Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Cristina y Catalano: la democracia alambrada

Página/12 — 2022-12-02T14:54:51Z

Tal como la conocimos en las últimas cuatro décadas, la democracia no existe más: una cerca de alambre de púas la rodea y cualquier intento de cortar uno de esos hilos blindados pareciera generar una nueva trama más apretada y filosa.

De hecho, la condena que los jueces le preparan el martes próximo a la vicepresidenta de la Nación es parte de esa urdimbre de acero que no sólo procura inhabilitar a la única referencia popular sino que, al mismo tiempo, le pone una barrera al ejercicio pleno del derecho de ciudadanía y, por consiguiente, a la libre expresión de la voluntad democrática del pueblo.

Veamos si no. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, advirtió que si esa condena fuese la conclusión de la farsa judicial que finalizará la semana próxima, las y los estatales no dudarían en paralizar sus actividades en señal de protesta amparados por la Constitución. Acto seguido, hubo una reacción en cadena de todos los medios hegemónicos quienes, espantados por la manifestación del dirigente estatal, no trepidaron en levantar los mismos argumentos que utilizaran Bernardo Neustadt y Mariano Grondona contra Germán Abdala: ¿desde cuándo los trabajadores se ocupan de cuestiones políticas cuando su única preocupación debiera ser el salario? Trascartón, dos pretendidos “republicanos” arbitraron una denuncia penal por coacción agravada contra nuestro compañero quien, a la sazón, es también secretario general adjunto de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Más tarde, y sin solución de continuidad, reputados dirigentes de la gran derecha salieron a la palestra para repudiar a Catalano.

Ambas situaciones, la de Cristina y la de Catalano, ponen de relieve que lo que aquí está en discusión es que la democracia restaurada en 1983 y, por ende, el tipo de Estado y la gobernanza de éste, ya no son funcionales a los intereses de los grandes conglomerados nacionales y extranjeros que se solazan con el cogobierno del FMI y multiplican sus ganancias a instancias de ello. Por eso los jueces y el entero aparato de administración de Justicia imponen al conjunto de la sociedad un creciente recorte de derechos y garantías democráticas. Por eso también el Estado, fundado en la separación de poderes, se muestra inerme frente al avasallamiento de la voluntad popular legítimamente expresada en las urnas. El llamado “partido judicial” es, en verdad, un ejército de ocupación que dispone sus “pelotones de fusilamiento” frente a quien ose oponerse al objetivo de vaciar la democracia, transformar al Estado y regimentar la economía en beneficio de un puñado de grandes empresas y capitales entramados a escala global.

Sin embargo, la larga historia de resistencia frente al autoritarismo, las imposiciones dictatoriales y el mismísimo genocidio constituye, para el campo popular, su mayor reserva. Ante el horizonte de un país endeudado por generaciones, pisoteado en su soberanía y ahogado en la miseria de millones y millones de sus ciudadanas y ciudadanos, se levanta hoy aquella memoria de luchas personificada en la valiente actitud de Cristina y en el grito de alerta de Daniel Catalano.

De modo que, aunque luzcan amenazantes, las alambradas de púas y los ejércitos de ocupación nunca serán definitivamente suficientes para impedir la manifestación de dignidad de todo un pueblo.

(*) Secretario de Enlace Territorial de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina.

Paro de camioneros en Chubut

Página/12 — 2019-09-05T13:04:27Z

La seccional Chubut del Sindicato de Camioneros hará hoy un paro de 24 horas “en apoyo y solidaridad con los compañeros docentes agredidos mientras reclamaban por sus derechos”, en referencia al violento desalojo protagonizado por un grupo de petroleros contra maestros que cortaban rutas al sur de Comodoro Rivadavia

El diputado Jorge Taboada, que conduce el sindicato, había advertido el lunes que “el gobierno de (Mariano) Arcioni y sus secuaces está tratando por todos los medios de justificar la represión hacia los maestros”.

