Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

"Un estado planificador y el mercado interno como motor"

Raul Dellatorre — 2020-09-13T14:58:21Z

Esta semana saldrá a jugar una "alianza del trabajo y la producción nacional" Que reclama participar del Consejo Económico. "Dejamos la etapa defensiva y pasamos a otra propositiva", avisan. Fuerte diferenciación de las posturas neoliberales y corporativas.

Un nutrido grupo de entidades empresarias pymes, organizaciones sindicales agrupadas en torno a la CTA y a la Corriente Federal (CGT), cooperativas de trabajadores, entidades agrarias y otros movimientos sociales lanzarán en los próximos días una declaración con definiciones de política económica que esperan poder desplegar en una mesa de discusión con el gobierno y otras organizaciones políticas, económicas y sociales. "Nos proponemos ser protagonistas en el Consejo Económico y Social anunciado por el presidente Alberto Fernández", dice explícitamente el documento que se dará a conocer en estos días con la firma de, hasta ahora, 23 organizaciones. CTA de los Trabajadores y CFT de la CGT por el lado sindical, 12 entidades que participan del Movimiento Nacional de Unidad Pyme (MNUP) y Cgera en el frente empresario, 4 entidades del sector cooperativo y otras 4 ligadas al movimiento agrario impulsan un pronunciamiento que va mucho más allá de simples reclamos sectoriales.

"Buscamos lograr una unidad lo más amplia posible, para dejar de estar a la defensiva y pasar a una etapa propositiva", dice la carta de presentación de un borrador que ya circula como documento final de las "Coincidencias básicas" entre las organizaciones mencionadas.

"Hemos iniciado un diálogo constructivo en la búsqueda de acuerdos de principios y formas de implementar acciones que permitan construir una Alianza Estratégica entre el Trabajo y la Producción Nacional, en vista a la pospandemia y la necesidad de recomponer el aparato productivo nacional", sostiene el escrito. No expresa planteos en contra de nadie, pero está claro en el desarrollo de los 16 puntos que sintetizan la propuesta, que se diferencian de las políticas neoliberales y de otros proyectos que hacen eje en la exportación agroindustrial como motor principal de salida de la crisis.

El protagonismo del Estado en la orientación, regulación y planificación de la economía; la recomposición de salarios, de jubilaciones y del mercado interno como motor de la recuperación económica; el rechazo a cualquier forma de condicionamiento del FMI y el apoyo a la sanción del impuesto a la riqueza, son algunas de las definiciones de este sector que lo colocan en un andarivel diferente al de las propuestas hasta ahora conocidas, como por ejemplo las del Consejo Agroindustrial Argentino o la Unión Industrial Argentina.

Las propuestas, planteadas en el documento como "una síntesis de las coincidencias surgidas de nuestros debates, que sirven como punto de partida de este proceso de unidad que se está construyendo", son las siguientes:

Rol del Estado y sus recursos: Concebimos un Estado activo, presente en la orientación, regulación y planificación de la actividad económica y la atención de las necesidades sociales, con una clara orientación en busca de revertir la injusta distribución de recursos e ingresos de nuestra población.

Mercado Interno: Es necesaria su rápida recomposición como motor de desarrollo de la economía nacional.

Salarios y jubilaciones: Recomposición de su poder de compra y la determinación de un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la canasta familiar.

Aporte extraordinario y solidario: apoyo a su sanción ante la emergencia por el COVID-19. A su vez se hace necesaria una Reforma Impositiva, con impuestos progresivos, buscando que las cargas tributarias sean mayores para sectores y personas con mayor capacidad contributiva.

Inflación: sus causas son estructurales y múltiples; no pueden ser simplificadas con explicaciones monetaristas o de ajuste fiscal en el grave marco recesivo actual.

Sistema financiero: modificaciones de fondo que reviertan el proceso especulativo creciente creado desde la dictadura militar que se ahondó en últimos años. Entendemos necesaria una Reforma Financiera, que ponga al Sistema Financiero al servicio de la Producción.

Comercio Exterior: necesidad de dar impulso a exportaciones con mayor valor agregado y apoyar la sustitución de importaciones. Planteamos el ingreso obligatorio de divisas de las ventas al exterior, el control estricto de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, movimientos especulativos y fugas de capitales.

Política cambiaria: Solo con devaluaciones cambiarias no se evitará la escasez de divisas y se ahondará la crisis estructural social y económica del país. Promover el ahorro en moneda nacional en busca de la inhibición paulatina del sistema bimonetario que tanto daño genera.

Federalizar la producción: favorecer la industrialización de la materia prima en el territorio en que se produce.

Energía: Desdolarización de las tarifas y la provisión necesaria de gas, luz, agua y combustibles, considerados servicios públicos esenciales.

Producción sustentable con el medio ambiente: uso eficiente y racional de los recursos naturales y la energía. Cuidar que los procesos industriales no dañen el entorno y que permitan generar empleos con justas remuneraciones y buenas condiciones laborales.

