero en un nivel permitido por la ley del GCBA. El mismo Gobierno determina cuál es el nivel permitido y después hace las mediciones; es por lo menos cuestionable", dijo el director del colegio, que también pidió estudios sobre la calidad del aire dentro del establecimiento. Esa evaluación la realiza la empresa Geo Assist que, según advirtió la dirección del colegio en la nota elevada al Ministerio, "ya adelantó oralmente que arroja positivos en la sala de caldera de nuestro edificio".

En la nota, el colegio también pidió "que se aíslen inmediatamente a la escuela y al jardín respecto del taller: ventanas, medianeras, chimeneas, patios y aulas". Y que se dé "participación a los sindicatos docentes, no docentes, a la conducción y a las familias de la escuela y del jardín en la programación y el control del retiro del material". En este sentido exigieron que el retiro de las piezas con asbesto se realice entre diciembre de este año y febrero de 2023, antes del nuevo comienzo de clases.

"No podemos pasar un año más al lado de estos talleres llenos de asbestos", advirtieron. Sobre los techos, sostuvieron que el proceso de retiro "no puede suceder mientras haya personas en las escuelas primaria y jardín". "El regreso al edificio escolar recién será seguro cuando las mediciones repetidas y sistemáticas del aire de las dependencias del mismo desestimen la presencia de asbestos", añadieron.

La dirección del colegio reclamó, además, que se hagan "controles médicos periódicos necesarios a alumnos y alumnas, docentes y no docentes" y "que se señalice el taller como lugar con presencia de asbesto como exige la ley". Según pudo saber este diario, las familias del colegio ya están organizándose para reclamar el retiro del asbesto. Además, evalúan presentar una acción de amparo para que la remoción se concrete antes del inicio del ciclo lectivo 2023 en febrero del año próximo.

Preocupación ante más contagios y la programación de clases presenciales

Página 12 — 2021-01-30T18:26:24Z

En las últimas semanas asistimos a dos hechos aparentemente contradictorios. Uno, el aumento significativo de los casos de infectados y muertos por Covid 19 en el país.

La mitad de los mismos acaece en AMBA, que llevó a incrementar las advertencias de mayores cuidados deteniéndose el ascenso, en cifras elevadas, de ambos datos.

Por otra parte, pareceres y discusiones varias sobre el inicio de las clases en todos los niveles, basado en la insoslayable importancia que conlleva la actividad presencial, de notable valor, no sólo educativo. Por ello se opta, por diversas razones, por el reinicio de las mismas.

Se menciona que la actividad escolar se hará con “todos los cuidados”, cuyos detalles con precisión en CABA no conocemos. A esta decisión de actividad presencial, sin simultáneo análisis de la situación epidemiológica empeorada, en principio, cuesta aceptarla totalmente y sin reparos.

Es destacable la premura en el reinicio de clases en CABA, cuando aún sólo se vacunó parte del personal de salud pero no se inició la campaña de vacunación entre el personal docente y de colaboradores en la escuelas. Pareciera, en principio, que se tiene una valoración más importante de la actividad docente, no avalada durante los 13 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que la situación de salud y la aparición de nuevos riesgos eventuales. Se soslaya que la movilización de gran número de niños, jóvenes, padres, uso de medios de transporte público junto a otros trabajadores, y su eventual y posible impacto negativo, en una Ciudad donde la cifras son por demás preocupantes, podría agravar la cifra de infectados y muertes.

En efecto, como se puede observar en el cuadro 1, la tasa de infectados por 100 mil habitantes en la Capital, sin el conurbano, es de 6743 personas, muy superior a la de San Pablo, Nueva York y Berlín. Es algo mayor también que la del DF de México y algo menor que en Madrid.

En el cuadro 2 puede observarse que además de la alta tasa de infección CABA presenta el preocupante saldo de ser una de las ciudades grandes del mundo con las cifras de mortalidad más elevada.

Esto fue así desde la segunda mitad del año 2020, cuando se produjo el pico más alto de infección e incremento de las muertes asociadas.

Se sabe que a mayor tasa de infectados, se produce mayor número de enfermos con evolución complicada, necesidad de internación en terapia intensiva, y de muertes. Las cifras en ascenso se observaron en otras regiones del país, siendo CABA y provincia de Buenos Aires las que presentan las mayores tasas (considerar que la PBA tiene en sus 40 distritos del AMBA cuatro veces más habitantes que la ciudad de Buenos Aires.)

No es fácil atribuir a una sola causa este cuadro de situación, pero indudablemente la falta de seguimiento de los conocidos e indispensables cuidados que acontecieron para fin de año y la mayor actividad, aún en exteriores, contribuyen al ascenso de infectados y fallecimientos en las últimas semanas.