Ayer, tras los episodios de la madrugada, el sindicato anunció el paro “en consonancia con lo resuelto por Ctrera a nivel nacional” y aclaró que abarcará “todas las actividades vinculadas con el transporte en Chubut”.

“Adherimos al paro nacional debido a la feroz agresión y represión sufrida por nuestros maestros”, destacó Taboada, quien recordó que “el gobernador tiene la obligación de cuidar a todos los ciudadanos de la provincia”.

Imagen: Pablo Piovano

"Estamos esperando la respuesta de la gobernadora"

Página/12 — 2018-10-12T01:24:54Z

Los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense esperan una respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal al pedido de pasar a un cuarto intermedio para reanudar la negociación salarial, en la que aún no llegan a un acuerdo. La nueva propuesta del gobierno bonaerense es un aumento del 30 por ciento, a cobrar el mes próximo, con una reunión de revisión en diciembre, pero los gremios docentes exigen que el aumento se haga efectivo este mes y se establezca una cláusula gatillo a partir de noviembre.

"No puede ser que nos impongan una pauta salarial a la baja y recién nos convoquen en diciembre", señaló el titular del Suteba, Roberto Baradel, durante una intervalo de la negociación en el que le solicitaron al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza; el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas; y el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, que se comuniquen directamente con la gobernadora para comunicar la contrapropuesta docente. "Estamos esperando la respuesta de la Gobernadora", indicó Baradel.

"Queremos encontrar una solución a esta conflicto, pero no queremos que pierdan poder adquisitivo nuestros compañeros y los docentes jubilados", insistió Baradel acompañado por la titular de la FEB, Marta Petrocini.

La oferta del gobierno bonaerense es la misma que le realizaron ayer a los gremios estatales y fue aceptada esta tarde por ese sector. En el caso de los docentes el 30 por ciento de aumento llegaría al 31,7 por ciento si se tomar en cuenta una suma de material didáctico.

Los gremios docentes al ingresar esta tarde a la reunión —después de cumplir un paro de 48 horas por el intento de la gobernadora Vidal de cerrar la paritaria por decreto la semana pasada— indicaron que aceptarían un aumento del 31 por ciento, ya que iguala la inflación acumulada estimada para septiembre, pero que no confiaban en la cláusula de revisión y exigían una actualización automática del salario, atada al índice de inflación del Indec.

Desde la gestión de Vidal defendieron la oferta al indicar que el salario inicial de un docente ingresante pasará de 12.500 pesos a 16.460 pesos (por un turno de 4 horas), y el salario promedio pasará de 24.659 pesos a 32.372 pesos. Sin embargo, los docentes apuntaron que la inflación estimada por el Gobierno para fines de año ronda el 42 por ciento y se negaron a ser perjudicados “por la crisis y los errores cometidos por el Gobierno”.

Al comienzo de la reunión en el Ministerio de Economía, los representantes del Frente de Unidad mostraron un cartel en el que detallaban la caída del salario docente en dólares. Según detallaron, en 2015, un docente percibía un salario equivalente a 740 dólares, mientras que en la actualidad cayó a 320 dólares. “El Estado debe recompensar a los trabajadores, no a las empresas”, repudiaron.

"¿Por qué no dan la cláusula gatillo si resuelve el conflicto?", "¿Por qué los trabajadores tenemos que estar pagando las crisis y los errores que comente el Gobierno?", había insistido Baradel en una breve conferencia de prensa previa a la reunión.

Un reclamo que rompió las fronteras de Jujuy y el país

Página/12 — 2017-01-16T11:13:25Z

El Comité por la Libertad de Milagro Sala se conformó en marzo y desde entonces se expandió dentro y fuera de la Argentina, marcando con diferentes iniciativas la relación entre la persecución a la dirigente social y las violaciones a los derechos humanos.