Producción con rostro humano: el modelo de desarrollo agropecuario tieneque ver con el uso y tenencia de la tierra. Necesitamos una política agraria que grave impositivamente al latifundio y acabe con la integración vertical de las empresas monopólicas agroalimentarias, que promueva la agroecológica y la chacra mixta.

Arraigo rural con movilidad social ascendente: desarrollar federalmente cada localidad del país, no solo desde el punto de vista productivista sino desde la integridad social organizada.

Producción Agroalimentaria: reconstruir el modelo de producción federal e inclusvo, en el cual se revierta el desarrollo desigual que la “Patria Cerealera” generó.

Alimentación y divisas: Es posible asegurar la comida para cada argentina y argentino y generar las divisas necesarias para el desarrollo de una Argentina de Pie, promoviendo la producción agroalimentaria extra-pampeana y logrando un saldo exportable en las zonas de mayor producción

El extendido entramado de organizaciones empresarias firmantes, además de las ya mencionadas, incluye a Apyme, ENAC, CEEN, Consejo Productivo, Frente Productivo, MEJ, RIEL, Fundacion Pro Tejer, IPA, Comercios Activos, Agrupacion Gelbard y Pymes Sur. Por el movimiento cooperativo, Conarcoop, Fecootra, CNCT y Facta. Mientras que desde el sector agrario adhirieron Grito de Alcorta, Centro de Estudios Agrarios, CANPO y AMRAF.

Foto: Télam.

Del taller clandestino a la gran vidriera

Raul Dellatorre — 2015-05-07T20:09:00Z

Cómo es la estructura del negocio más rentable y vergonzoso, que funciona en la ciudad más rica del país y que esta semana se cobró la vida de dos criaturas. Dos mil talleres clandestinos con 20 mil costureros sometidos a condiciones infrahumanas.

La entrada que corresponde a la propiedad de Páez 2796 está tapiada. Da a un local de esquina, con persianas permanentemente cerradas sobre la ochava y un ventanal sobre la misma calle. Junto a la puerta tapiada, hay otra que sí permite acceder.

En la misma manzana, o calle mediante, funcionarían al menos otros tres talleres clandestinos, según diversas denuncias, como el que existía en la esquina de Páez y Terrada hasta que un incendio, el último lunes, terminó con la actividad ilegal y con la vida de dos criaturas hacinadas en el lugar, Orlando y Rodrigo Camacho. A un par de cuadras, señala otro denunciante, existe un enorme depósito en el que por las madrugadas ingresan camiones y descargan containers con los rollos de tela que luego serán utilizados en los talleres circundantes.

A pocos metros, los vecinos vieron descender de vehículos de carga e ingresar gigantescos lavarropas industriales. A los pocos días, empezaron a notar la pérdida de presión de agua en sus domicilios, lo que los obligó a instalar bombas para poder seguir teniendo agua disponible.

Así como en esta zona del barrio de Flores, ubicada a no más de tres cuadras del cruce de las avenidas Gaona y Nazca, existen centenares de instalaciones clandestinas en la ciudad de Buenos Aires que realizan tareas de lavado, corte y costura de prendas que suelen llegar al comercio con la etiqueta de las principales marcas del rubro. Detrás de esos muros, se mantiene a gente hacinada, explotada, mal alimentada y mal paga, sometida a condiciones de encierro y esclavitud para realizar su “trabajo” sin la menor existencia o respeto a derecho alguno. Esta figura delictiva tiene un nombre legal: “trata de personas con fines de explotación laboral”, o bien “reducción a servidumbre”.

La masividad del fenómeno tiene dos explicaciones básicas: el abuso de grandes empresas para “reducir costos de producción” (eufemismo para explicar lo que en realidad es explotación salvaje) y la ineptitud de las autoridades (en este caso, el Gobierno de la Ciudad) para perseguir a los responsables e impedirlo.

El mecanismo de los talleres de costura clandestino no es nuevo, aunque con el tiempo parece haberse “perfeccionado”, según refieren distintos actores que siguen el tema. Explican que el manejo operativo del negocio se ha ido concentrando para hacerlo “más funcional” a los intereses que están por encima.

“Ya en la época de Aníbal Ibarra se conocía la existencia de estos talleres de costura clandestinos”, relata Edgardo Castro, inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, que viene dando pelea por terminar con la impunidad en la actividad. “Hubo una primera oleada de explotación a trabajadores bolivianos, que eran reclutados en su país y traídos engañados para terminar haciendo trabajo esclavo en estos talleres, usualmente a las órdenes de personas de origen coreano”, relata Castro, quien ya en ese período (2000 a 2006) se ocupaba de este tipo de inspecciones. “Los talleres estaban equipados con máquinas que provenían, generalmente, de fábricas textiles desmanteladas en los '90”, agrega. Adquiridas en remate, terminaron completando el ciclo perverso: de la desindustrialización del país a la explotación salvaje de la mano de obra.

