Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina

Mediante el Decreto 144/2022, el Presidente de la Nación reglamentó hoy el artículo 179 de la Ley 20.744 (Contrato de Trabajo)

Yamile Socolovsky (*) — 2022-03-23T17:02:48Z

Con el antecedente jurisprudencial del fallo de la Corte Suprema de la Nación de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el cual se condenó al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar en el plazo de 90 días el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo en lo relativo a salas maternales y guarderías para niñes, y contemplando lo dispuesto en la normativa internacional adoptada por nuestro país en materia de derechos humanos, igualdad de género y derechos de les niñes, el decreto se convierte en un hecho histórico para las trabajadoras y trabajadores que ejercen tareas de cuidado.

La reglamentación, que se volverá exigible en el término de un año desde el día de hoy y de no cumplirse será considerada una infracción laboral muy grave, contempla que en los establecimientos de trabajo donde presten tareas CIEN (100) personas o más (sin distinción de género, conforme lo establecen las normas internacionales), independientemente de las modalidades de contratación (concepción amplia del cómputo de trabajadores), se deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre CUARENTA Y CINCO (45) días y TRES (3) años de edad, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo.

La obligación de contar con los espacios de cuidados por parte de los empleadores podrá ser remplazada por el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, debidamente documentados, la cual no podrá ser inferior a una suma equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del salario mensual correspondiente a la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del Personal con retiro del régimen previsto en la Ley N° 26.844, o al monto efectivamente gastado en caso de que este sea menor.

Esta reglamentación constituye un avance histórico en el camino hacia una política integral de cuidados en nuestro país, en tanto el Estado comienza a reconocer el cuidado como una necesidad y por tanto, como un derecho. El avance hacia servicios de cuidado que valoricen, retribuyan y remuneren las tareas de cuidado es una deuda con las trabajadoras y los trabajadores que en nuestro país, data de por lo menos 48 años, desde la sanción de la Ley 20.744.

(*) Secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA de les Trabajadorxs.

Carta abierta a la Presidenta de la FUA

Yamile Socolovsky (*) — 2017-03-02T19:28:53Z

Fuente: http://conadu.org.ar

Días atrás, la dirigente de la Franja Morada y Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, publicó en las redes sociales una Carta Abierta que fue reproducida por el diario Clarín, dirigida a Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA). Como sindicato mayoritario en la representación de la docencia universitaria, consideramos necesario desde CONADU puntualizar algunas cuestiones.

En primer lugar, el estilo epistolar constituye en sí mismo un recurso retórico que, al dirigirse a una persona en particular para esgrimir una serie de cuestionamientos al paro nacional docente convocado para los días 6 y 7 de marzo, responsabiliza por las medidas de fuerza a uno solo de los sindicatos que constituyen el Frente Educativo que ha tomado esa decisión, y que incluye a la totalidad de las organizaciones del sector. En un contexto en el que se despliega una intensa campaña de desacreditación de las organizaciones sindicales combativas y de su dirigencia, asumiendo que la Presidenta de la FUA difícilmente desconozca las gravísimas amenazas que han recibido el compañero Baradel y su familia, y a minutos de haber escuchado al propio Presidente de la Nación señalar, en su discurso de apertura de sesiones legislativas, que no cree “que Baradel necesite que nadie lo cuide”, este direccionamiento de la misiva torna aún más escandalosa la ausencia de cualquier expresión de preocupación por una situación cuya gravedad ninguna ciudadana con un mínimo de responsabilidad democrática debería minimizar.