En CABA, las cifras de los últimos siete días nos alarman al comprobar que el promedio de infectados fue de 1290 por día (12 por ciento del total de infectados) y 15 muertos diarios que con sólo 3 millones de habitantes representan casi el 7 por ciento de los fallecidos en el país, durante ese tiempo en la Ciudad de mayores recursos.

La situación del deteriorado estado de salud al empezar la pandemia hacía temer por desborde de los servicios de salud -probabilidad mayor en las grandes áreas con población de menores recursos y servicios asistenciales deficientes y en especial en los 40 distritos del conurbano aledaño a la Capital. A los casi 3 millones de habitantes en CABA distribuidos en 203 kilómetros cuadrados se le suman, en continuidad geográfica, los llamados cordones que la rodean con 11.669.084, es decir cuatro veces mayor población, en 12 mil kilómetros cuadrados. La mayor extensión se asocia a menores conglomerados urbanos. En contraposición, CABA es la ciudad más rica del país, con el mayor presupuesto, con gran número de hospitales públicos y los centros privados de atención con grandes recursos terapéuticos más los centros asistenciales que disponen diversas obras sociales.

¿Qué sucedió comparativamente en estas dos subregiones del AMBA?

En el cuadro 3 se compara la incidencia: infectados confirmados cada 100 mil habitantes, que en CABA son 6673/100 mil mientras que en el primer y segundo cordón, integrantes del AMBA, son 4616 y 4424 /100 mil habitantes respectivamente.

Con esas cifras de infectados se observa que CABA tiene las más altas tasas de mortalidad con 2032/100 mil habitantes mientras que en los 40 distritos del conurbano (AMBA sin CABA), en gráfico 4, se registraron 1547/100 mil habitantes (primer cordón 1536 y segundo cordón 1429), es decir 41 por ciento más en CABA que en el conurbano.

Las cifras en el AMBA, no CABA, mejores, podrían deberse a las mayores extensiones en que se distribuye esa población cuatro veces mayor, pero es de destacar el papel del enorme equipamiento que logró la PBA casi triplicando el número de camas de terapia intensiva y respiradores más todos los recursos necesarios para evitar la infección del personal de salud. Se logró mediante una gran inversión de dinero y un programa exitoso de compra y traslados de equipos en 32 vuelos de Aerolíneas Argentinas a China y el envío de seis barcos. No se observó una inversión ni parecida en CABA, donde durante largo tiempo asistimos a quejas en hospitales por falta de insumos básicos.

Me llama la atención el silencio de las autoridades del gobierno de CABA ante estas realidades, ejemplificadas en las cifras mencionadas. En el tercer trimestre de 2020, con cifras similares al promedio de la última semana, se tenía restricción de muchas actividades, las escuelas estaban cerradas y se discutía la apertura restringida de actividades al aire libre como los recordados “runners”.

Sin detallados comentarios, análisis, de esta realidad preocupante, todo gira alrededor de abrir prematuramente las actividades escolares, sin conocerse aún cuándo y cómo se iniciará la vacunación de los grupos etarios de mayor riesgo, retaceando una información que los habitantes de la Ciudad mayoritariamente reclamamos públicamente.

* Se agradece a la doctora ingeniera Marcela Goldschmit, Profesora UBA, la confección de los 4 cuadros, base de este escrito, con datos tomados de entes oficiales que se consignan al pie de cada figura.

"Una ley ayudaría mucho". Estela Díaz sobre los casos de acoso sexual en ámbito laboral privado.

Página 12 — 2015-04-26T18:12:20Z

La compañera Secretaria de Género de nuestra central fue entrevistada por Mariana Carbajal para Página 12 y reclamó la aprobación de una norma para prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito privado y alertó a las compañeras sobre los mecanismos que se pueden seguir actualmente para denunciar esas acciones.

“Debiera haber mecanismos muy estrictos de comportamiento al interior de los lugares de trabajo, con sanciones ejemplares a los acosadores y violentos. La impunidad garantiza la reiteración”, advirtió Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que encabeza Hugo Yasky, sobre la denuncia de acoso sexual de una empleada de Autopistas del Oeste. En una entrevista de Página/12, Díaz detalló los vacíos legales que hoy persisten para prevenir y enfrentar el problema la violencia de género en los lugares de trabajo, reclamó la aprobación de una ley específica que establezca un mecanismo claro para que la víctima sea protegida y detalló los caminos que se pueden seguir actualmente para denunciar.

Desde la Secretaría de Género de la CTA de los Trabajadores están acompañando a Natalia Garrote, a quien la concesionaria Autopistas del Oeste dejó sin trabajo luego de que denunciara acoso sexual en esa empresa (ver nota central). Díaz está conmovida por el daño psíquico que le produjo la situación a la joven, como ocurre en casos similares, en que se ven obligadas a soportar la violencia psicológica y sexual, por temor a perder el empleo.