En el penal del Alto Comedero, cuatro mujeres del Sindicato Argentino de Televisión le contaban a Milagro Sala noticias de las últimas acciones. “En los ‘90 buscábamos líderes sociales –les dijo ella– y hoy mirá, están todos organizados.” Fue antes de Navidad. Poco después entró a visitarla el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, que varias veces le dijo que ella ya no era ella. Que su figura había roto las fronteras de Jujuy y hasta de la región para entrar en el mapa de los líderes globales. Hoy se cumple un año de su detención en Jujuy. Zaffaroni es uno de los presidentes honorarios del Comité por la Libertad de Milagro Sala, un espacio de solidaridad política que desde el nombre buscó rápidamente dejar en claro la continuidad entre la detención de la dirigente social y las políticas represivas de la dictadura. La historia y evolución de los comités que hoy alcanzan al número de 61 son una historia en paralelo sobre ese cruce de fronteras de Milagro Sala, pero también sobre la construcción de los efectos y posibilidades de la organización. Con carácter movimientista, los Comités se expandieron en todo el país, y también en Francia, Italia, España, Bélgica, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Desarrollan murales callejeros y acciones para interpelar a las figuras del gobierno nacional cuando se mueven adentro o afuera del país. La resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU marcó en su evolución, un momento de expansión. Mientras se multiplicaba el número de adhesiones, creció el acercamiento de líderes de la región y de un nuevo tipo de líderes locales de espacios divergentes. En ese tiempo hubo pronunciamientos de Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula da Silva. Y, fronteras adentro, de referentes del PJ, de la CGT y hasta del Frente Renovador, e incluso de sectores de la izquierda menos afines a la Túpac Amaru.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala tiene entre sus presidentes honorarios a Estela de Carlotto, Piedad Córdoba y Baltasar Garzón. Y es uno de los espacios desde donde se desarrollaron las acciones más emblemáticas a lo largo de este año. En Francia, una interpelación al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En Ginebra, Suiza, una acción callejera. En Italia rodearon a Mauricio Macri con carteles. En la AMIA, esperaron a Gerardo Morales. En la ex ESMA, rodearon al fiscal Mariano Miranda. También parte de este espacio en movimiento activó una acción en el último Consejo Federal de Derechos Humanos, que no había puesto en agenda la detención de Milagro Sala. En Montreal, Canadá, hoy harán una conferencia de prensa en conexión con Buenos Aires. Y también son quienes cuentan adhesiones de Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Pepe Mujica y Alvaro García Linera.

El origen de los comités es de marzo de 2016 en el marco del Día Internacional de la Mujer. El nombre empezó a pronunciarse entre un grupo de mujeres bajo el rayo del sol en el acceso al penal del Alto Comedero. Estela Díaz era secretaria de Igualdad de Género de la CTA. Y una de las mujeres de esa hilera. “La primera acción que dio nacimiento al Comité es el Día Internacional de las Mujeres –cuenta– cuando sacamos un comunicado de apoyo con la firma de 200 referentes mujeres de todo el arco político, social, académico y religioso. Esa acción incluyó una visita a Milagro. Por entonces, decíamos que no podía haber Día de la Mujer que no tomara a la primera presa política en democracia como mujer, dirigente y líder indígena”.

Allí también estaban muchas otras. Mara Brawer, Elena Naddeo, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, Victoria Montenegro, María Rachid, Adela Segarra y más. Comenzaron a preguntarse por acciones a futuro y una forma de definir un frente de distintas trayectorias. ¿Comité?, dijo una. “¿Por qué no?, así se llamaban las organizaciones de solidaridad que surgieron en dictadura”. Esa tarde, anunciaron la creación en una conferencia. “Mientras esperábamos la visita, a muchas de nosotras esta situación nos trajo un deja vu –explicó Segarra–, una rememoración de lo que fue la dictadura. Van a cumplirse 40 años de la dictadura cívico militar y nosotros pensábamos que después de tanta lucha nunca nos íbamos a imaginar que a pocos días de asumir este gobierno iba a haber una primera presa política.”