Antes de enunciar su planteo crítico, la Presidenta de la FUA se sitúa a si misma en una posición que – como otro recurso retórico facilitado por el formato de la “carta” – pretendería tal vez otorgar alguna legitimidad adicional a sus palabras: ella es hija de la educación pública, sus hermanos asisten a la escuela pública. Como graduada de una de las Universidades Nacionales, debería saber que el esfuerzo y dedicación de las familias tiene, y debe tener, como correlato la existencia de un sistema educativo público sustentado en políticas que aseguren su adecuado funcionamiento. No es verdad que “los gobiernos han pasado y la educación pública no ha sido una prioridad”, afirmación universalizadora que cubre con un mismo manto a todos los gobiernos que, por elección o por imposición, ha tenido nuestro país. Aseveración teñida, además, de un malicioso prejuicio antipolítico, pero que no resiste una confrontación con datos objetivos. Sería importante que la Presidenta de la FUA tome conocimiento de que la Universidad en la que estudió, como todas en la Argentina, es gratuita por la decisión política adoptada por un gobierno en el año 1949. Sería interesante también, aunque paradójico, que tuviera oportunidad de reflexionar sobre el rol que desempeñaron los sindicatos, incluso apelando al derecho de huelga, y acompañados por un movimiento estudiantil que difícilmente se sentiría representado en su Carta, en la defensa de ese sistema público y su gratuidad, justamente cuando otros gobiernos intentaron cerrar las puertas de las universidades a los hijos e hijas de los trabajadores.

Pero sería aún más relevante, quizás urgente, que la Presidenta de la FUA revise los datos históricos del presupuesto educativo y universitario, que muestran que la educación pública sí ha sido una prioridad en años recientes, y que ha dejado de serlo precisamente a partir de que la Alianza Cambiemos, de la que su partido forma parte, se hizo cargo de la conducción del gobierno nacional. Los datos, extraídos de las propias páginas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación, demuestran por primera vez, luego de más de una década de crecimiento sostenido de la inversión presupuestaria en educación, universidad, ciencia y tecnología, se ha producido un retroceso de la participación de ese “gasto” en el PBI.

El argumento de la Presidenta de la FUA, sinuoso, parece por una parte reivindicar la educación pública y el rol docente, e incluso exigir que los sindicatos reclamen mucho más que una recomposición salarial que compense la inflación, para demandar “sueldos dignos que jerarquicen la función social del/la docente” y políticas de capacitación, debate sobre los contenidos curriculares, etc. Sin embargo, no se priva, al hacerlo, de encabezar su llamado con una aseveración a priori descalificatoria de cualquier intervención sindical: “…esta situación me huele más a oportunismo típico de año electoral, que a una auténtica lucha gremial”. Pongamos en conocimiento de la Presidenta de la FUA algunas cosas más, que tal vez la obliguen a buscar fundamentos más sólidos que su olfato (que, como se sabe, sólo remite a una percepción subjetiva, privada y fatalmente imposible de contrastar). Ninguno de los sindicatos docentes, ni de la educación básica, ni de la universidad, está reclamando sólo una compensación por la inflación. Es el gobierno el que insiste en poner la negociación en este plano, y, peor aún, en un nivel aún inferior, al no reconocer la pérdida de poder adquisitivo que ya se produjo en el año 2016, y al anticipar un “techo” para las paritarias, que no responde siquiera a las estimaciones inflacionarias de sus consultoras afines.

La cuestión salarial, por otra parte, no ha sido nunca excluyente de otras demandas que los sindicatos procuramos resolver en la instancia de la negociación colectiva, entre ellas, la política de formación y actualización de la docencia. Vale recordar, además, que la paritaria fue el marco en el que las representaciones sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional pudimos acordar el primer Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria, luego homologado por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un logro que fuera denostado por la agrupación que integra la Presidenta de la FUA, pero que fue valorado por trabajadoras y trabajadores como un paso fundamental para el reconocimiento de nuestros derechos laborales, la jerarquización de la tarea docente, y la democratización de las universidades.

Pero volviendo de las polémicas pendientes al punto en cuestión, es innegable que si en años recientes pudo avanzarse en el señalamiento de la necesidad de políticas para el mejoramiento de la enseñanza, fue justamente a través de la negociación colectiva. Que ese avance fue importante pero insuficiente, es una realidad que nunca hemos dejado de plantear; pero que ese proceso se paralice, es responsabilidad de las autoridades actuales, que han tomado decisiones que claramente implican el desguace de un conjunto de instrumentos de política pública que estaban orientados a sustentar mejoras cualitativas en el desarrollo de un sistema educativo centrado en la afirmación del derecho a la educación en todos sus niveles.

