Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Más de 100 indicadores para graficar la desigualdad de género

Página12 — 2022-11-16T13:14:25Z

Axel Kicillof, junto a la ministra Estela Díaz y el ministro Pablo López, puso en marcha el SIPG-PBA, una herramienta que centralizará las estadísticas del territorio provincial para medir brechas de género. El gobierno bonaerense asegura que así podrá orientarse para tomar decisiones.
Por Andrés Miquel

El gobernador Axel Kicillof, acompañado por la ministra de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lanzaron el Sistema de Indicadores con Perspectiva de Género de la provincia de Buenos Aires (SIPG-PBA). De esta forma, el gobierno provincial se propone contar con información sistematizada sobre las inequidades de género vigentes en la sociedad bonaerense. La intención de los funcionarios es abordar de manera transversal la elaboración de políticas públicas dirigidas a subsanar las brechas de género, tal cual se manifestó en la presentación.

La estructura del sistema está dividida en cinco dimensiones, subdivididas a su vez en 23 ejes que recorren, por medio de 116 indicadores, diferentes aristas. El dispositivo debería permitir que queden sobre la mesa las desigualdades de género en el territorio provincial. Toda la información proviene de índices y fuentes oficiales.

Los primeros resultados fueron presentados dimensión por dimensión:

Dimensión Económica: por medio de 48 indicadores distribuidos en cinco ejes, como la inserción laboral, la brecha salarial, acceso educativo y a recursos económicos, pueden apreciarse las primeras conclusiones. Los datos exhibidos exponen que, entre otras cuestiones, las mujeres realizan el 77 por ciento de las labores domésticas no remuneradas en la provincia de Buenos Aires, existe una brecha superior al 15 por ciento respecto a los hombres en la tasa de actividad y de empleo, y los ingresos de las mujeres ocupadas están más de un 20 por ciento por debajo de los varones.

Dimensión Toma de Decisiones: a través de siete indicadores divididos en los ejes ‘Participación Política' y ‘Puestos de Decisión', expone la subrepresentación de las mujeres en los distintos puestos laborales de la provincia, dónde el ejemplo más claro está en que sólo hay siete intendentas sobre los 135 municipios bonaerenses.

Dimensión Física: son 32 indicadores agrupados en 9 ejes que miden la capacidad de llevar una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado, y de tener libertad para decidir sobre el propio cuerpo y la sexualidad. La tasa de femicidios, el acceso a la salud y los factores de riesgo dentro del sistema de salubridad, son algunas de las variables estudiadas. En su lanzamiento, el sistema muestra que entre los años 2015-2019 en la provincia de Buenos Aires se registraron 476 femicidios. En el 70,1% de los casos registrados en 2019, la persona que ejerce la agresión fue la pareja o la ex-pareja.

Dimensión de Estado: en cuatro ejes se engloban 12 indicadores que remiten a las decisiones que toma el Estado desde sus distintos estamentos para combatir la desigualdad, como ser las legislaciones para el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, totalidad de mujeres que toman licencias por cuidados o motivos de género, o la aplicación del cupo trans, entre otros. Uno de los principales indicadores expuestos alude a la aplicación de la Ley Micaela que ya lleva capacitados más de 3200 máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

Dimensión Sociodemográfica: con 17 indicadores divididos en tres ejes, esta dimensión incluye variables acerca de la composición y dinámica demográficas de interés que potencialmente inciden en las brechas de género, como la estructura de la población por sexo y edad, el índice de feminidad, y el rol de jefe/a de hogar según sexo. Entre los principales datos, se destaca que el 50,9 por ciento de la población de la provincia de Buenos Aires son mujeres, y se visualizó una feminización de la vejez dada su mayor longevidad.

El sistema, según lo expuesto por las autoridades, tiene como objetivo constituirse en un partícipe obligatorio de la toma de decisiones dentro de la gestión bonaerense tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial. Desde el ministerio comandado por Estela Díaz aseguraron que el SIPG tiene como premisa “garantizar que la población tenga acceso a información adecuada y pertinente sobre las desigualdades de género” y así, por medio de su centralización y organización, el Estado pueda generar estadísticas que posibiliten elaborar medidas que reduzcan las asimetrías actuales.

La obtención de datos según sexo y, en lo posible, según la identidad de género; la generación de diagnósticos para identificar patrones de discriminación; la producción de indicadores que determinen la magnitud de las desigualdades de género; la provisión de información desagregada territorialmente para la elaboración de políticas públicas; son los ejes conducentes del sistema, argumentaron del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales.

Toda la propuesta está envuelta en un entramado de desafíos. “Su creación implica una revisión exhaustiva de la información producida y el diseño de indicadores nuevos”, explicaron las autoridades. Asimismo, detallaron que “lo que se presenta hoy aquí es una primera instancia de una matriz de datos que crecerá y se actualizará periódicamente”, puesto que la transversalidad de la medida depende de “que se incorporen organismos que aporten nuevos indicadores”. En ese sentido, se espera ampliar el SIPG con indicadores que provengan de nuevas fuentes de información.

La medida surge de la iniciativa del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales que, en marzo de 2021, firmó un convenio con el ministerio de Hacienda y Finanzas para la creación del Sistema de Indicadores con Perspectiva de Género. Asimismo, durante el proceso de elaboración de esta herramienta, otros organismos de la provincia firmaron convenio marco, tales como Provincia Microempresas, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Cultura y Educación.

El gobierno bonaerense informó que, para obtener los índices, el sistema cuenta con un trabajo de articulación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Subsecretaría de Empleo Público.

Salvarezza: la Ciudad tiene una "actitud cercana a la que veíamos con Bolsonaro o Trump"

Página12 — 2021-04-25T19:33:29Z

El ministro de Ciencia pidió al Gobierno porteño que haga cumplir las restricciones

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, apuntó contra las autoridades porteñas por su "postura" ante las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional para frenar el avance del virus y dijo que es "poco entendible" y "cercana" a la que se veía con "(Jair) Bolsonaro en Brasil o (Donald) Trump en Estados Unidos".