La historia continuó con la presentación en el Congreso. Y el lanzamiento de la primera acción llamada Cien murales por Milagro. Rápidamente, lo territorial confluyó con lo jurídico, un escenario que incluyó una presentación sobre las irregularidades de la detención ante el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst. Siguió una huelga de hambre en Plaza de Mayo, a la que sumaron a 80 sacerdotes, y el logro de que se levantara la incomunicación y el castigo sobre Milagro. Se hicieron asambleas y movilizaciones. Y finalmente el 11 de julio, un primer encuentro nacional de Comités en Jujuy, cuando ya eran 25 comités, se relanzó la Tupac Amaru, se acordaron líneas de acción a largo plazo y se discutió una política de crecimiento.

“Pero el momento sin duda bisagra de este proceso en términos de adhesiones fue la declaración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas –continúa Estela Díaz–, sobre todo en el nivel de las voces plurales que comenzaron a acercarse. Comenzaron a llegar adhesiones de personas que tal vez tenían diferencias políticas o dudaban por la cercanía de la Tupac con el kirchnerismo. Allí se notó que esto ya no es una cuestión de determinada militancia, sino que lo dice un organismo de derechos humanos, internacional y de prestigio. Es el momento que hasta los propios radicales tienen posiciones ambiguas, como (Ricardo) Gil Lavedra. Y empiezan a verse fisuras en el gobierno nacional y en términos de adhesiones, si hasta ese momento nos llegaban tres o cuatro por día, comenzaron a llegar más de quince”.

Entre los efectos de la resolución, cambió el humor en la calle con otra recepción en las mesas de recolección de firmas. Explotan las redes cuando hay una noticia vinculada a Milagro, un dato que también es parte de un trabajo en la política de comunicación. A partir de ese mes de julio, esto fue una de las prioridades de los comités. Construir comunicación a través de redes, campañas cortas con imagen y consignas y una web con piezas de libre distribución: “Entendimos que era importante que todos puedan difundir lo que sucede en las causas porque gran parte del problema que tenemos es la estigmatización y el cerco de información”, agrega Díaz.

En paralelo a las denuncias ante organismos internacionales que iban haciendo las organizaciones de derechos humanos como el CELS, Amnistía Internacional y Andhes, el Comité se distribuyó otras tareas. Al comienzo, Estela Díaz y Mara Brawer quedaron en la coordinación. Surgieron diferentes comisiones: la parlamentaria, con Juliana Di Tullio; la jurídica, con Eduardo Tavani y Aníbal Ibarra; y la de asuntos internacionales, con Elena Naddeo, entre muchísimos nombres. En julio surgió la comisión de comunicación, a cargo de la Facultad de Periodismo de La Plata, Cynthia García y Sabrina Roth. Y ahora está tomando forma la de finanzas, para atender la situación de detenidos, detenidas y sus familias.

“Al analizar todo el proceso podemos decir que rápidamente la imagen de Milagro explotó asociada a la lucha por la defensa de los derechos humanos, a partir de esto que es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y con el correr del tiempo todo tomó un carácter movimientista. Por eso –sigue Estela Díaz–, desde el Comité por la Libertad siempre estamos entre lo que podemos organizar y todo aquello que fluye y desborda todo el tiempo.”

“Una gran pérdida para Jujuy”

Página/12 — 2016-11-07T12:49:41Z

El Coya Condorí tenía 70 años. Había sido dirigente sindical en el Ingenio Ledesma y fue secuestrado en 1975. Luego se convirtió en un testigo clave en los juicios por violaciones a los derechos humanos.