Hubiera sido destacable, en este sentido, leer una Carta abierta de la Presidenta de la FUA expresando alguna preocupación por la desarticulación de los programas socio-educativos en el nivel de la educación obligatoria. Hubiera sido fundamental, además, que intentara interpretar – con su olfato o, mejor, con su capacidad de reflexión crítica – el sentido del desfinanciamiento producido en 2016 en las universidades nacionales, que mantuvo durante todo el ejercicio una subejecución selectiva sobre los programas de desarrollo universitario que, en los años en los que debe haber cursado sus estudios, y como resultado de una política que priorizó entre otras cosas importantes la educación pública, permitieron que muchos hijos e hijas de la clase trabajadora, en todo el país, accedieran a la formación universitaria.

Finalmente, hay otro elemento decisivo que la Carta ignora, aunque la dirigente gremial estudiantil no podría desconocerlo. Los sindicatos docentes van a la huelga, y todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector educativo estamos convocando a movilizarnos el día 6 de marzo, porque el gobierno nacional decidió no convocar a la Paritaria Nacional Docente. No se puede hablar de la necesidad y la importancia del diálogo y, al mismo tiempo, negar el único ámbito institucional en el que ese diálogo podría producirse. ¿Cómo piensa la Presidenta de la FUA que se podría “exhortar al gobierno” a “generar políticas que realmente pongan a la educación en primera plana (sic)”? No se puede alegar voluntad de diálogo, y descalificar a la representación legítima del colectivo cuyos derechos se ven afectados cuando se toman decisiones unilaterales y carentes de justificación. La huelga es un derecho constitucional y democrático. La movilización y la libertad de asociación, también. Con estas herramientas hemos logrado mejores sueldos, mejores escuelas, mejores universidades. Con ellas hemos defendido la educación pública de la que usted ha disfrutado, y que todos y todas merecen disfrutar. Con ellas seguiremos luchando.

*Yamile Socolovsky

Directora del Instituto de Estudios y Capacitación IEC-CONADU

Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU

El martes 8 de Septiembre el Compañero Dr. Laurent Vogel fue recibido en CTA NACIONAL

Yamile Socolovsky (*) — 2015-09-14T20:53:10Z

La CTA de los Trabajadores, a través de las Secretarías de Formación e Investigación, y de Salud Laboral, recibió la visita del Dr. Laurent Vogel, jurista belga, estudioso y conocedor de los temas de Salud Laboral en las organizaciones sindicales de Europa y Latinoamérica. Laurent Vogel es profesor en la Universidad Libre de Bruselas e investigador del Instituto Sindical Europeo.

En un marco de franca camaradería, integrantes de distintos sindicatos de la Central (APA, FOETRA, SUTEBA, SUBTE, FETIA, UTE, ATECH, CONADU, CTERA, FEDUBA) y de las Secretarias de Discapacidad, Género, Relaciones Internacionales y Gremial, intercambiaron con el compañero Vogel el análisis de las experiencias europeas y latinoamericanas en general, y de Argentina en particular.
Varios fueron los temas abordados en relación a la Salud Laboral: género, discapacidad, riesgo químico y salud mental. Si bien se señaló preocupación por la ausencia de una Ley Nacional de Participación de los trabajadores en Salud y Seguridad en el Trabajo, el compañero Vogel, entusiasta de la temática, destacó que encontró en nuestro país un escenario político y sindical que, desde su ultima visita en el 2003, presenta un signo distinto y favorable para avanzar en esta materia. En este sentido, remarcó que la apertura de las discusiones paritarias en mas de 1000 convenios, las actividades de Formación y Capacitación en la mayoría de los sindicatos, y las decisiones políticas adecuadas, permitirán tener la correlación de fuerzas necesarias para que el tema de Salud Laboral y Participación de los Trabajadores esté en la agenda de política publica.
En la conversación, se destacó la potencia de las cuestiones de salud laboral para movilizar la base de la organización sindical, y para fortalecer una perspectiva que coloca la demanda por mejoras en las condiciones de trabajo en el marco más amplio del debate del modelo productivo. En estos términos, la temática de la salud laboral resulta clave en la construcción de un sindicalismo más democrático y, a la vez, más politizado. Vogel observó que el debate permanente que caracteriza a nuestro movimiento sindical es la base fundamental para lograr trabajo humano y empleo seguro.