En esos años iniciales del siglo se desarrolló una tarea de control que derivó, en algunos casos, en la legalización de las instalaciones o en su clausura. Varios de los que corrieron este último destino, se sabe, terminaron desplazándose hacia la provincia de Buenos Aires para seguir en la actividad clandestina. Pero se sospecha que el ciclo de cierre de talleres y apertura de otros en similares condiciones de ilegalidad jamás se interrumpió. La primera novedad estuvo dada por la sustitución de los ex “responsables” del manejo de esos talleres, antes coreanos, por nuevos operadores en el mismo servicio, pero de origen boliviano. Es decir, bolivianos que ahora explotan a personas de su mismo origen.
El nuevo orden

Con el cambio de mando en la Ciudad y la llegada del macrismo, la novedad “verificable”, según subraya Edgardo Castro, fue el relajamiento de los controles. Menos inspectores en la calle, menos acciones judiciales para impulsar los allanamientos y, en consecuencia, menos cierre de talleres clandestinos.

Distintas fuentes consultadas –algunas vinculadas a la asociación La Alameda, principal denunciante de esta forma de explotación en la Ciudad– coincidieron en que, junto a la menor presencia del control del Estado, también cambió la modalidad de organización del trabajo. Unos hablan de “una organización más concentrada” de los centenares de talleres de costura que existen en la ciudad (se llega a afirmar que suman entre dos mil y tres mil). Otros mencionan una “protección coordinada” entre distintas organizaciones que manejan, cada una, varios locales clandestinos. Pero lo que surge más claro es que no hay competencia entre los distintos grupos de talleres, cada uno a cargo de un referente o “capanga” (así los llaman en la jerga interna), sino que hay coordinación entre las tareas que cumplen. Es decir, se ponen de acuerdo o “no se pisan” respecto a qué parte del mercado abastece cada uno.

La costura es la última etapa de fabricación de la prenda. Es decir, del taller clandestino sale la prenda terminada. Usualmente, al establecimiento llegan los cortes de tela ya lavados y teñidos para su confección final. Entre las distintas etapas, la del costurero es la que requiere de mayor trabajo manual. De allí que importe tanto, para bajar los costos, que esta tarea se haga de manera irregular, sin respetar derechos del trabajador, salarios mínimos, de aportes patronales, de condiciones del lugar de tareas y, muchos menos, de higiene y seguridad.
Cadena de encubrimiento

La Alameda ha denunciado que por lo menos 130 marcas, entre las más conocidas de ropa de confección, utilizan los talleres clandestinos para abaratar su cadena de producción. Pero lo que afirman en la actividad es que esta relación nunca es directa: la marca líder contrata la confección con una empresa intermediaria que es, a su vez, la que encarga el trabajo a los talleres clndestinos. “La empresa tercerizada es la que le factura a la gran empresa de ropa de marca como si hiciera el trabajo por sí misma: es la que compra la tela, encarga su lavado, teñido, puede que haga por sí misma los cortes, y después lo manda a costura al taller. Si la prenda sale de costo total 100 pesos, seguro que al trabajador que la cosió no le dieron más de 3 pesos por prenda. Y a la vidriera del shopping puede llegar a 1000 o 1500 pesos”, describió Ezequiel Conde, delegado de una gran empresa del rubro a la cual denunció ante los tribunales por estas prácticas, pero sin llegar a conmover al magistrado. Estas firmas “tercerizadas” serían, en este esquema, la clave del circuito, en tanto “legalizan” el proceso de producción.

La mayor concentración de estos talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires se da en los barrios de Flores, Floresta y un poco más al sudoeste, incluida una zona de asentamientos. La zona coincide con el lugar en que fueron asentándose la comunidad coreana primero, y la boliviana después. El reclamo de justicia no pasa por discriminar a estos trabajadores inmigrantes, subrayan los denunciantes, sino por defender sus derechos contra una explotación salvaje a la que se los somete, por puro beneficio económico para un puñado de empresas. Tanto el taller clandestino de Páez al 2700, como otras decenas de domicilios de localización de instalaciones similares, fueron denunciados en diversas oportunidades por las organizaciones que siguen estos casos, como la que conduce Gustavo Vera. Pero en forma igualmente reiterada, tanto la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, a cargo de Ezequiel Sabor, como la Dirección General de Protección del Trabajo, que conduce Fernando Macchi, se justifican señalando que no tienen elementos para proceder. En el caso del taller siniestrado el lunes, que les costó la vida a dos chicos hijos de inmigrantes bolivianos, su existencia estaba denunciada por “trata de personas” en septiembre de 2014.

La respuesta de la subsecretaría, en noviembre último, fue que la repartición “no registra inspecciones” hechas en ese domicilio. Por lo tanto, desconocía si existía o no trata de personas con fines de explotación laboral. Tampoco mandó inspecciones con posterioridad para verificarlo. Ante la inoperancia oficial, esta semana, fue la catástrofe la que derribó la puerta.