–¿Cuáles son las herramientas legales que tiene hoy una mujer que vive una situación semejante?

–Son pocas. Un paso se dio con la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres, que contempla la violencia psicológica y sexual en el ámbito laboral. Lamentablemente no contamos con una ley nacional de acoso sexual que alcance al sector privado, que ayudaría mucho. Tenemos sólo normativas para el sector público. Pero la ausencia de ley específica no implica que no se pueda hacer nada: están las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestro orden legal interno. Además de las normas laborales, civiles y en el ámbito penal los delitos contra la integridad sexual, hay muchas herramientas para fundamentar decisiones que hagan justicia en estas situaciones.

–La situación de Natalia Garrote es muy vulnerable dado que era contratada. ¿Son más frecuentes los acosos sexuales en el ámbito laboral en esos casos?

–Las situaciones de violencia y acoso sexual pueden darse en cualquier situación laboral, formal o informal. La diferencia la constituye las herramientas que tenés para defenderte en una u otra situación. La precariedad laboral puede funcionar como un factor que dificulta o retrasa la denuncia, justamente porque el temor es la pérdida del trabajo. También sabemos que si el acosador tiene poder, incluso siendo personal de planta permanente, muchas veces la sanción o estigma corre sobre la víctima y no sobre el responsable. Además, en las relaciones de empleo privado no hay estabilidad en el mismo sentido que en lo público. Se puede despedir sin causa, con consecuencias solo económicas para el empleador.

–¿Se denuncian menos casos que los que suceden en realidad?

–Estimamos que muchos menos. No contamos con estadísticas porque entre otras cuestiones no hay marco legal adecuado, ni un dispositivo que vaya captando los casos. La mayoría se tratan puertas adentro de la empresa. Hay experiencias de atención, como la de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de Nación y otras similares en algunas provincias.

–¿Cómo debería haber actuado la empresa?

–La empresa debería haber iniciado algún procedimiento interno inmediato. Escuchar la denuncia y también a la persona denunciada. Preventivamente separar del lugar a quien fue denunciado, para garantizar el ámbito de trabajo de la víctima y darle las garantías de que será escuchada. Esas son las cosas que debiera prever una ley. No puede ser que el mecanismo de resolución haya sido trasladar a la trabajadora a otro lugar, sin su consentimiento o despedirla o no renovarle el contrato. El sindicato obviamente tendría que representarla, asistirla, acompañarla, asesorarla. Claro que es difícil pensarlo en este caso, que el agresor usa su condición de “jefe del gremio” para ostentar impunidad.

–¿Cuáles son los lugares para denunciar el acoso sexual en el trabajo?

–Antes de formalizar la denuncia, es muy importante obtener asesoramiento para establecer una estrategia. No hay un único lugar, depende de dónde esté la trabajadora. En principio, el sindicato, esté afiliada o no; la Oficina de Asesoramiento en Violencia Laboral que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación; el Consejo Nacional de la Mujer o similares de las provincias. En la línea nacional de violencia 144 se puede pedir orientación. Por eso es importante una ley, porque hay que establecer un procedimiento especial, que no es de Justicia civil ni penal, que tiene que garantizar celeridad e imparcialidad, para determinar lo sucedido y que la trabajadora rápidamente pueda volver a trabajar en condiciones de seguridad. Luego si la gravedad del asunto requiere denuncia penal es otra instancia. Pero lo laboral debe resolverse de manera más rápida.

–¿Qué debería contemplar una legislación sobre acoso sexual en el ámbito laboral?

–Es una falta grave y en todos los casos quien acosa debería ser siempre solidariamente responsable con el empleador a la hora de la reparación económica. Ya hay fallos en ese sentido. Debiera haber mecanismos muy estrictos de comportamiento al interior de los lugares de trabajo, con sanciones ejemplares a los acosadores y violentos. La impunidad garantiza la reiteración. Además, para que ni bien se conoce una situación, se haga todo lo necesario para que cese la violencia. El daño que producen en la psiquis y el cuerpo de la víctima no se repara con una indemnización reforzada, no hay nada que restañe del todo las heridas. Como siempre, más que reparar es necesario prevenir.

–¿Por qué el tema no se discute en el Congreso?

–No está del todo claro. Hubo muchas iniciativas. Incluso se hicieron audiencias públicas en el Senado nacional, hace alrededor de 4 o 5 años. Había alrededor de una decena de iniciativas y se trabajó en el consenso para llegar a una propuesta, que era realmente buena. Lamentablemente no prosperó y perdió estado parlamentario. Sería bueno preguntarle a las y los legisladores sobre esto.