"Manejar la pandemia en términos ideológicos es muy complicado", opinó tras advertir que "el Gobierno de la Ciudad debería hacer cumplir las restricciones" porque, de lo contrario, "va a hacer que colapse el sistema de salud".

"La postura del Gobierno de la Ciudad" frente a las restricciones, que se ha endurecido en la última semana tras anunciar con un fallo —firmado por familiares y amigos de sus funcionarios— que desconocía un DNU nacional, luego desacatar un fallo federal que dejaba al anterior sin efecto y finalmente sostener que las clases seguirán presenciales hasta que resuelva la Corte, "es poco entendible".

"Durante la primera ola se manejó en parámetros normales, pero ahora está tomando una actitud cercana a la que veíamos con Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos", sostuvo Salvarezza.

El ministro alertó por el "cóctel explosivo" que atraviesa el país, en alusión a la situación epidemiológica, con "récord de contagios, la terapia intensiva por encima de los niveles que se alcanzó en la primera ola, variantes más contagiosas y un sistema de salud que está mucho más tensionado" .

Frente a esto, señaló el funcionario, será crucial "lo que pase en los tres o cuatro días próximos", donde se deberá volver a analizar la curva de contagios y la continuidad de las medidas que rigen hasta el 30 de abril. "Si la curva sigue subiendo y el estrés sobre el sistema de salud aumenta, obviamente va a haber que tomar más restricciones", anticipó al respecto este domingo en declaraciones a El Destape Radio.

Por último, expresó su apoyo a una posible articulación entre el sistema de salud público y privado. "Es un camino que hay que transitar y la experiencia de la pandemia, si somos inteligentes, nos va a llevar a rearmar el sistema de salud a uno más coherente, más cohesionado", concluyó.

ATE Capital denunció penalmente a Larreta por atentar contra la salud

Página12 — 2021-04-21T17:35:50Z

"No hace más que estimular la circulación de la gente en un momento muy delicado para el país", señaló a PáginaI12 Daniel Catalano, secretario general del gremio. Su convicción de que "estamos atravesando un golpe institucional blando".

Por Julián Bruschtein

La terca apuesta política del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener las clases presenciales tuvo respuesta de parte de los trabajadores. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia penal ante la justicia por delitos contra la salud pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella fue presentada ante la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de desconocer el fallo de la justicia federal que le ordenaba respetar el decreto presidencial en el que se suspenden las clases durante quince días por la pandemia.

"Larreta no hace más que estimular la circulación de la gente en un momento muy delicado para el país y para los trabajadores", señaló a PáginaI12 el secretario general de la ATE Capital, Daniel Catalano, luego de presentar la denuncia ante los tribunales.

A pesar de los altos índices de contagio de coronavirus en territorio porteño, el jefe de Gobierno realizó una presentación ante la justicia local, que esgrimió como un de sus argumentos la autonomía dela ciudad para decidir sobre un decreto nacional. "La situación se agrava todavía más porque Larreta decidió vacunar sólo a un 15 por ciento de los docentes y las docentes, sin tener en cuenta también a los auxiliares docentes, como corresponde", detalló el dirigente sindical.

"En franca violación al decreto emanado por el PEN que obliga a una suspensión de la presencialidad en los establecimientos educativos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) hasta el 30 de abril de 2021, y desoyendo una manda judicial del juzgado CAF Nº2, con un sistema sanitario al borde del colapso, el jefe de Gobierno dela Ciudad y su ministra de educación disponen el mantenimiento de las clases presenciales en los establecimientos educativos de CABA", señaló la ATE en el escrito judicial en el que destacaron "el grave riesgo a la salud y la vida que conllevan las decisiones adoptadas por el gobierno de la ciudad y su ministra de Educación".

"Ya hay antecedentes en esta pandemia, porque nos presentamos en varias oportunidades ante la justicia por las negligencias del Gobierno de la ciudad. No proveen los insumos sanitarios a las instituciones de salud, y los que proveen no tienen la calidad que deberían. Los trabajadores tienen que enfrentar esta situación en condiciones laborales muy malas", aseguró Catalano haciendo foco en la reiteración de las acciones "contra la salud" del gobierno porteño. El amparo que presentó ATE fue atendido por la justicia y obtuvo un fallo a favor, que "el gobierno de la ciudad se resistió a cumplir", señalaron en un comunicado.

"En conjunto con la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), se realizaron relevamientos de las escuelas porteñas, llegando a la conclusión de que no estaban dadas las condiciones edilicias para el regreso a clases. Nuevamente el GCBA hizo oídos sordos", afirmó el sindicato en el comunicado y agregó que "fue en este marco que ATE Capital decidió denunciar penalmente al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por delitos contra la salud pública y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Creemos además que estamos atravesando un golpe institucional blando. Larreta no respeta a las instituciones el Estado. Se atenta contra la democracia", destacó Catalano, haciendo un análisis político de la situación generada por las demandas opositoras, enfocadas quizá en un año electoral más que en la salud de la población.

Respondiendo desde abajo

Página12 — 2021-04-21T12:28:25Z

Por Victorio Paulón

La respuesta de los sindicatos locales de CABA a la caprichosa resolución de la justicia porteña pone, después de mucho tiempo, la principal contradicción al desnudo. Desoyendo el DNU presidencial que suspende la presencialidad escolar, el Jefe comunal de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, pretende obligar a los trabajadores de la educación a concurrir a las escuelas. En respuesta, los gremios docentes con la solidaridad de los demás sindicatos del sector público decretan el cese de actividades. El conflicto de poderes va escalando significativamente y sale fuera de la mera campaña electoral.

La derecha derrotada en las elecciones presidenciales procura la desestabilización a como dé lugar y la respuesta como tantas otras veces, quedó en manos de los trabajadores organizados.

Si los dirigentes sindicales que encabezan la huelga son conscientes del calibre del hecho que asumen lo dirá el futuro, pero se impone resaltar que la decisión tomada marcará el derrotero de la pandemia. La peste no perdona y no brinda espacios para la demagogia. El enfrentamiento con esta derecha ha escalado definitivamente y el después depende del presente.