La noticia comenzó a circular durante la madrugada, surgida entre quienes lo acompañaron en la clínica San Salvador de Jujuy: a las 23.30 del sábado murió Hugo “el Coya” Condorí, 70 años, internado esa misma mañana con un cuadro de meningitis bacterial en un contexto más vasto de angustia y desazón para los militantes populares de la provincia. El Coya Condorí encabezó la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma en los años 70, un espacio que reunió en la comisión directiva a quienes iban a ser secuestrados y desaparecidos antes y después del golpe de 1976 entre demandas y conflictos con el Ingenio Ledesma. Fue sobreviviente de la dictadura, luchador para la apertura de los juicios, testimoniante memorioso y clave en la causa contra Carlos Blaquier. “Su muerte deja a la provincia sin uno de sus referentes más contestatarios. Esto es una gran pérdida para Jujuy en un momento de enorme retroceso de las políticas de derechos humanos en esta provincia”, dice a Página/12 Inés Peña, de Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy.

Anoche, algunos compañeros escribieron apurados partes de su historia. Alguien habló de dos refranes preferidos. “Es orgullo ser preso político y poder decirlo”. Y: “Soy parte del grupo de los presos que no le sacan nunca el culo al quincho”, expresión popular en el norte.

Condorí era presidente de la Asociación de ex Presos Políticos de Jujuy y del Partido Solidario. Fue un referente del movimiento sindical de los 70, clave como testigo de contexto en todos los juicios de lesa humanidad de Jujuy. Y una figura también clave para entender el proceso de articulación de los últimos años que reunió en la provincia las demandas del movimiento de derechos humanos y de los movimientos territoriales y Milagro Sala. “Esto para nosotros es un hecho lamentable –agrega Peña–, se nos están muriendo nuestros grandes dirigentes, de angustia y desazón –explica–. Hay que recordar que Condorí además estuvo entre los primeros en la carpa por la reivindicación política de Milagro Sala”.

Condorí nació en San Salvador el 27 de agosto de 1946. Fue segundo de seis hermanos. Su madre vivía en Libertador, su padre en San Salvador, razón por la cual pasó sus primeros años entre ambas localidades. Trabajó de niño en algunas ventas para contribuir en la casa. Y no terminó de estudiar porque eligió trabajar cuando su padre planteó que había dos opciones. A los 14 era ayudante y cadete en tiendas de San Salvador. A los 18 entró en la sección refinería de Ledesma. Para entonces, ya conocía a la compañera con la que tuvo seis hijos.

Condorí inició su actividad gremial en la obra social cuando el sindicato no tenía una. Fue secuestrado en 1975, antes de la Noches de los Apagones de 1976. Estuvo preso en Jujuy y en la Unidad 9 de La Plata. Su testimonio es clave en las causas porque justamente logró articular el proceso previo con la represión. “Acá todo el mundo recuerda a (el médico Luis) Arédez porque era intendente”, dijo en 2012 a Página/12. “Pero eso fue secundario, lo primario es que él era asesor nuestro: Arédez, (Jorge) Weisz, (Carlos) Patrignani y yo fundamos la obra social que es la que se encargó de luchar por el cumplimiento de la Ley de Salubridad, pero nunca la (empresa la) había cumplido. Nosotros veníamos del peronismo, había radicales, Weisz era de Vanguardia Comunista, pero lo que discutíamos era cómo profundizar las políticas de salubridad o de vivienda, más allá de las ideologías había un problema que había que solucionar.”

“Hoy se nos fue el Coya”, dijo ayer su nieto Santiago Hugo Hamud, secretario del parlamento jujeño. “Nos dejas un gran legado que estamos dispuestos a seguir. Saludos a los 30 mil. Y hasta la victoria siempre camarada y abuelo”.

“Es una verdadera inmoralidad”

Página/12 — 2016-11-03T12:54:21Z

El diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri reclamó en el recinto el cumplimiento de la resolución de la ONU y la liberación de la dirigente social. La diputada radical jujeña Alejandra Martínez salió en defensa del gobernador Gerardo Morales.