Ya no serán las encuestas, manipuladas siempre por los que la pagan, ni la opinión de 4 exaltados seriales con formato de comunicadores los que marcarán el rumbo de la historia. Si los convocantes logran la adhesión de las bases y el paro es total, la discusión vuelve a las fuentes y el gobierno de CABA tendrá que demostrar cuanto poder real detenta para imponer su voluntad.

El apoyo de los trabajadores a las medidas del gobierno nacional en defensa de la salud de todos es apenas un gesto al lado de la determinación de paralizar la ciudad en la cara del gobierno local.

O Rodríguez Larreta retrocede y absorbe el golpe, o lo replica y el conflicto escala hacia lo imprevisible. Los dirigentes de los sindicatos docentes han hecho lo que las circunstancias obligaron a enfrentar. Los líderes de los otros sindicatos se plegaron solidarios como lo señala la historia de los movimientos obreros a lo largo del tiempo. El gobierno local actúa con la prosapia de sus ancestros para enfrentar a los que no se someten, una vez más los viejos enemigos se ven la cara. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no pude soportar en silencio que sus propios dependientes le pinten la cara, habrá que ver cuál es la respuesta.
El contundente acatamiento en el sector público cercano al 90% y un poco menor en el sector privado muestra una base laboral en línea con las decisiones presidenciales y no dispuesta a obedecer al gobierno local a costa de su propia seguridad y la de los alumnos. Las amenazas de descuento por ausencia a los huelguistas y de perder el lugar en la escuela a los alumnos que falten, fue dado por tierra por la propia justicia que además le ordena al gobierno proveer medios tecnológicos para la educación en forma remota.

Nada hubiese transcurrido así sin la firme decisión de los gremios de la educación y el apoyo de ATE y la solidaridad de SITRAJU. Cuando la resistencia viene de los trabajadores, las decisiones políticas y judiciales se precipitan y adquieren otro cariz.

El segundo día de paro fue más contundente aún. Si la respuesta del Jefe de Gobierno se agudiza será el turno de las cúpulas sindicales. La huelga es una medida que se adapta con mucha lógica al aislamiento que impone la pandemia.
Lo que está sucediendo en Neuquén con los trabajadores de la salud puede generalizarse por las condiciones de agobio laboral y magros salarios que sufren tanto por parte del estado como por los privados y obras sociales en la Capital Federal. Cuando la solidaridad sindical se expande los movimientos de protesta se potencian. La pandemia sigue escalando y las medidas de aislamiento de CABA apuntan a expandirse. Es hora de firmeza en las decisiones.

*El autor es secretario de Derechos Humanos de la CTA y dirigente histórico de la UOM.

Milagro Sala cuatro años presa: "A pesar de todo, volvería a hacer lo que hice"

Página12 — 2020-01-16T16:05:13Z

Sigue detenida en su domicilio. La líder de la Tupac Amaru aseguró que no entiende por qué Gerardo Morales la odia. Está contenta con el triunfo de Alberto Fernández y está formando a otros dirigentes. Las charlas con Evo Morales, su defensa, la historia de la quema del nicho de su padre que atribuye al gobernador, la destrucción de la obra de la Tupac y la esperanza de libertad.

Desde San Salvador de Jujuy

Hace seis años, cuando no se imaginaba ni en la peor de sus pesadillas que iba a cumplir cuatro años presa, Milagro Sala vivió un episodio que le dio la pauta de lo que que era capaz de hacer su entonces adversario político y hoy gobernador cuando tuviera el poder en la provincia: la líder de la Tupac Amaru asegura que Gerardo Morales mandó a prender fuego el nicho de su padre al otro día de su fallecimiento y que se lo confesaron unos chicos que le pidieron perdón unos días después. Estaban drogados y les habían pagado. El Papa la llamó entonces para contenerla y recomendarle no responder provocaciones. La dirigente recibió a Página/12 mientras estudiaba un plano de la obra que hizo su organización. Quiere decir más cosas en la justicia porque siente que tendría que haber hablado mucho más para defenderse en las audiencias y en estos días se dedica a formar cuadros políticos y a escribir un libro sobre su vida. Está convencida de que Morales la odia, insiste en que ella ya lo perdonó y que lo considera digno de lástima. Festeja el triunfo de Alberto Fernández como presidente y dice que a pesar de todo lo que le pasó, volvería a hacer lo que hizo.

Para entrar a su domicilio, el equipo de este diario tuvo que mostrarle su documento a una de las personas que custodian desde una camioneta la puerta de su vivienda.

— Hace poco leí la crónica de un hombre que estuvo diez años preso en dictadura. Dice que aunque los demás le digan que lo entienden, no lo puede entender nadie que no haya pasado por lo mismo. ¿Coincide?

— Sí. A veces dentro de la cárcel uno toma medidas para que la familia no se preocupe por uno. Estar en la cárcel es horrible. Imaginate a una persona que trabajó toda una vida en lo comunitario y que el carcelero te aísle, no te deje ver el sol o que el director te diga que si se sobra un pedazo de pan es preferible preferible tirarlo que dárselo a alguien que lo necesita. Me aislaban a menudo y cuando yo preguntaba por qué me decían que era porque yo defendía a mis compañeros y en la cárcel los códigos son distintos. Me acuerdo que le dije "yo soy dirigente en la calle, acá, allá y donde sea. Nunca voy a dejar de ser dirigente". Lo peor de estos cuatro años es que me trataron como un objeto. Y saber que pasan cosas afuera que no podés solucionar desde adentro. Los que te quieren no quieren que te enteres, pero te enterás igual.

— ¿Alguna vez pensó que por hacer la obra que hiciste ibas a cumplir hoy cuatro años presa?

— Nunca. Porque te imaginás que construíamos en base a las necesidades de los compañeros: yo ni siquiera vivía en el barrio de la Tupac de Alto Comedero. Yo trabajé y trabajo para los demás porque lo saqué de Evita. Cuando de adolescente me fui de mi casa para vivir en la calle porque quería valérmelas sola me hice peronista. Por las cosas que viví y que vi. Mi objetivo nunca fue competir con el Estado. Pero hicimos de todo en función de las necesidades: casas, piletas, escuelas, fábricas de ladrillos. Dábamos los medicamentos gratuitos. Y si veíamos que un compañero tenía una enfermedad terminal lo acompañabamos hasta el final. La idea es y fue ser solidario con el otro.

La casa de Milagro Sala, para quien la conoce de su época de ciudadana libre, sigue siendo comunitaria, pero mucho menos que antes: la acompañan algunos de sus hijos, de sus compañeros, su marido y una gran cantidad de perros adultos y cachorros. Antes, casi se jactaba de no tener intimidad. Ahora, el ingreso está muy controlado.

— Si hubiera sabido lo que le iba a pasar. ¿Lo volverías a hacer?

— Lo volvería a hacer porque estoy convencida de que hay que cubrir la necesidad del otro. La gente está esperando que los dirigentes le resuelvan los problemas. Lamentablemente, hay muchos dirigentes que no le resuelven el problema al otro, pero sí el propio. Lo que más extraño ahora que estoy encerrada en mi casa y lo que más extrañaba en la cárcel es la militancia. Como dice Cristina, no me arrepiento de haber trabajado tanto. De lo que sí por ahí me arrepiento, aunque arrepentimiento es una palabra fuerte, es de haberle dedicado tanto tiempo a la organización y poco a la familia. Porque mis hijos también se dedicaron a militar y quizá nos juntábamos un domingo cada 20 días y una familia "normal" lo hace un poquito más.

— ¿Qué o quiénes la sostuvieron fuera de la cárcel y en su detención domiciliaria?

— Me mantuvieron viva, a pesar de mis dos intentos de suicidio —muestra las marcas en las muñecas— los compañeros que estaban resistiendo y, sobre todo, mi familia. Y el esfuerzo de muchos compañeros que no se entregaron al gobierno de turno y prefierieron militar y buscar una changuita. Eso fue sacrificado. Muchas noches me pongo a pensar en los que no me traicionaron.

— ¿Algunos sí lo hicieron?

— Sí. Pero algunas traiciones son entendibles y otras no. A algunos les apretaron demasiado a la familia. Pero otros negociaron la libertad y se beneficiaron y jodieron a 5000 compañeros de la organización Tupac Amaru que tenían un trabajo seguro por el que cobraban todos los meses. Pensá que éramos la tercera fuerza de la provincia que ofrecía trabajo genuino y estos compañeros pensaron en ellos mismos. Está bien, cada uno elige dónde quiere estar. No los culpo ni les tengo rencor.

—¿Qué lugar ocupa en su marido, Raúl Noro?

— Es un pilar importante. Es mi compañero, es todo mi gordo. Mi cable a tierra. Y mis hijos y mis nietos también. He criado 16 hijos del corazón y estoy orgullosa de cada uno de ellos. Hoy siguen caminando. Y luchan por mantener bien a sus hijos.

—¿Cree que Gerardo Morales la odia?

— A esta altura sí. Porque yo no siento que esto sea una competencia política. Es un odio visceral que siente hacia mi persona. Un odio que no entiendo: él actúa como si yo le hubiese sacado algo de él. Y yo nunca le saqué nada. Ni siquiera protagonismo. El que me hizo viral con lo que me hizo fue él. Y no tiene límites.

—¿Por qué dice eso?

— Hace seis o siete años mandó a quemar el nicho de mi papá al día siguiente de su muerte. Empezamos a averiguar y nos dijeron que quien había mandado a hacer eso era Gerardo Morales. Había bidones de nafta tirados en el cementerio. Aparecieron los chicos que lo hicieron y me pidieron perdón: "flaca disculpanos. Nos pagaron y estábamos drogados". Yo no entendía tanta maldad. Hablé con el obispo de Jujuy y me consoló diciéndome que son cosas que no se tienen que hacer y me pidió que trate de mantener la calma. Y me llamó el Papa y me recomendó que me calmara, me dijo que estas cosas pasan a veces y que uno se tiene que manejar con toda tranquilidad porque fue una provocación. Tenía razón. Este tipo siempre nos quiso llevar por el camino de la violencia. Me trató de narcotraficante, de asesina. De lo único que vengo salvando es que me acusen de violación.

—¿Qué le diría hoy?

— Lo que vengo diciendo del momento que él me encarceló. Dentro de mi corazón, ya lo he perdonado. Es digno de lástima . Cree que el único que tiene derecho a tener todo es él. La familia de él y los amigos empresarios. Y no piensa en el que lo ha votado: el pueblo. Yo tengo cinco policías en la puerta en una camioneta cuatro por cuatro. Y en otra esquina tengo a uno de civil. Y a otro más atrás. Yo no he visto ningún detenido que tenga una domiciliaria y tan controlada. Ni los genocidas. La ley no dice eso: sólo me tendría que controlar el patronato de liberados. Vivo un hostigamiento permanente por parte del gobernador. Lo único bueno que nos pasó estos cuatro años es que Morales por un lado descuida y niega las obras que hicimos y por otro se dedica a inaugurarlas como propias. Se contradice: o no hicimos nada o hicimos todo lo que él está inaugurando. Sólo le pido que diga públicamente que las hicimos nosotros. Incluido el Parque Acuático más grande del NOA, que encima dividió en tres partes y se está viniendo abajo (ver recuadro). Y su gestión es mala: siguen cerrando comercios en la provincia y él va a Casa Rosada a pedir plata. Mejor que rinda cuentas sobre lo que recibió de coparticipación y los préstamos internacionales que tomó.

—¿Le generó esperanza el triunfo de Alberto y Cristina?

— Sí. Están beneficiando a los jubilados, a los desocupados. Que nuestro país se pueda volver a reconstruir me genera una enorme esperanza. La Argentina recuperó la alegría.

—¿Y tiene esperanzas de salir?

—Mucha. Me gustaría que se termine la agonía, la de mis compañeros también. Somos rehenes de la política opositora.

—¿De qué disfruta en este momento, dado que no podés salir?