La resolución de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reclamó al gobierno argentino la libertad de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala detenida desde enero en la provincia de Jujuy también se hizo sentir en el recinto de la Cámara de Diputados. “Pido, exijo, solicito, planteo, quiero que el gobierno de la Nación, que el presidente (Mauricio) Macri interceda y aproveche esta resolución de la ONU para resolver esta verdadera inmoralidad”, sostuvo el diputado kirchnerista Edgardo Depetri. Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita, calificó al gobernador jujeño Gerardo Morales como “misógino y machista” y denunció que las diputadas de distintos bloques que fueron a la provincia para reclamar la liberación de Sala y otras siete mujeres de la organización Tupac Amaru fueron espiadas por orden del gobernador. Reclamó que la comisión de Derechos Humanos se constituya en Jujuy “contra este tirano que está arrasando contra el Estado de derecho”. La radical jujeña Alejandra Martínez salió en defensa de su gobernador: “Morales es el político más democráticos, o uno de los más democráticos del país”, afirmó sin sonrojarse.

“Hay una detención arbitraria, arbitraria e ilegal. Hay una detención que se realizó por una revancha política o tal vez por un intento de control social, del conflicto de la calle, de mirada diferente, de construcciones populares que tienen miradas distintas sobre la construcción y la organización popular de la política y sobre todo los derechos del pueblo jujeño”, arrancó Depetri para reclamar la liberación de la dirigente de la Tupac. “Hay un trabajo enorme de abogados prestigiosos de organizaciones como el CELS y otras que impulsaron este reclamo entre la ONU y la ONU fue clara: exige la libertad inmediata de la dirigente social y diputada latinoamericana del Mercosur, la compañera Milagro Sala”, señaló.

“Es el mismo grupo de trabajo que planteó que en Venezuela había que liberar a Leopoldo López, dirigente opositor al chavismo y hemos visto al presidente Macri exigir en los organismos internacionales la inmediata liberación de Leopoldo López, porque la ONU lo plantea, bueno, ahora, la ONU plantea la libertad de Milagro Sala. Sería importante que interceda ante el gobernador Gerardo Morales y una justicia armada a su antojo, a los defensores de la república y de la democracia”, continuó Depetri, quien detalló como Morales aumentó de cinco a nueve los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia para tener una justicia adicta a sus propósitos represivos.

Depetri se dirigió a los diputados del oficialismo que reprobaban su planteo: “Lo que ustedes han hecho con Milagro Sala no se puede sostener. El frente de Milagro Sala organizó a los pobre y los reivindicó, y les creó empleo, mientras ustedes votaban las leyes acá, que llevaban a la pobreza y a la desocupación a millones de compatriotas”.

La diputada correntina Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria-Movimiento Evita) denunció que el gobierno de Morales detuvo a mujeres de las organizaciones de la economía popular por intentar vender sus productos en las calles jujeñas y advirtió que “si Milagro Sala sigue en la ilegalidad” con su detención pedirá “el juicio político” contra los responsables de mantenerla presa y la intervención de la justicia de Jujuy.

Desde el oficialismo, la única que salió en defensa del gobernador fue la diputada moralista Alejandra Martínez. “Quiero decir que defender los derechos de las mujeres no tiene nada que ver con defender a los que cometen delitos”, sostuvo la radical jujeña y acusó a Sala de “robarles a los jujeños”. Luego quiso dar cuenta de su conocimiento de la causa: “Milagro Sala es la que tiene una mansión muy cerca de la mía” y, ante las sonrisas e ironías de propios y ajenos, corrigió: “de mi casa”.

Martínez buscó salir de su furcio con un discurso que concitara la adhesión y no la burla de sus propios correligionarios y oficialistas: “Que Sala les robara a los jujeños no hubiera sido posible si no hubiera tenido la anuencia y una matriz de corrupción permitida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, declamó, consiguió su objetivo y se entusiasmó: “Morales es el político más democráticos, o uno de los más democráticos del país”, concluyó la diputada radical.