— Disfruto de ver el amanecer desde el balcón. Si falta un clavo, me pongo a hacer tareas domésticas. Y hablo mucho con mis compañeros, trato de que se capaciten. Quiero que se conviertan en mejores dirigentes que yo. También estoy escribiendo un libro sobre mi vida con Reynaldo Castro, que es un escritor y poeta que viene una vez a la semana.

—¿Cree en Dios?

— Qué pregunta difícil. Creo a mi manera. Por ejemplo, cuando me siento a comer o a tomar un mate cocido le agradezco a Dios. Digamos que creo en Dios, pero no en los hombres. Y le agradezco mucho a la madre tierra, a la Pachamama.

—¿Qué fue lo peor y lo mejor que le pasó en estos cuatro años?

—Tengo mucho dolor. Nunca me imaginé que me iban a tratar tan mal injustamente. Y lo que aprendí es que hay que reforzar la preparación de mis compañeros. Nunca nunca nos hemos sentado a formar cuadros políticamente porque la prioridad siempre era hacer cosas.

—¿Con qué sueña?

— Con que los políticos discutan ideas en vez de destrozar familias. Porque no me destrozaron únicamente a mí: destrozaron a miles y miles sacándoles sus derechos y su dignidad. Sueño con que que los chicos vuelvan a comer en su casa. Y con que no nos olvidemos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.

Milagro hizo la entrevista con Página/12 sin separarse del mate. Y después se puso a preparar el almuerzo. Nosotros salimos a la calle por la puerta de su casa del barrio Cuyaya, cosa que ella no puede hacer quién sabe hasta cuándo.

El robo de una placa en homenaje al hijo de Taty Almeida

Página12 — 2020-01-11T16:59:49Z

El autor del robo ya fue identificado: es un empleado del Instituto Geográfico, hijo de un militar, y recibirá una sanción ejemplificadora.

"Siento mucha pena e indignación. Porque no están sólo faltándole el respeto a Alejandro, si no que es un ataque contra los 30 mil desaparecidos", dijo Taty Almeida.

Antes de ser secuestrado y desaparecido en 1975, Alejandro Almeida, hijo de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, trabajó durante unos meses en el área de cartografía del Instituto Geográfico NacionaI. En 2013, el gobierno nacional colocó una placa conmemorativa en el hall de entrada del instituto, homenajeándolo a él y a los 30 mil desaparecidos de la última dictadura. El jueves a la noche una persona ingresó al instituto, vandalizó el homenaje y se robó la placa. Ya fue identificado y, como se trata de un empleado del organismo, será sancionado.

El viernes a la mañana, mientras hacía su recorrido diario por el organismo antes de comenzar a trabajar, una empleada de control de personal del Instituto Geográfico notó que la pared en la que solía colgar la placa de homenaje de Alejandro estaba vacía. "No era una rotura casual. Se notaba que habían intentado destornillarla pero que, al no poder, la terminaron arrancando de cualquier manera y dejaron algunos vestigios. Pero en el piso no había nada, se la habían llevado", contó a PáginaI12 el delegado de ATE Capital en el Instituto, Jorge Muñoz, que fue una de las primeras personas en enterarse del hecho.

"Inmediatamente después hicimos la denuncia en la comisaría y avisamos a las autoridades", explicó Muñoz, quien aseguró que, desde un principio, desconfió de "los trasnochados de siempre".
"En el instituto sigue habiendo bastante personal que simpatiza mucho con los militares, incluso en sus peores épocas", dijo. Y es que, durante 130 años, el organismo formó parte de las Fuerzas Armadas, hasta que, en 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández lo pasó al área civil.
Una vez que el director del Instituto, Sergio Cimbaro, se enteró de la ausencia de la placa, el organismo realizó una denuncia judicial e hizo girar un comunicado interno repudiando el acto de vandalización. Los rumores comenzaron a extenderse y, unas horas después, apareció el ladrón. Según comentaron fuentes del Ministerio de Defensa, un trabajador del instituto se presentó en la oficina de Cimbaro y confesó, arrepentido, que él se había llevado placa.
El hombre, empleado hace más de 30 años en el organismo, le dijo a Cimbaro que era hijo de un militar "que había sufrido la guerrilla". "Le dijo que su padre había estado en un enfrentamiento con 'guerrilleros' y que por eso se había llevado la placa, pero que estaba arrepentido. Y acto seguido se la entregó en la mano", narraron desde el Ministerio de Defensa, que encabeza Agustín Rossi.
"Siento mucha pena e indignación. Porque no están sólo faltándole el respeto a Alejandro, si no que es un ataque contra los 30 mil desaparecidos y los organismos de derechos humanos", dijo Taty Almeida, en diálogo con PáginaI12, apenas se enteró del robo. "Tenemos que tener presente que esta gente no se ha retirado. Están al acecho. Quienes nos odian, a los organismos y a los desaparecidos, quieren llamarnos la atención. Es como si dijeran 'acá estamos, acá seguimos'", denunció, horas antes de saber quién era el responsable.
Apenas sucedió el hecho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se comunicó con los trabajadores de ATE del organismo. "Estamos muy atentos a lo que sucedió y, desde ya, repudiamos cualquier hecho que pueda ofender la memoria de los 30 mil", indicó Pietragalla a este diario. "En los últimos cuatro años hubo un retroceso enorme en las políticas públicas de derechos humanos y eso hizo posible que hechos que pensábamos que no iban a suceder más vuelvan a surgir”, denunció el ministro, quien es hijo también de desaparecidos.

Alejandro Almeida tenía 20 años cuando fue secuestrado por la Triple A. Había trabajado como cadete en la Agencia Télam, militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y cursaba el primer año de la carrera de Medicina. "Ese día no fue a trabajar porque al día siguiente tenía que rendir un parcial. Vivía conmigo. Antes de salir me dijo 'esperá que ya vengo'. Fue lo último que escuché de Alejandro", recordó Taty.
La semana próxima se realizará un acto de restitución de la placa en el Instituto Geográfico Nacional, en el cual participará el ministro Rossi. Según indicaron desde Defensa, el empleado que robó la placa recibirá una sanción ejemplificadora, pero no será expulsado.
Informe: María Cafferata.

Una cartera que nació de la lucha

Página12 — 2020-01-09T12:55:03Z

Las nuevas funcionarias, académicas y militantes, juraron por “las luchas colectivas que nos trajeron hasta acá”.

Este miércoles Elizabeth Gómez Alcorta tomó juramento a las autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que la acompañarán en la gestión, en un acto que se distinguió por lo emotivo y el entusiasta apoyo del público que colmó el auditorio del Ministerio de Producción, prestado para la ocasión ya que el flamante ministerio aún no tiene sede propia. Del acto participaron el jefe y la vicejefa de gabinete de la Nación, la secretaria de Legal y Técnica, ministras y ministros, diputadas nacionales, intendentas, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, titulares de las áreas de género de distintas dependencias, otras y otros referentes políticos y de los distintos poderes del Estado.

La politóloga Lara González Carvajal juró como jefa de Gabinete del ministerio. Especialista en planificación y políticas públicas, trabajó en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado de la Provincia de Buenos Aires como secretaria Legislativa del bloque Frente para la Victoria-PJ.

Cecilia Merchán, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, juró “por la patria y por la matria, justa, libre y feminista. Por las ancestras, que nos trajeron hasta acá, y por las jóvenes, que no sabemos a dónde nos van a llevar”. Empezó a militar a los 14 años como alfabetizadora de personas adultas. Como diputada nacional, impulsó las leyes de ampliación de derechos, coordinó el programa Juana Azurduy y el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas.

Pilar Escalante juró “por las luchas colectivas, que nos trajeron hasta acá” al asumir como subsecretaria de Igualdad. Licenciada en Ciencia Política con orientación en Análisis Político en la Universidad Nacional del Rosario y referente de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su ciudad, hace más de 10 años desarrolla y participa en dispositivos de acompañamiento en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes.

Alba Rueda ocupa el cargo de subsecretaria de Políticas de la Diversidad y juró “por la patria transfeminista, por Lohana Berkins, por Diana Sacayán, por la resistencia de les compañeres”. Militante y activista por los derechos de las personas trans y travestis, es presidenta de Mujeres Trans Argentina, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini e integrante del consejo asesor del Observatorio de Género en la Justicia, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Josefina Kelly Neira, abogada penalista con diploma de FLACSO de gestión y control de políticas públicas, que trabajó en el Poder Judicial de Nación, en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Justicia de la Nación, juró como Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género.

Laurana Malacalza asumió como subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Es docente de la Especialización en el abordaje de las violencias interpersonales y de género de la Universidad Nacional de La Plata. Coordinó el Área de Género e Investigación del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la provincia de Buenos Aires y fue coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Carolina Varsky, que juró “por les otres, que son la patria”, fue designada en la subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género. Fue Coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación entre 2013 y 2019. Trabajó por más de 15 años en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fue Directora del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado y luego directora de Litigio y Defensa Legal en ese organismo de derechos humanos.

Al frente de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad juró Diana Broggi, “por la historia de las Abuelas y las Madres y por el futuro de las pibas y pibes de nuestra patria grande”. Con formación en salud social y comunitaria, y como psicóloga feminista trabajó en equipos de salud territoriales en consumos problemáticos, violencia de género, niñez y adolescencia.

Larisa Rosón, con más de veinte años de experiencia en gestión pública y en organismos internacionales. asumió como subsecretaria de Gestión Administrativa.

En el acto la ministra reiteró que la creación del ministerio es producto de la lucha histórica que no sólo se remonta a principios del siglo pasado sino a las batallas y luchas que dieron en soledad muchas mujeres y colectivos de la diversidad desde la recuperación de la democracia y destacó que la creación del ministerio es expresión de la voluntad política de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de priorizar y jerarquizar la política de igualdad de géneros de un modo contundente e indiscutido. También señaló que esta decisión implica revalorizar el rol del Estado y lo público y que más allá del trabajo que llevaron adelante organizaciones de la sociedad civil en la lucha por los derechos de las mujeres y las disidencias hay competencias que son propias e inexcusablemente estatales.

Asbesto: Metrovías reconoció que hay trabajadores afectados

Página12 — 2019-08-22T13:43:13Z

La empresa Metrovías reconoció en una comunicación interna, a la que tuvo acceso este diario, que hay tres trabajadores del subte de la línea B afectados por asbesto.

Según explicaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (Agtsyp) se trata de empleados de los talleres a los que les diagnosticaron placas pleurales, es decir, un engrosamiento de la pleural producido por la exposición al material contaminante, cuya presencia en los subtes porteños vienen denunciando hace casi dos años los metrodelegados. También contaron que en forma verbal, la empresa elevó el número de afectados a cinco, aunque sospechan que hay muchos más, ya que faltan analizar 300 trabajadores de tráfico de la B y la totalidad de empleados de las otras líneas.
La comunicación "Plan de eliminación de amianto en la Línea B", de la gerencia de Recursos Humanos de Metrovías, sostiene, a contramano de lo que denuncia el gremio, que el "el riesgo para la salud está circunscripto a los talleres durante la manipulación y pulido de las piezas que contienen amianto". Y explica que en el marco del plan de Vigilancia de la Salud que desarrolla junto con la ART, se realizaron "exámenes neumonológicos en el Hospital Británico", en el que se encontraron en tres personas "hallazgos vinculables a la exposición de asbesto, en todos los casos sin síntomas".

Al respecto, el sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, dijo que hablar de que "no tienen síntomas" es querer bajarle el tono a un hecho "muy grave". "La exposición a las fibras de amianto causa enfermedades que afectan la pleura, como el mesotieloma, que es un cáncer, o la asbestosis, una fibrosis pulmonar. Y la aparición de engrosamiento pleural, en ausencia de otra enfermedad, es grave".

El secretario general de Agtsyp, Roberto Pianelli, consultado por este diario, dijo que tras las sucesivas denuncias del gremio "la ART incorporó a los trabajadores de los talleres de la línea B, y a los conductores y guardas, en el Registro de Agentes de Riesgos (RAR). Ese agente es el amianto. Y se los mandó a hacer estudios específicos para detectar si les produjo algún tipo de enfermedad: espirometría, placa de tórax y, luego de la lectura de los resultados por especialistas, cuando ven algún indicio, una tomografía computarizada".

Los casos que dan positivo se consideran una enfermedad profesional derivada de la inhalación de las fibras de amianto, que pueden producir diversos grados de patología: placas pleurales, asbestosis o cáncer de pulmón, con una latencia de entre 15 y 20 años. Por esta razón, los trabajadores deberán continuar haciéndose estudios aun después de jubilarse.

Los empleados que se sometieron a estudios médicos pertenecen a los talleres de Rancagua y Villa Urquiza, donde trabajan alrededor de 160 personas. Aún restan analizar, entre conductores y guardas, unos 300 trabajadores de la B, la más complicada por la presencia de amianto. Aunque los estudios que hicieron los metrodelegados de forma unilateral con la Universidad del Sur, detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la D.

En la línea B, que une Juan Manuel de Rosas y Leandro Alem, tras la salida de circulación a mediados del año pasado de los CAF 5000, comprados con amianto a España, las fibras contaminantes se encuentran en la flota Mitsubishi, como lo reconoce detalladamente el Programa de gestión de asbesto de Metrovias, un documento fechado el 30 de julio, al que accedió Página/12.
En esa nota dirigida a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), la empresa presenta un cronograma para reemplazar antes de fin de año todas las partes comprometidos por el asbesto en las formaciones Mitsubishi, y las enumera: estufa de cabina, techo de cabina, tapas totales de la flota, aislador de resistencia de tracción y freno, compresor, contactor, gabinete contactor de luces, caja interruptor principal, entre otros.

En tanto un comunicado de la empresa fechado este miércoles, en el que no hacen referencia a los empleados afectados hasta el momento, señala que "la detección resultó positiva en un 50% de los elementos analizados", y que está en curso el proceso de desasbestización. Al mismo tiempo aseguraron que "se realizaron tomas de muestra y análisis de calidad del aire" en los talleres y "dosimetrías al personal para medir la presencia de asbesto". Y "en todos los casos los valores obtenidos fueron muy inferiores a los admitidos por la normativa y similares a los que se obtienen en la vía pública".

Por su parte, los metrodelegados exigen que se incorpore a todos los trabajadores al RAR para garantizar que se les realizaran los controles de salud a lo largo de la vida; que se concrete la contratación por parte de la empresa del lavadero industrial para el lavado de la ropa de los trabajadores, que ya no pueden llevarse las prendas contaminadas a su casa por el riesgo de enfermar a sus familiares. Y que se llame a una licitación para comprar unidades que reemplacen a los Mitsubishi, como se hizo con los CAF 5000, porque, según explicaron, el plan para desamiantizar las formaciones es inviable. "Los trenes están recubiertos con amianto porque en Japón los coches circulaban también en la superficie, y por la nieve, lo ponían como aislante".

“Así la investigación científica se vuelve inviable”

Página12 — 2019-01-22T15:02:16Z

El Grupo Ciencia y Técnica Argentina definió como “desastrosa” la gestión del Gobierno en el sector, advirtió sobre la parálisis del Conicet y la Agencia de Promoción, y consideró que la unidad opositora es “necesaria para salvar al sistema científico”.

Las alarmas sobre la agonía de la ciencia, la tecnología y la investigación no cesan de sonar. En esta ocasión, investigadoras e investigadores que conforman el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) presentaron un crítico diagnóstico sobre la situación de desfinanciamiento que atraviesa el sistema científico nacional y convocaron a “la comunidad científica y a toda la ciudadanía” a construir “la unidad opositora para derrotar al macrismo” en las elecciones de 2019, lo que consideran “necesario para salvar al sistema científico”. El documento elaborado por el Grupo CyTA advierte que tanto el Conicet como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt) sufren una “parálisis”, y brega por una serie de medidas de “carácter urgente”, entre las que figuran aumentos de salarios para investigadores y becarios, y la duplicación del presupuesto destinado al sector, para lograr su supervivencia.

El Grupo CyTA está integrado por reconocidos investigadores como Adrián Paenza, Alberto Kornblihtt, Noé Jitrik, Dora Barrancos, Ana Franchi, Juan Pablo Paz, Luis Alberto Quevedo, Sandra Carli, Andrea Gamarnik, Andrés Kreiner, Diego Hurtado y Diego Tatian, entre otros. En el documento difundido ayer plantearon que la crisis de la ciencia y la tecnología nacional se inscribe en un “escenario de ajuste y achicamiento continuo del Estado”. “Ajuste para los que vivimos de un sueldo, ajuste para las Pymes, ajuste para la ciencia y fructíferos negocios para bancos, exportadores agropecuarios, multinacionales mineras y petroleras y miembros, amigos y familiares del poder político”, enumeraron al denunciar un combo integrado por elementos como la “destrucción planificada de la educación pública estatal argentina”, reducción presupuestaria y “embestida” en contra de la Ley de Educación Sexual Integral incluidas; la crisis productiva generada por la “retracción en el consumo impuesta por la política económica del FMI, los precios abusivos de la energía y la falta de crédito” lo que empujó a numerosas pymes al cierre”; los efectos que el aumento de tarifas también imprime en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras; el “inmanejable endeudamiento al que Cambiemos y sus socios menores han arrojado” al país y la represión policial, la existencia de presos políticos, el gatillo fácil y la persecución a opositores políticos por parte del Poder Judicial como “soporte necesario” de tal ajuste.

En ese marco, la cancelación de proyectos científico tecnológicos y el cierre del Ministerio de Ciencia como pasos de ese proceso “no nos extraña”, remarcaron. Recordaron que vieron este escenario a principios de la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia, aún “cuando una parte importante de la comunidad científica depositaba esperanzas en que la continuidad del (ex) ministro (Lino) Barañao”: “Un gobierno que promovía la reprimarización de la economía, la desprotección de la industria, el endeudamiento externo y la bicicleta financiera no necesitaba de la ciencia y de la tecnología nacionales”, señalaron. Tanto a Barañao como al presidente del Conicet, Alejandro Cecatto, los consideraron responsables por la crisis y reclamaron sus renuncias, aunque admitieron que “no resolverían nada por sí solas”.

“La gestión del actual gobierno en el campo de la ciencia y la tecnología es tan desastrosa que ha recibido un repudio casi unánime y ha dado lugar a declaraciones que no reconocen alineamientos partidarios”, sostuvieron y, en ese punto, inscribieron su convocatoria en la construcción de una “unidad opositora” para “derrotar” en las próximas elecciones “al proyecto neoliberal encarnado en Cambiemos. Sólo de ese modo, podremos retomar el camino del crecimiento de nuestro país y de su sector científico y tecnológico”, postularon en el texto también firmado por Eduardo Dvorkin, Emmanuel Alvarez Agis, Carolina Mera, Daniel Filmus, Federico Robledo, Félix Requejo, Fernanda Beigel, Graciela Morgade, Hugo Aimar, Jorge Geffner, José Paruelo, Marcelo Ruiz, Marcos Vaira, Marisa Herrera, Mirta Susana Iriondo, Osvaldo Uchitel, Pablo Núñez, Raquel Chan, Roberto Salvarezza y Rolando González-José.

El Grupo CyTA indicó que “la crisis institucional y de financiamiento” mantiene al Conicet y a la Anpcyt en un estado de “parálisis”, con reducción de presupuestos que redundaron en el abandono del financiamiento de congresos y encuentros científicas y la suspensión en el pago de proyectos; la pérdida del poder adquisitivo en el salario de los trabajadoras y trabajadores de esos espacios, la reducción de número de becas, la intervención de estructuras directivas. “En estas condiciones, la investigación científica en Argentina se vuelve inviable”, denunciaron.

Para “salvar” esas instituciones, propusieron el “inmediato aumento de salarios para investigadores, becarios y becarias, personal de apoyo y de administración del Conicet” con montos no inferiores al 25 por ciento –porcentaje de poder adquisitivo que, según los registros oficiales han perdido–, la “duplicación del presupuesto” tanto del Conicet como de la Anpcyt, el “aumento del número de vacantes para el concurso de ingresos a la carrera de investigador actualmente en curso y la inmediata convocatoria al concurso de ingresos para 2018, que no fue abierta y el “cese de la intervención del Ministerio de Modernización en el ámbito del Conicet”.

También observaron que es urgente trabajar por la “regularización de todos los contratos” de los espacios y la “inmediata normalización del Directorio del Conicet, el fin de la discriminación política en su seno”. En ese sentido, exigieron que Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny, elegidos por la comunidad científica en mayo pasado como representantes de las grandes áreas del conocimiento, sean designados por el Ejecutivo en el directorio del Conicet.

Fuente: Página/12

El aumento retroactivo hace "insostenible la producción"

Página12 — 2018-10-10T15:14:58Z

La Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines advirtió que la compensación de 10 mil millones de pesos a las distribuidoras, que el Ejecutivo decretó cobrar en cuotas, “tiene un impacto no sólo en el presupuesto familiar sino también en los comercios, las empresas y las industrias”.

FeTIA cuestionó el aumento retroactivo que dispuso el Gobierno en las tarifas de gas por considerar que vuelve “insostenible” el desarrollo del modelo productivo y de calidad, además de que conduce al cierre de plantas y comercios.

“Los empresarios y productores deben reaccionar porque esto va a llevar a que se cierren plantas y comercios. Estos costos hacen insostenible el manejo de cualquier actividad económica. Y los consumidores también deben reaccionar porque estas decisiones políticas afectan el bolsillo de una manera muy significativa.”, manifestó en un comunicado el secretario general del sindicato, Pedro Wasiejko.

Wasiejko agregó que "además del aumento de los costos fijos (incluido el incremento del 1700 por ciento del gas desde 2015) y la marcada reducción de la actividad, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores lleva a una caída de ventas que se traduce en suspensiones y despidos. Si a esto se suma la política del Banco Central de incremento de la tasa de referencia al 74 por ciento, el modelo productivo hoy en el país es insostenible”, puntualizó.

En el texto publicado en la web del sindicato y en su página de Facebook, FeTIA explicó que la caída del poder adquisitivo afecta no sólo a los trabajadores sino también, “y en forma directa, al mercado interno”, luego de resaltar que la incidencia del gas era de un 1 por ciento en los ingresos de trabajadores registrados, pero que ahora “no es menor al 10 por ciento”. “Y si sumamos además el incremento en el transporte, la electricidad, el agua, se destinan al pago de los servicios alrededor del 25 por ciento de los ingresos”, amplió.

Tras la defensa de la iniciativa oficial hecha no solo por el secretario de Energía, Javier Iguacel, sino también por el propio presidente Mauricio Macri, que ya fue denunciada por el Cepis y por el fiscal Guillermo Marijuan, FeTIA insistió en que "la dolarización de las tarifas es una decisión política del actual gobierno, que tiene como único objetivo beneficiar a las empresas concesionarias y no tiene en cuenta el interés de los consumidores y mucho menos del país. Los costos son clave para el desarrollo de un modelo basado en la productividad y en la calidad”, aclaró.

Wasiejko subrayó también las diferencias ente las políticas aplicadas aquí y en Estados Unidos, donde se logró una reducción del costo de producción de la energía superior al 35 por ciento promedio, que promovió un modelo de desarrollo productivo. “En la Argentina, en cambio, el gobierno de Mauricio Macri subsidia al Grupo Techint en Vaca Muerta, que provee el gas a un valor muy superior al costo de extracción, dándole a la empresa una rentabilidad excepcional”, denunció.

Por último, el dirigente anunció que la Federación reclamará la reapertura de las paritarias no solo por la inflación sino por "la incidencia de los servicios en los ingresos” de los trabajadores.

Imagen: Sergio Goya